Interior dice al juez que repatriaba a niños marroquís por "emergencia humanitaria"

La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, ha pedido al Juzgado de lo Contencioso 1 de Ceuta el levantamiento de la suspensión cautelar que dictó sobre las repatriaciones de nueve niños migrantes marroquís, que ha paralizado todo el proceso de devoluciones de menores emprendido hace una semana. Con un escrito de oposición, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Interior pide la anulación de la suspensión por argumentos jurídicos y también humanitarios.

Entre los segundos, "las graves dificultades en asegurar la adecuada asistencia social" de los adolescentes. La "situación excepcional y de anormalidad" en que viven "acredita la necesidad de buscar una pronta solución", dice Interior.

El documento pone números a "la más que constatada y conocida situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria que ha causado la entrada masiva de emigrantes los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Ceuta (situación que persiste a día de hoy)". Esos números son cuatro: La "entrada masiva 12.000 personas, adultos y menores, de forma irregular", que la Policía cuenta "hasta un total de 1.097 menores", de los que están acogidos en centros "hasta un total de 758" y la estimación de que "existen en la Ciudad, además, entre 400 y 500 menores más sin ningún control, identificación, reseña ni acogida o protección, deambulando y pernoctando en campamentos provisionales, expuestos a todo tipo de riesgos sociales, sanitarios, morales y físicos, incluso poniendo en riesgo su vida".

Entre los argumentos jurídicos la Abogacía del Estado hace valer dos previos: uno, que "la medida cautelar se ha adoptado sin una previa interposición de recurso" de la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, que pidieron la suspensión. Y dos, que "en la actuación administrativa afectada por la medida cautelar han concurrido dos Administraciones (la de la ciudad de Ceuta y la del Estado a través de la Delegación del Gobierno) aunque solo a una se le ha permitido el trámite de alegaciones, por lo que se está causando una indefensión", dice la respuesta, en alusión al Gobierno de Ceuta.

Situación excepcional

El escrito le recuerda al juzgado que los menores "no están en centros de internamiento", sino en albergues provisionales en plena "situación de excepcionalidad". Once veces emplea la palabra "excepcional" la Abogacía del Estado en su escrito de oposición, subrayando la falta de normalidad en que vive Ceuta.

Y también le señala al juez que ha omitido "la debida audiencia de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta", lo cual es clave porque estas autoridades "ostentan la competencia en materia de asistencia social de los menores no acompañados".

El escrito insinúa la existencia de algún tipo de estudio individualizado de cada caso de los menores acogidos , al relatar que "el traslado de los menores a Marruecos" se ha hecho "tras un análisis por parte del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de las circunstancias personales y familiares de cada menor".

Así mismo, cuenta que "se han elaborado diferentes grupos de menores garantizando que aquellos vulnerables, aquellos que carecen de padres o que poseen cualquier situación que desaconseje su traslado, permanezcan en Ceuta".

Sí se informó al fiscal

El escrito insiste en la versión de Interior de que sí informó a la fiscalía sobre el proceso que iba a iniciar. En su oposición, la Abogacía del Estado aporta copia del acuse de recibo que le dio la Fiscalía General del Estado el 13 de agosto, a un envío del la Secretaría de Estado de Seguridad con copia de la petición del Gobierno de Ceuta de que se activara el pacto con Marruecos, copia de la orden a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que inicie las repatriaciones y un listado con los nombres de los primeros 15 niños que iban a ser sacados de España al día siguiente.

No fue la única lista que se envió al ministerio púbico. "El mismo día 13, en un momento posterior de la mañana, se envió comunicación a Fiscalía, también por mail, de un nuevo documento que contiene 10 listas que suponen un total de 145 personas", cuenta la Abogacía del Estado.

Tratado internacional

Una vez más, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska hace valer en su defensa el acuerdo que España y Marruecos firmaron en 2007 para el "retorno concertado" de menores migrantes en situación ilegal. Y lo hace citando, como las entidades que han criticado las repatriaciones, la Ley Orgánica de Extranjería. En su artículo 35, recuerda el artículo, esa ley dispone que "El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados".

Ese tratado internacional da "cobertura jurídica adecuada y suficiente" a la actuación de las repatriaciones, sostiene la Abogacía del Estado.