Ceuta e Interior no repatriarán más menores hasta que haya fallo judicial

El Gobierno de Ceuta y el Ministerio del Interior no continuarán con las devoluciones de niños migrantes a Marruecos mientras un fallo judicial no aclare el proceso, confirman a EL PERIÓDICO fuentes de las dos instituciones. Cumplidas este jueves las 72 horas de suspensión cautelar que implantó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta, el plan de repatriaciones -a 15 por día- ha quedado parado "por prudencia política", dice una de estas fuentes, a la espera de que ese juzgado se pronuncie sobre el caso de nueve menores cuya salida de España fue recurrida desde Madrid por la Coordinadora de Barrios.

Confirmando esa previsión, ha trascendido que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional dio el pasado lunes -y notificó este jueves- cinco días de plazo a Interior para que presente a ese órgano judicial todo el expediente y "los informes y datos que estime procedentes" sobre la entrega a Marruecos de menores no acompañados, en virtud de un recurso de la Red de Española de Inmigración y Apoyo al Refugiado.

El ejecutivo ceutí, además, está pendiente de la interpretación que la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma haga de la documentación que le ha entregado tras abrir un expediente informativo preprocesal por las repatriaciones de menores. Es probable que la fiscalía no se pronuncie a favor de la ciudad, pues no aparecen los informes individualizados que la ley exige que hay que instruir en cada caso de menor que vaya a ser sacado del territorio.

Uno de los contenidos preceptivos de esos informes, la casación de datos declarados por el menor a la autoridad española con la autoridad marroquí, "es de un artículo inaplicable" de la Ley de Extranjería, protesta una fuente próxima a los servicios sociales ceutíes. En mayo, junio y julio pasados, rotas las relaciones diplomáticas hispano-marroquíes, "no había forma de conseguir que Marruecos ayudara en la identificación formal de los menores", relata.

La paralización de las repatriaciones hasta que haya fallo judicial es "una decisión ejecutiva, más allá de lo judicial", explica una fuente cercana al gobierno de la ciudad. La misma fuente explica que se trata de una decisión "consensuada con Interior, como cada paso que damos".

Silencio

No solo cesa el movimiento de furgones, niños y policías. Se ha pasado también a un prudente silencio tras estos días de salida en tromba a los medios del ministro Fernando Grande-Marlaska y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para explicar las medidas que han terminado poniendo en territorio marroquí a 46 niños y cinco adultos que se decían menores.

Y con el silencio han cesado de momento los mutuos pases de la patata caliente sobre quién ha sido el responsable de este asunto. La tutora de los menores, Ceuta, y el guardián de la frontera, Interior -administración del PP y Gobierno de izquierdas-, se tienen cogidos entre sí y no les conviene hacerse daño.

"La relación entre las dos instituciones es muy buena", asevera una fuente de Interior. En el ministerio se esperaba hoy un pronunciamiento de algún portavoz ceutí anunciando la interrupción de las devoluciones, anuncio que no se ha verbalizado. En el ayuntamiento prefieren la discreción, pues podría hacerse más sonora la guerra interna que ha estallado en el Departamento del Menor, con una fuerte discrepancia con su jefa política, la vicepresidenta Mabel Deu.

Quitar hierro

En el departamento que dirige Grande-Marlaska quitan hierro a las críticas contenidas en el auto que ayer emitió la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, atribuyendo a Interior la iniciativa del proceso de repatriaciones y subrayando que la orden enviada el pasado 10 de agosto a la Delegación del Gobierno en Ceuta no llevara firma.

El tono imperativo de su parte final, para la Audiencia Nacional una prueba de la responsabilidad política de Interior, se atribuye en el ministerio a una plantilla de mensaje utilizada por personal administrativo sustituto estival.

De la misma manera dan por pasada la crisis abierta con el ala morada del Gobierno. Pese a las negativas expresadas a este diario por el entorno de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, las fuentes consultadas de Interior insisten en que el ministro ha hablado ya varias veces con ella. Otra cosa será en qué tono lo han hecho.

Más de 90 menores vulnerables

Entre tanto, los adolescentes marroquís alojados por el Gobierno de Ceuta y que no tratan de escapar esperan su destino bajo el techo de chapa del polideportivo Santa Amelia y en los barracones de fibra del campo PIniers. "El calor es muy fuerte en el interior" del edificio deportivo, dicen fuentes próximas a los servicios sociales de la ciudad. "No tenemos otro sitio donde meterlos", se excusan.

La oleada migratoria de mayo pasado, con 4.000 menores -algunos de solo cuatro años de edad- entre las personas que entraron a nado, ha dejado tocadas las relaciones del gobierno ceutí con la Iglesia y, en menor medida, con el Ejército. Una y otro disponen de edificios vacíos, aseguran fuentes del ejecutivo autonómico, y no han cedido espacio en el que poder meter a los cerca de 800 menores que tutela la ciudad, lo cual no fue óbice para que la Conferencia Episcopal haya pedido el cese de las repatriaciones.

En Santa Amelia "la situación es muy mala; nadie querría dormir ahí tres meses", tiene dicho el presidente Vivas para justificar que había que "tomar medidas" -como dijo Interior a la Fiscalía- con los niños migrantes. "Están en un recurso de emergencia, que no puede ser permanente", dicen las fuentes consultadas en el gobierno ceutí.

Apartados del grueso de menores hay algo más de 90, indican estas fuentes, que han sido considerados vulnerables por los técnicos de la fundación SAMU, a la que Ceuta concedió la gestión de albergues. Esa entidad ha dedicado 250 trabajadores a esta crisis migratoria.

El calendario corre, y se acerca la fecha de septiembre en la que habría que escolarizar obligatoriamente a 200 niños marroquís, los que, del casi millar de filiados por Ceuta, tienen menos de 16 años.

Pero la más extrema vulnerabilidad de los niños migrantes no está en el polideportivo ni en el campo Piniers, sino en la calle y en las escolleras del puerto, donde se apostan a la espera de una oportunidad de pasar a la península. "Pueden morir ahogados intentando llegar a un ferry -explica una veterana de la administración ceutí-, pueden morir atropellados cuando cogen los bajos de un camión, pueden ser captados por una red de delincuentes cuando tratan de buscarse la vida..."

La organización caritativa de la mezquita de Sidi Mbarek ha enterrado un cuerpo de varón que apareció el domingo junto a la playa. Llevaba al menos diez días en el agua. "Ha resultado ser un menor -relata esta fuente-. Y no venía de Marruecos: se tiró al agua desde aquí".

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