El panorama judicial de las devoluciones de niños se les complica a Ceuta e Interior

El pulso en los juzgados por la repatriación de migrantes infantiles no acabará con el plazo de 72 horas de suspensión cautelar al que esas devoluciones están sometidas. La representación legal de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores prepara demandas de protección de derechos fundamentales para los nueve adolescentes marroquíes sobre cuyos casos un juzgado de lo Contencioso de Ceuta ha suspendido cautelarmente las salidas de los niños de territorio español.

Con la formalización -si culmina- de las demandas por la vía de lo Contencioso Administrativo, las medidas cautelares se convertirán en incidente de las propias demandas, y el plazo de suspensión de las devoluciones de menores podría prolongarse. Los representantes de los niños tienen diez días de plazo para formalizar esas demandas.

Entre tanto, fuentes de la ONG confirman la entrega del auto judicial de este lunes a los nueve adolescentes del caso que ha parado lo que Interior llama "retornos acordados", para que lo tengan en un dosier sobre su situación personal que pudiera ser requerido por las autoridades.

Otra de las iniciativas emprendidas contra las repatriaciones, esta de Save the Children, ha recibido respuesta del Comité de los Derechos del Niño. El ente de Naciones Unidas se ha dado por informado del caso de Ceuta, y ha enviado al Gobierno de España un mensaje pidiendo la suspensión de las devoluciones y dando al Ejecutivo dos meses para presentar alegaciones.

Dónde están los informes

Ni el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han aclarado este martes en sendas apariciones públicas si de cada uno de los niños migrantes que han repatriado a Marruecos se hizo un informe individualizado. Y esa cuestión, si hay informe o no, es decisiva en el parón que la Justicia ha dado al proceso, cautelar que en dos días puede derivar en permanente.

Los juzgados que hasta el momento han decretado la suspensión de las repatriaciones basan su decisión en que no han visto el informe individualizado ni la resolución que exige la Ley de Extranjería. Y tanto Vivas como Grande-Marlaska han reconocido la superioridad de esa ley orgánica, pero han enarbolado como su asidero legal el acuerdo internacional para el "retorno acordado" de menores que Marruecos y España firmaron en 2007, adelantando de forma tácita el argumento que la Abogacía del Estado y la ciudad autónoma van a dar a los jueces.

Sobre si existen esos informes individuales, que aún no han sido vistos, Juan Jesús Vivas no ha querido pronunciarse directamente, excusándose en que "el procedimiento judicial está abierto", pero sí ha dado pistas: "El acuerdo no establece la obligatoriedad de la entrevista individualizada", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Ceuta.

Lo ha dicho después de defender el pacto al que llegaron España y Marruecos, del que ha reconocido que no se había activado nunca en 14 años de existencia y ocho de vigencia; nunca antes se había repatriado a un menor por este pacto internacional. "Esta es una situación excepcional, que requiere medios y recursos excepcionales", ha dicho, y ha añadido: "Es un hito histórico que este instrumento normativo se haya puesto en marcha, pero es verdad que el camino se hace al andar".

Sobre la legalidad de la actuación, Vivas, con el acuerdo España-Marruecos en la mano, ha proclamado: "Es es el marco normativo, y no establece ningún procedimiento específico. Sobre si el procedimiento ha sido correcto o incorrecto no me siento autorizado a opinar. Serán los juristas especializados y los jueces quienes lo hagan". Poco antes había subrayado: "El acuerdo entre el Gobierno de España y el de Marruecos es el respaldo jurídico de la actuación llevada a cabo. Podemos equivocarnos, pero es el respaldo jurídico".

El argumento

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, el ministro del Interior ha explicado que las devoluciones de niños "son retornos asistidos conforme al acuerdo de 2007 entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, y siempre en beneficio del menor, tratando de restablecer su vida social, cultural y familiar, siempre que no exista ningún riesgo".

Sobre si hay o no informes individualizados de cada menor sacado de territorio español, como exige la legislación española, Grande-Marlaska se ha referido al acuerdo internacional con Marruecos como un instrumento particular "que no existe con otros países" y que el estudio de cada menor corresponde "a la autoridad competente en la tutela"; o sea, el Gobierno de Ceuta.

La intervención del ministro -que ha eludido repetidamente responder a preguntas sobre los ataques de la ministra Ione Belarra o si ha hablado con Pedro Sánchez- ha tenido tres ejes argumentales: que todo se hace "en interés del menor", que el pacto internacional "es un acuerdo entre dos estados soberanos" y que él y su ministerio son solo parte de "un engranaje donde hay distintas instituciones que trabajamos conjuntamente".

Las repatriaciones de menores migrantes "no es competencia de un único departamento o institución", ha dicho Grande-Marlaska. Ante la lluvia de críticas que está recibiendo, ha dicho que está "tranquilo, cuando uno forma parte de un engranaje" y trabaja en base a "un instrumento normativo como es el acuerdo entre España y Marruecos".

Tanto Grande-Marlaska como Vivas han remachado que trabajan en interés del menor y ambos han asegurado que están en disposición de "respetar, obedecer y acatar las resoluciones judiciales", como ha dicho el ministro. Los dos han tratado de reducir la gran polémica política al ámbito de "una discusión jurídica", ha dicho Grande-Marlaska. "Se ha suscitado una polémica jurídica. Vamos a esperar que la fiscalía y los jueces resuelvan", ha secundado Vivas horas después.

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha dado al Ministerio del Interior un plazo de 24 horas para entregar documentos que justifiquen el retorno emprendido de menores a Marruecos. La Sala de lo Contencioso ha pedido este lunes a Interior que aporte el escrito que la Secretaría de Estado de Seguridad, con membrete pero sin firma, envió a la Delegación del Gobierno en Ceuta el pasado 10 de agosto ordenando el inicio de las repatriaciones de niños, y en el que se refería al acuerdo con Marruecos.

Fuentes de Interior confirman que esa documentación no se ha presentado en la tarde de este martes, con lo que el Ministerio está agotando el plazo otorgado.

Ese martes, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha defendido las devoluciones "con respeto escrupuloso de los Derechos Humanos", en declaraciones a la prensa en Cádiz. "Se está procediendo a la aplicación de un acuerdo especial con Marruecos", ha dicho, con el objetivo de "la reunificación de los menores con las familias".

Calviño ha subrayado que "la prioridad del Gobierno es la protección del interés de los menores", y ha basado la actuación en el análisis que han realizado las autoridades competentes, que son las autoridades de menores de la ciudad de Ceuta".

Emergencia humanitaria

Hay además un argumento humanitario, que ha echado al debate Juan Jesús Vivas. El presidente ceutí ha subrayado que la situación en la ciudad es de "absoluta emergencia" y ha pedido "que no se pierda eso de vista".

Vivas ha enmarcado las devoluciones de menores en una "emergencia humanitaria de tres meses" en la que lleva la ciudad es "una situación insostenible, también para el menor". Para justificar las devoluciones, ha preguntado: "¿Quién querría vivir en agosto en un polideportivo, sin sitio donde ir?", antes de describir: "Aquí están en una situación de manifiesta precariedad, porque hay algunos de ellos que están viviendo en asentamientos inadecuados, sin techos, en ocasiones en una situación infrahumana".

Esta situación que Vivas describe para justificar las repatriaciones fue objeto de queja ante el Defensor del Pueblo por parte de la Coordinadora de Barrios ya en mayo, al poco de la oleada humana.

Vivas y la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, han asegurado que los niños que entraron en Ceuta a nado en la oleada migratoria de mayo han sido examinados "en razón de su vulnerabilidad", y que han sido apartados en otro albergue "un grupo de ellos" por no ser retornables a causa del peligro o las condiciones en que vivían en Marruecos.

Para decidir las devoluciones, a los muchachos alojados en la pista y las gradas de Santa Amelia se los ha elegido según un criterio de edad. "Primero los más mayores, o los que están más cerca de la mayoría de edad -ha explicado Vivas-, porque son menos vulnerables".

A los que resultan estar en situación de vulnerabilidad, "nosotros les damos la tutela, porque somos un país donde la garantía y la tutela de los menores es un elemento esencial", había asegurado el ministro unas horas antes.