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Sánchez se prepara para negociar los Presupuestos y apuntalar la legislatura hasta 2023

Los fondos europeos permitirán al presidente seguir con políticas expansivas con las que atraer a sus socios

La regulación de los alquileres, la derogación de la reforma laboral y un nuevo marco fiscal serán las principales demandas de Podemos

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sanchez / José Luis Roca

Pilar Santos

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Superada la etapa de los indultos y consolidado el proceso de vacunación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá en septiembre con una prioridad: aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que le permitirán llegar hasta finales del siguiente año y agotar la legislatura. La entrega de las millonarias partidas de fondos europeos para superar la pandemia facilita la negociación con sus socios de investidura, ya que podrá seguir haciendo políticas expansivas de gasto social. Ciudadanos se ha descartado de la ecuación tras la concesión de las medidas de gracia.

El acuerdo con la Generalitat para ampliar el aeropuerto de El Prat y la falta de reacción de Sánchez ante la subida del precio de la luz han levantado ampollas en Unidas Podemos a escasas dos semanas de sentarse con el Ejecutivo a estudiar las cuentas públicas, aunque los choques no han sido tan esplendentes como antaño entre el asueto de agosto y la ausencia de Pablo Iglesias. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ya celebraron a finales de julio la primera reunión para elaborar las cuentas. Como hicieron el año anterior, diseñarán los Presupuestos en el seno del Ejecutivo y después los abrirán al resto de grupos.

Lista de deberes

Con los cimientos listos (el techo de agosto se aprobó en 196.142 millones, incluidos 26.355 de fondos europeos, y el déficit marcado para 2022 en el 5% del PIB), la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de la coalición de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ya tiene preparada la lista de reclamaciones imperiosas. Díaz ha dejado claro que hay que regular por ley los alquileres (el PSOE es partidario de incentivar fiscalmente a los arrendadores, algo que rechazan los morados), derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy (Podemos la quiere tumbar entera y el PSOE de manera parcial), subir el SMI (algo ya encajado por Sánchez) e incluir la reforma fiscal ya en los Presupuestos.

Sobre este último asunto, Montero ya ha avisado a Díaz de que el Ejecutivo esperará a tener el informe de la comisión de expertos que ha encargado para el próximo mes de febrero y que el cambio global no estará listo para estas cuentas, aunque confía en introducir "algunas" de las recomendaciones preliminares que le hagan. La ministra ha pedido a 17 especialistas en tributos que adapten el sistema español "a los retos del siglo XXI" y en su plan está que se tengan que subir los impuestos de sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones y abordar la fiscalidad medioambiental.

ERC dijo en noviembre pasado que el Gobierno se había comprometido a "armonizar" los impuestos que algunas comunidades del PP tienen con bonificaciones casi totales. Los republicanos, con el apoyo de algunos barones del PSOE, resucitarán el asunto y como ariete de las autonomías conservadoras se encontrarán a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Sin embargo, esa "armonización", según fuentes del Gobierno, además de en la reforma fiscal global también habrá que introducirla en el modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014.

Atraerse a Junts

Sánchez tiene de cara una negociación que se plantea ya directamente con el bloque progresista, el mismo que ha apoyado los indultos, sin guiños forzados a Ciudadanos. Según fuentes del Ejecutivo, el presidente quiere repetir o superar el amplio apoyo logrado para los Presupuestos de este año, cuando reunió 189 'síes' en el Congreso: a los del grupo socialista (120) y de Unidas Podemos (35), se sumaron los de ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PdeCat (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), PRC (1) y Teruel Existe (1). El resto de los diputados (PP, Vox, Cs, Junts, BNG y la CUP) le dieron un 'no' que es improbable que varíe esta vez salvo en el caso de la formación de los posconvergentes. En el grupo socialista hay cierta esperanza de que, tras el acuerdo para ampliar El Prat, Junts quiera "volver a jugar a Madrid" y demostrar que sabe "negociar" (como está haciendo ERC el último año) aunque las fuentes consultadas admiten que las "dinámicas" internas del independentismo son "insondables".

La aprobación de las nuevas cuentas, señalan en la Moncloa, será "otro mensaje más" al PP para que "deje de pedir elecciones", el mantra de Pablo Casado y los suyos desde que los líderes independentistas salieron de la cárcel.