Tribunal de Cuentas

La abogacía del Estado teme la "nulidad" del proceso si se pronuncia sobre los avales

García Monteys advierte a sus superiores de que el informe que le pide el Tribunal de Cuentas supone un "conflicto de intereses"

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid.

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid. / David Castro

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Pilar Santos
Pilar Santos

Periodista

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El proceso se está alargando más de lo previsto. El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, considera que no debe redactar el informe que le pidió la delegada instructora que lleva el caso de los avales del Institut Català de Finances (ICF) porque se puede dar un "conflicto de intereses" y se corre el "riesgo de nulidad" del procedimiento.  

Monteys ha escrito a sus superiores, en concreto a la abogada general, Consuelo Castro, para consultarle si ve conveniente realizar ese informe sobre la "suficiencia y legalidad" de la fórmula encontrada por la Generalitat para hacer frente a las finanzas de los 5,4 millones de euros que se reclaman a 34 exaltos cargos y funcionarios de la Administración catalana por los gastos en la promoción del 'procés' en el extranjero entre 2011 y 2017. De ese monto, 1,14 millones corresponden a las llamadas embajadas catalanas.

El 27 de julio, la instructora del expediente abierto, Esperanza García, hizo pública una resolución en la que señalaba la existencia de indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar el dinero que se les reclama, y que han sido asegurados con fondos del ICF. Ningún banco aceptó participar en la operación de avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas y Ejecutivo catalán encontró la salida de usar el Institut.

La duda de García se basa en si el ICF puede cubrir esas posibles responsabilidades al haber sido asumidas por la Generalitat, que es precisamente la administración presuntamente perjudicada por la actuación de los 34 encausados. El gesto de García suponía que el Gobierno central, del que depende la abogacía del Estado, se tendría que manifestar sobre este delicado asunto en un momento en que la Moncloa y la Generalitat están iniciando una nueva etapa de diálogo. El freno echado por García Monteys anticipa que la abogada general se va a negar a presentar el informe y va a devolver la pelota a la instructora del Tribunal de Cuentas.

El origen del procedimiento

García Monteys subraya que cree que no puede ejercer la "función consultiva" que le reclama García porque, como recuerda, el inicio del procedimiento fue consecuencia de un informe emitido por la propia abogacía del Estado en el que se ponían de manifiesto una serie de hechos contenidos en un informe de fiscalización sobre el 'procés' que había elaborado el pleno del Tribunal de Cuentas. El abogado teme que, si redacta el documento reclamado, se pueda alterar "el equilibrio entre las distintas partes intervinientes" y se corra el riesgo de "nulidad" para todas las actuaciones.

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Entre los 34 afectados por el expediente se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras y exaltos cargos del Govern. El informe que redactó el Tribunal de Cuentas deja por escrito la falta de control, la inexistencia de facturas y pagos injustificados con actividades vinculadas al 'procés', tanto en Catalunya como en las delegaciones en el exterior. En este último caso, el órgano fiscalizador sostiene que los delegados eran los "responsables" de autorizar dichos gastos y por eso están encausados.

Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme. Pero, tal y como establece la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o esta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.