Por el presunto cobro de comisiones
El juez da por concluida la instrucción de la pieza Drago, cuyo principal imputado es Oleguer Pujol
Concluye la investigación a la espera del informe final de la Agencia Tributaria
Pide informe al fiscal y las acusaciones ante la petición de sobreseimiento de los imputados

Oleguer Pujol, en su comparecencia en el Parlament de marzo pasado.

Cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dio por concluida la instrucción del 'caso Pujol' dejó abierta una pieza menor que solo afecta al benjamín de la familia, Oleguer Pujol, la pieza Drago, por el presunto cobro de comisiones por operaciones inmobiliarias, entre las que destaca la venta de 1.152 sucursales del Banco Santander. Ahora su sucesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, considera que después de tres años de instrucción no se puede ampliar más y la dará por concluida a la espera del informe final de la Agencia Tributaria sobre los resultados de las comisiones rogatorias cursadas.
El magistrado aprovecha el fin de la instrucción para pedir a las partes informe sobre la petición de sobreseimiento de algunos imputados, como los empresarios Javier de la Rosa Misol, J.M.V.B. y su hijo J.M.V.C. y el propio Oleguer Pujol, que ya se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel en el juicio en el que compartirá banquillo con su familia.
Comisiones
Ante el juez De la Mata, se explicó que fueron Oleguer Pujol y su entonces socio, Luis Iglesias, quienes les ofrecieron cobrar "en un paraíso fiscal" la comisión de 2,6 millones que les correspondía por la venta de las sucursales del Santander. La operación se firmó, a través de Javier de la Rosa hijo, con Mare Nostrum, propiedad de Pujol y de Iglesias, para luego cobrar de otra empresa con la que no había documento contractual alguno.
El magistrado quiere determinar el origen del dinero que Oleguer Pujol invirtió en "distintos productos financieros y a financiar aportaciones al fondo Drago Real Estate Partners", así como "la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, consiguiendo así que la Hacienda Pública no fuera conocedora de su percepción".
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