Rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu

El Govern acusa al Tribunal de Cuentas de hacer "política" y defiende la legalidad de los avales

  • La portavoz sostiene que no hay plan B y se mantiene en que la intermediación del Institut Català de Finances es legal

Jordi Puigneró, Pere Aragonès y Laura Vilagrá se dirigen a la reunión semanal del Govern, en el Palau de la Generalitat.

Jordi Puigneró, Pere Aragonès y Laura Vilagrá se dirigen a la reunión semanal del Govern, en el Palau de la Generalitat. / EFE / ANDREU DALMAU

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Fidel Masreal
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Júlia Regué
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El Govern confía en un informe favorable de la Abogacía del Estado respecto al controvertido asunto del aval de la Generalitat a los 29 de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas en relación a la acción exterior de la Generalitat y el 'procés'. Fuentes del Govern se muestran confiadas en esta posición favorable de la Abogacía, a la que el Tribunal ha pedido un informe, dado que hasta ahora el Estado no ha tomado ninguna iniciativa contra el decreto del Govern sobre los avales e incluso el PSC ha mantenido una posición prudente al respecto.

El Govern no comparte la interpretación de que, en su escrito de este martes apelando a la Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas ya emite un juicio desfavorable sobre los avales. Y "sigue defendiendo sin fisuras y sin dudas" la legalidad de los avales, en palabras de la portavoz Patricia Plaja, minutos después de conocerse la nota del Tribunal. Plaja aseguró una vez más que "no hay ningún motivo" para rechazar los avales del Govern y eventuamente del Institut Català de Finances (ICF), por lo que reclamó al Tribunal de Cuentas que "deje de hacer política".

Las presiones

En la Generalitat asumen que la Abogacía recibirá muchas presiones pero insisten en que si hubiera querido impugnar el decreto ya lo habría hecho o habría enviado un requerimiento pidiendo explicaciones al Govern. Tampoco es ajeno al Govern el ruido incluso interno sobre la decisión que adopte el Tribunal sobre si aceptar o no los avales del ICF. El 'expresident' Artur Mas dio por hecho que no los aceptaría.

Estas fuentes sí ven posible, tal como han apuntado los partidos independentistas, que finalmente no sea el ICF sino una entidad financiera, posiblemente extranjera, la que ofrezca las garantías a 29 de los 34 encausados gracias al contraaval del Govern. "Se sigue buscando lo que ya se había anunciado, un banco o entidad bancaria que dé respuesta a este aval, y no hacemos futuribles. No dudamos de que no se aceptará. No hablamos en este momento de plan B”, sostuvo Plaja.

La portavoz eludió valorar las discrepancias que han aflorado en el seno del Govern -y de los grupos de JxCat y ERC- en la gestión de los avales a los 29 de los 34 encausados. "Lo más relevante es que se ha podido hacer el aval", aseguró Plaja. En la intervención de la portavoz se apreció la voluntad de dar carpetazo a la polémica interna generada por reproches cruzados de falta de convicción o de agilidad a la hora de gestionar esta situación.

La denuncia de Cs y el apoyo de la CUP

Ciutadans presentó la semana pasada una denuncia por delitos de malversación y prevaricación ante la Fiscalía contra los miembros del Govern y de los representantes en la junta de gobierno del ICF. El líder de los naranjas, Carlos Carrizosa, defendió en Twitter que los avales presentados son "ilegales". "Hoy lo investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía lo hará tras la denuncia de Cs. Por más que el separatismo intente evitarlo, en España las instituciones funcionan y quien la hace la paga", aseveró.

En sentido opuesto, la CUP ha mostrado su apoyo al Govern tanto con el decreto como con el aval. "La decisión del Tribunal de Cuentas pone la pelota en el tejado del Gobierno, del PSOE y de Podemos. Estaremos atentos a ver qué hace el autodenominado Gobierno más progresista de la historia", deslizó el diputado Xavier Pellicer.

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Por su parte, el portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, subrayó que las dudas sobre el aval de los exaltos cargos mostradas por el órgano fiscalizador "son un elemento más de la estrategia" de ese organismo que, a su juicio, "es un cortijo del PP".