Las seis 'carpetas' pendientes de la Generalitat con el Estado

Retirada del recurso del Gobierno ante el TC por la ley catalana de alquileres

De los asuntos abordables en la comisión bilateral este es el más político. En septiembre del 2020 el Parlament aprobó la ley de medidas urgentes para la contención de rentas de los alquileres. Y el pasado mes de junio, el Gobierno anunció que iba a interponer recurso ante el Tribunal Constitucional. El entonces ministro del ramo, José Luis Ábalos, apuntó que era "imposible no recurso", dada su observable inconstitucionalidad por asumir competencias estatales. Con todo, ERC logró que el Ejecutivo renunciara a su potestad de requerir la suspensión inmediata de la ley, de manera que la norma seguirá vigente hasta el fallo del TC. Ello no restó virulencia al enfado del Govern que calificó el recurso de "pésima" noticia y destacó que, desde su aplicación, ha evitado precios excesivos en 76.000 contratos. Además del recurso del Ejecutivo, también el PP presentó uno.

Los incumplimientos económicos por la ley de dependencia  

El 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, promovió la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se tildó entonces de "cuarta pata" del estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad y las pensiones. El gasto público que se derivaba de estos nuevos servicios que ofrecía la administración corrían a cargo, al 50%, del Estado y, en el caso catalán, la Generalitat. Pero nunca se llegó a cumplir ese equilibrio. En los primeros años, la administración catalana, según detalla la Conselleria de Drets Socials, se corresponsabilizó de más del 60% del gasto generado, por apenas un 30% del Estado y el resto, en régimen de copago, a cuenta del bolsillo de los ciudadanos beneficiados. La llegada del PP al poder hizo caer la aportación estatal por debajo de lo se abonaba por el copago. Una tendencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha revertido, de manera que, en el 2019, el Estado solo aportó el 13,43%, por el 21,74% que asumieron los afectados. La Generalitat pagó el 64,83%. En ese 2019, el Estado dejó de aportar 553 millones ( a los más de 200 que ingresó) para llegar a ese 50% preceptivo, que, de paso, habría evitado el copago al ciudadano.

20 años de desobediencia del Estado al TC por las becas

Una de las reivindicaciones generacionales (porque al menos tardan una generación en hacerse efectivas) es el traspaso la gestión de las becas universitarias. Entendida no solo la aplicación de lo que decide el Ministerio, sino la capacidad de asumir políticas propias sobre tramos de renta y cuantías. Actualmente solo se reciben entre el 10% y el 14% de las becas, cuando la población supone el 17% del total de población universitaria española. Ello supone, según datos de la Conselleria de Recerca i Universitats, un agravio de 44 millones anuales. La diferencia del coste de la vida de Catalunya con respecto a muchos de las comunidades españolas ha redundado en un 20% menos de beneficiados, según cifras que maneja ERC. Desde el 2001, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Generalitat en hasta tres ocasiones haciendo el Gobierno, hasta ahora, caso omiso. Por ejemplo, la sentencia del TC 95/2016 de 12 de mayo deja claro que la competencia de la gestión de las becas y ayudas de estudio de carácter general corresponde, según el marco constitucional y estatutario, a las autonomías. En materia competencial no es este el único caso. Por ejemplo las competencias sobre el socorro en alta mar, es decir Salvamento Marítimo, son en exclusiva de la Generalitat, según el Estatut. La competencia sigue en manos del Ministerio de Fomento.

Traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital

El Govern reclama el traspaso de la gestión, y la financiación (15 millones anuales), del Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque, a sus ojos, invade competencias exclusivas de la Generalitat. De hecho, recuerda la Conselleria de Drets Socials, Catalunya ya dispone de la Renda Garantida de Ciutadania. Además, la parte catalana considera que una gestión de proximidad podría mejorar el servicio y evitar la complejidad de la tramitación. La Drets Socials se remite a un informe de la Taula del Tercer Sector que señala que en el primer año de aplicación del IMV solo se han aprobado un 15,6% de las solicitudes resueltas, denegando, por tanto, casi un 85%.

Como en otros ámbitos , y dado que la Generalitat tiene competencias en protección social, se han presentado dos recursos de inconstitucionalidad por invasión competencial y vulneración de competencias en servicios sociales (artículo 166 del Estatut) y las de prestaciones no contributivas:

Financiación de los Mossos

La financiación de la policía catalana es un asunto recurrente en la relación entre Estado y Generalitat. En el 2018, la administración socialista asumió por entero los 688 millones que reclamaba la Generalitat por el periodo 2010-17, aunque hasta el momento solo se sabe que en este 2021 se recibirán 452 millones y , el resto, deberían de llegar en el 2022 y el 2023 

El caballo de batalla en este campo de la administración catalana, ahora, es doble. Por un lado, el dimensionamiento de la plantilla, ya que, sin considerar aquellos territorios con policía autonómica o foral propia, es decir Euskadi y Navarra, las comunidades del resto de España tiene una ratio de 3,5 agentes policiales (Policía Nacional y Guardia Civil) por cada 1.000 habitantes. Catalunya se halla en el 2,5. Situar la ratio entre el 2,6 y el 2,9 agentes por 1.000 habitantes (a los que habría que sumar los de la Benemérita) implicaría tener una plantilla de entre 21.200 y 23.600 agentes, si se atienden, asimismo, las previsiones de crecimiento de la población, según fuentes de la Conselleria de Interior.

El otro gran asunto es el de la<strong> jubilación anticipada </strong>de los agentes. Si no se consiguieran fondos para ello, lo que significaría que se mantendrían en el cuerpo, se corre el riesgo de que en el 2030 solo haya 7.000 agentes con capacidad operativa, porque el resto solo podrían desempeñar actividades adecuadas a su rango de edad y que se conocen como 'segunda actividad'.

El sempiterno déficit de infrastructuras

El Estado reconoció en la disposición adicional tercera del Estatut de 2006, que existe un déficit de inversión en infraestucturas en Catalunya. Para más inri, esa disposición que preveía que se invierta en esta comunidad el mismo porcentaje que lo que aporta al PIB español se suspendió en cuanto el PP llegó al poder, en 2011, creando así la deuda sobre el déficit. Sin entrar ya en otras consideraciones, como el estado de Rodalies y el plan de mejora varias veces presentado y nunca ejecutado, en 2018 se reconoció una deuda de 759 millones, que debían retornarse en cuatro años. Pero como no hubo Presupuestos Generales del Estado, ni en 2019, ni 2020, de momento solo se han consignado, en las cuentas del 2021, el retorno de 200 millones, que aun no se ha producido. Del resto, aun no se sabe nada.

Además, y como ya se reclamó en la discusión estatutaria de hace 15 años, la Generalitat vuelve a reclamar con fuerza el traspaso de la gestión de las principales infraestructuras, como son el Port de Barcelona y el aeropuerto, así como del Consorci de la Zona Franca.