Ante el Tribunal de Cuentas

Puigdemont alega indefensión para ampliar el plazo para pagar la fianza

  • Sostiene que se vulneran sus derechos por no poder actuar como defensa y juzgarse los mismos hechos por lo penal

Carles Puigdemont, en Waterloo

Carles Puigdemont, en Waterloo / Horst Wagner (EFE)

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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El expresidente catalán Carles Puigdemont ha recurrido la decisión del Tribunal de Cuentas de no ampliar el plazo fijado de 15 días para que tanto él como otros 33 excargos de la Generalitat que abonen la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para abrir y mantener las llamadas 'embajadas catalanas' y el Diplocat entre 2011 y 2017.

En su recurso, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, solicita que reconsidere su decisión y amplíe el plazo, porque "no logra entender cómo 15 días pueden ser considerados como un plazo razonable y suficiente para depositar más de dos millones de euros, concretamente, 2.085.507 euros". El escrito de 28 páginas no menciona el anuncio del 'conseller' de Economía, Jaume Giró, de la Generalitat avalará finalmente las fianzas de los encausados a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El plazo finaliza hasta las doce de esta noche.

"En efecto, ante la ausencia total y absoluta de argumentación que pueda aclarar a esta parte los motivos que han llevado a la denegación de la solicitud de ampliación del plazo otorgado, no queda sino entender que nos encontramos ante una resolución a todas luces inmotivada y desproporcionada y, sin duda, causante de indefensión", argumenta Boye.

Sin poder defenderse

El escrito insiste en sus anteriores alegaciones, que entiende que no han recibido respuesta, relativas a que el procedimiento contable seguido en el Tribunal de Cuentas se asemeja tanto a un procedimiento penal que entiende que debería aplicarse el principio el principio 'non bis in idem', pues persigue los hechos idénticos a los que ya generaron la obligación de realizar un afianzamiento en el Tribunal Supremo por el 'procés', donde se tuvo en cuenta lo aportado en el órgano fiscalizador para considerar cubiertas la responsabilidad civil fijada en el juicio.

Pese a que el 'expresident' está declarado en rebeldía en ese procedimiento, por lo que no pudo ser juzgado, el escrito considera vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa, a un proceso contradictorio y a la presunción de inocencia; así como del principio de igualdad de armas, porque sostiene que durante la instrucción del Tribunal de Cuentas su defensa no ha sido informada de las diligencias realizadas y no ha podido solicitar las consideradas necesarias para garantizar la defensa.

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En este sentido, añade que "la documentación puesta a disposición de esta parte comprende 4.536 archivos repartidos en 1.183 carpetas de documentos, con un peso informático de 20,6 Gigabytes de memoria y varios miles de folios (solo la 14 carpeta de las Actuaciones Previas ya contiene más de 3.000 folios sin contar anexos)", lo que hace que el tiempo dado para alegar y aportar la fianza resulte claramente insuficiente.

Además, de cara a poner impugnar ante la justicia europea la decisión que finalmente se adopte, destaca que el funcionamiento del Tribunal de Cuentas "resulta palmariamente incompatible con el derecho a un tribunal independiente e imparcial". "Ocupar un puesto de trabajo por el sistema de libre designación resulta incompatible, desde el punto de vista de la independencia jurisdiccional, con la instrucción de unas actuaciones previas integradas en el procedimiento de enjuiciamiento contable, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, al juez ordinario predeterminado por la Ley, así como a un proceso con todas las garantías", argumenta.