5,4 millones de euros

El periplo legal de las fianzas del Tribunal de Cuentas

  • El fondo del Govern está pendiente del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y de los recursos anunciados de PP, Cs y Vox

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid.

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid. / David Castro

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

Escribe desde Barcelona

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El Govern decidió acudir al rescate de los 34 exaltos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas exige fianzas millonarias por la acción exterior vinculada al 'procés' entre 2011 y 2017. El Consell Executiu aprobó a principios de julio un decreto ley por el que se creó un fondo genérico -llamado Fondo Complementario de Riesgos- con una dotación inicial de 10 millones para cubrir los 5,4 millones de euros que se les reclama y provocó la primera batalla legal del nuevo Govern.

La pretensión era usar este fondo como garantía económica para que un banco avalara las cantidades exigidas y que los afectados no tuvieran que aportar su patrimonio personal para evitar un embargo. Pero, a pocas horas de que venza el plazo, ninguna entidad financiera ofreció su colaboración y el Govern recurrió al Institut Català de Finances (ICF), algo que intentó evitar para no comprometer a sus profesionales, para que fuera el avalador de forma temporal y tener más margen para encontrar un banco, incluso en el extranjero, que se avenga a cooperar. Los mismos exaltos cargos se dirigieron al ICF, que gestiona este fondo, para acogerse a esta mecanismo. Una fórmula pendiente del plácet del Tribunal de Cuentas que permite a los encausados ganar tiempo para llenar la 'caja de solidaridad' y otras cuentas creadas para recibir donaciones, pero que está abocada a un futuro incierto.

Puigdemont alega indefensión

Después de que el Tribunal de Cuentas haya descartado conceder una prórroga, el 'expresident' Carles Puigdemont ha recurrido la negativa a ampliar el plazo fijado de dos semanas para pagar las fianzas. En su recurso, su abogado, Gonzalo Boye, solicita que reconsidere su decisión porque "no logra entender cómo 15 días pueden ser considerados como un plazo razonable y suficiente para depositar más de dos millones de euros" y porque "no queda sino entender que nos encontramos ante una resolución a todas luces inmotivada y desproporcionada y, sin duda, causante de indefensión", informa Ángeles Vázquez.

El dictamen del CGE

Tanto el Govern como la oposición siguen pendientes del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que tiene hasta el 29 de julio como plazo máximo para decidir si el decreto de la Generalitat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut.

Este órgano recibió las peticiones del PSC, por un lado, y de Cs y PPC, de otro, y las estudiará para emitir una única deliberación. Los dictámenes del CGE no son vinculantes, pero sí pueden usarse tanto para la presentación de un recurso posterior al Tribunal Constitucional si encuentran algún desajuste o bien reforzar al Govern, que insiste en la "solidez jurídica" de su redactado. El PSC dijo que su equipo legal considera que se ajusta a la ley.

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Los recursos de PP, Cs y Vox

Cs pedirá a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que no acepte el aval del ICF y solicitará la comparecencia en el Parlament del consejero delegado de la institución, Víctor Guardiola, "para que explique la cobertura legal que pretende darle" a esta decisión. Desde el partido no descartan recurrir después directamente a la justicia.

El líder del PP, Pablo Casado, también anticipó recurso y además pretende denunciar a la Generalitat por prevaricación y malversación con el objetivo de que los responsables de crear esa ayuda sean "inhabilitados". De la misma forma, el presidente de Vox, Santiago Abascal, está dispuesto a llevar ante los tribunales a la Generalitat ante "cualquier pretensión ilegal".

La primera denuncia, archivada

El Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona archivó este miércoles la denuncia que Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentó contra el Govern por crear este fondo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), sin entrar a analizar el fondo del asunto. El juzgado argumenta que la justicia ordinaria no es la competente para investigar a los miembros del Ejecutivo que, como tales, tienen la condición de aforados y debe ser el TSJC el que se haga cargo de ello. Cabe la posibilidad de que esta entidad presente ahora otra demanda pero directamente ante el alto tribunal catalán. La denuncia acusaba al 'president' y sus 'consellers' de los delitos de malversación de caudales y prevaricación.

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