Plataformas y víctimas juzgan la nueva Ley de Memoria

Antes de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes una nueva ley de Memoria Democrática, primero tuvieron que celebrarse, en junio de 2015, las reuniones del que se bautizaría como Grupo Federal de Memoria, constituido en el PSOE entre dirigentes locales implicados con las víctimas del franquismo. Habían pasado solo días de que Pedro Sánchez fuera presentado como cabeza de lista para las generales del invierno de ese año.

Cuatro años después Sánchez dormía en la Moncloa y el grupo se había abierto a plataformas de toda la izquierda. A la última reunión, el 26 de agosto de 2019 en una asociación cultural de Madrid, acudió de repente el presidente. Lo acompañaban la entonces ministra Dolores Delgado y el hoy secretario de Estado Fernando Martínez. Ante medio centenar de buscadores de fosas comunes de Galicia, Catalunya, Castilla, Valencia, Andalucía, Asturias… Sánchez aseguró: “Vuestras quejas se verán recogidas en una nueva ley”.

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Fue entonces cuando el veterano secretario de Memoria Histórica del PSPV-PSOE en Valencia, Matías Alonso, vio que “comenzaba a hacerse realidad un texto que mejorara a la ley de 2007 –dice-. Y era buena noticia, porque el tiempo apremia”.

En el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, que preside, saben hasta qué punto tienen prisa las familias de desaparecidos, fusilados y arrojados a fosas comunes, porque la naturaleza es inexorable y el calendario va devorando a quienes más podrían celebrar el nuevo texto legal. La de la urgencia fue una de las variables que aportó Alonso en la cocina de la ley: “Es que se nos va la generación que conoció vivos e incluso jugó en las rodillas de los que están en las cunetas –explica-. Es a ellos a quienes hay que proporcionar justicia- La justicia no sirve tanto a los muertos como a los vivos”.

Y eso que algunos muertos, los que fueron expulsados de este mundo sin tener descendencia, tienen hasta ahora, por ejemplo, obstáculos para que se reclame su inocencia; la burocracia no se mueve si no lo pide un hijo o un sobrino. Alonso sugirió que desapareciera ese impedimento, pura intrahistoria de la pelea en registros y archivos; ahora se alegra al leer el anteproyecto: “Ya no está”.

Huesos de Cuelgamuros

A vivos y muertos alude el articulado que el Ejecutivo lleva a trámite parlamentario. Y como cada ley tiene su contexto, ocurre que, al tiempo, el arqueólogo Alfredo González-Ruibal redacta en un informe los hallazgos que hasta el pasado 28 de mayo hizo en los pinares de Cuelgamuros, donde chozas con techumbre de ramas y tamuja alojaron a los trabajadores forzados del Valle de los Caídos; y en Tortosa (Tarragona) se intenta en vano eliminar un monumento franquista a la batalla del Ebro; y en Cerralbos (Toledo) busca la Agrupación para la Recuperación de la Memoria (ARMH) una fosa, esta vez con cinco asesinados; y en Enguera (Valencia), señala el georradar los restos de nueve fusilados sobre cuyos huesos plantó el franquismo el mausoleo del doctor Albiñana, primer fascista de España; o, en fin, el forense Francisco Etxeberria se dispone a penetrar, ya con permisos municipales, en la basílica de la Cruz de los Caídos al rescate de 60 cuerpos.

En la caja 129 de la cripta del Santo Sepulcro de ese templo hallará Etxeberria el esqueleto posiblemente incompleto de Valerico Canales, capturado el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Aja (Ávila), tiroteado y arrojado a un pozo en la no muy lejana localidad de Aldeaseca, del que su cuerpo fue sacado “a paladas” en marzo de 1959 para llevarlo al monumento. Lo cuenta su hijo Fausto, que fue de los primeros en democracia en reclamar unos restos llevados al valle sin permiso ni aviso a la familia, y que está a punto de recuperarlos por el derecho a digna sepultura.

Fausto Canales, que durante lustros se cruzó en su pueblo con miembros del escuadrón de la muerte que se llevó a su padre, cree que esta nueva ley “es un buen primer paso pero no el definitivo”. Quizá sus ojos vean “la constitución en España de una comisión de la verdad”; o “que por fin en las partidas de defunción se inscriba la verdadera causa, asesinato”; o que “con la resignificación del Valle de los Caídos se construya un relato nuevo, no el relato-bulo de reconciliación creado para no decir la verdad. Que se cuente quién lo construyó, cómo, por qué se profanaron fosas y pozos”.

Escepticismo

No faltan entre los activistas de la memoria aquellos a los que la nueva ley les sabe agridulce. Emilio Silva, por ejemplo, coordinador de la ARMH castellana, que también envió sus opiniones a los redactores de la nueva norma.

Hace 20 años, en Priaranza del Bierzo, Silva se convirtió en el primer nieto que exhumó los restos de un abuelo y los certificó por ADN. Hoy ve como carencia de la ley que “no se crea un organismo para atender a los familiares de los desaparecidos y se obliga a competir a familias y asociaciones por subvención para sus proyectos”. Además, “le falta compromiso con la verdad –dice-. La verdad no solo abarca a las víctimas, también a los verdugos. Se debería decir quiénes fueron los asesinos, quiénes se quedaron con fincas y bienes, quiénes se enriquecieron con aquel golpe”.

Puede que la “actitud acomodaticia” que Silva achaca a la ley, y que espera que mejore en el Congreso, se refleje en el calendario: “Se fija como fecha para recordar el exilio el 8 de mayo, por el día de 1945 en que fue liberada Europa, como si aquello hubiera mejorado la vida de cualquier exiliado en México. Nosotros propusimos el 22 de febrero, día de la muerte de Antonio Machado, que representa mucho más la tragedia del exilio y lo que perdió este país”.

Habla Silva en Madrid mientras en Barcelona Juan José Arranz, bibliotecario y director de Acción Cultural y Educativa del Ajuntament, se prepara para ir un verano más hasta el cementerio de Peñacaballera (Salamanca), donde repetidamente fue arrancada una placa que recuerda que su abuelo no murió, sino que lo asesinaron. “Es un paso adelante, sin duda, pero espero que esta ley sea más valiente en cómo se beneficia a las familias, sometidas a procesos largos y costosos para recuperar a los suyos”, dice.

Arranz espera eso, y también ver dotados a los ayuntamientos de “instrumentos legales para que no pase lo que pasa en Tortosa, y se puedan borrar de nuestra vista monumentos franquistas que ahora algunos intentan refugiar en la libertad de expresión”, opina.

Paredones

De monumentos sabe Tomás Montero, autor de ‘Morir en Madrid 1939-1944’ (Ed. Antonio Machado), presidente de la Asociación Memoria y Libertad, y nieto del campesino Tomás Montero Labrandero, que en 1939, a los 26 años, fue fusilado por el franquismo en las tapias del cementerio madrileño de La Almudena. El nombre del abuelo está en una de las placas de granito que mandó arrancar el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida de un monumento -2.000 nombres cincelados- erigido junto al paredón. La piedra rota se guarda en un almacén municipal no lejos de otra placa retirada, la que recordaba al socialista Francisco Largo Caballero.

“Esta ley es una iniciativa positiva -dice Montero-, porque contribuirá, espero, a eliminar cualquier ambigüedad en la anulación de las sentencias ilegítimas, y al desarrollo de lugares de memoria”.

En la trasera del cementerio de Paterna (Valencia) hay un lugar destacadísimo, que llaman “Paredón de España”, donde más de 2.000 personas fueron tiroteadeas. Matías Alonso, que impulsó su rehabilitación, destaca de la ley el deseo de “acabar con la sensación de que, desde dentro de las instituciones, algunos emboscados utilizan sus cargos para retrasar las exhumaciones con un ‘vuelva usted mañana’”.

Eso, la obligada colaboración del funcionario, es un elemento imperativo que pidió que se incluyera en el texto legal que sucederá a la ley Zapatero de 2007. Eso y un cuerpo sancionador, dice Alonso, que “prohíba homenajes a los totalitarios, y que obligue a cumplir la ley de la Memoria tanto como la de Tráfico”.

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