estado de derecho

Bruselas critica de nuevo a España por la falta de reforma del CGPJ

  • El segundo informe sobre el estado de derecho en España también recela del régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales y la competencia del Supremo sobre la responsabilidad penal de los altos cargos

  • El análisis alerta de falta de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, de los ataques a periodistas por parte de algunos partidos políticos e identifica deficiencias en contratos de publicidad institucional 

Sede del CGPJ en Madrid.

Sede del CGPJ en Madrid. / EP

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace dos años, sigue preocupando en Bruselas y de ello se hace eco el segundo informe sobre la situación del Estado de derecho publicado por la Comisión Europea. El documento constata que diez meses después sigue sin haber progresos ni acuerdo para renovar varios órganos constitucionales aunque considera “positiva” la retirada de la propuesta del PSOE-Unidas Podemos sobre el cambio de mayorías en la selección de jueces del CGPJ porque “habría aumentado la percepción de que el Consejo es vulnerable a la politización”. Bruselas también lamenta la falta de una estrategia anticorrupción y advierte de que sigue habiendo desafíos entorno a la transparencia de la propiedad de los medios.

El balance sigue arrojando dudas y preocupaciones similares a las del primer informe, publicado en septiembre pasado. El nivel de independencia judicial que perciben ciudadanos y empresas es bajo -solo el 38% de los ciudadanos y el 39% de las empresas considera que el nivel de independencia es bastante o muy bueno- y “persiste la preocupación por la falta de renovación del CGPJ”, que sigue bloqueado y que “no ha registrado progresos significativos pese a los numerosos llamamientos”. De ahí, la importancia de que los miembros del Consejo “sean elegidos por sus pares”, sigan “los estándares europeos” y haya consultas entre todos los afectados. 

El documento también muestra inquietud sobre la competencia del Tribunal Supremo en cuanto a la responsabilidad penal de los altos cargos así como el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales, tal y como ha apuntado también el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO, aunque resalta que se han adoptado o está previsto adoptar medidas para mejorar la calidad de la justicia, como la revisión del sistema de asistencia letrada y del Código de Procedimiento Penal, así como tres proyectos de ley sobre la eficiencia procesal, organizativa y digital. 

Conflicto catalán, asunto interno

Otro desafío que afronta España en este terreno sigue siendo el bajo número de jueces por habitante y la autonomía de la fiscalía respecto al gobierno. Además, y aunque se han creado 19 tribunales adicionales desde diciembre y se crearán otros 14 antes de finales de 2021, en respuesta a las consecuencias de la pandemia de covid19, Bruselas considera un desafío el bajo número de jueces por habitante, uno de los más bajos de la UE porque puede afectar a la eficiencia de la justicia. El informe, al igual que el año pasado, pasa de largo sobre las tensiones en España con la euroorden o el conflicto catalán y fuentes comunitarias reconocen que han recibido menos quejas durante la elaboración del informe relacionadas con el conflicto, que siguen considerando un “asunto interno” de España. “No hay un problema de Estado de derecho en España ligado a esta cuestión”, sostienen.

En cuanto al marco legal contra la corrupción, aunque España sigue mejorando, las medidas anticorrupción siguen una línea estratégica, existen varias instituciones especializadas y la corrupción esta tipificada como delito, todavía no existe todavía una estrategia específica que permita afrontar este problema de forma integral ni recursos adecuados. “La insuficiencia de recursos sigue siendo un obstáculo para manejar con eficacia los casos de corrupción de alto nivel”, advierte Bruselas que apunta a que “la corrupción política de alto nivel, el fraude que implica a funcionarios públicos, así como los delitos económicos constituyen los principales riesgos de corrupción grave en España”. 

Problemas de la prensa

Aún así, el Ejecutivo comunitario apunta al compromiso del gobierno en el desarrollo de legislación en áreas claves como la transparencia de los grupos de presión -está previsto un registro de transparencia en 2022-, un código de ética para los funcionarios públicos así como un marco de protección para los denunciantes. Otro de los capítulos en los que ahonda el análisis, que presta una particular atención a las repercusiones durante la pandemia de covid19, es la libertad de medios y el pluralismo. Aunque el Gobierno está tomando medidas para abordar cuestiones relacionadas con el acceso a la información, todavía sigue habiendo “desafíos” en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. 

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Los datos sobre la propiedad son de acceso público, pero la información de propiedad, según Bruselas, “no es exhaustiva (solo se proporciona para radio y televisión) y existen dificultades para evaluar quién está exactamente detrás de cada empresa”. Concretamente, según el informe Media Pluralism Monitor (MPM 2021) para España existe “un alto riesgo” sobre la transparencia de la propiedad, falta de reglas para los medios digitales y una “elevada” concentración de medios de comunicación. El análisis también identifica deficiencias sobre los contratos de publicidad institucional y alerta de las repercusiones de la pandemia en el sector que hundieron los ingresos publicitarios, especialmente de los medios impresos, y que ha tenido un impacto “negativo” en la profesión debido a los numerosos expedientes de regulación de empleo y la reducción salarial, que ha afectado particularmente a los periodistas autónomos. 

El análisis también advierte de que la Plataforma del Consejo de Europa para la Promoción de la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas ha registrado cuatro alertas para España este año, todas relacionadas con la violencia hacia los periodistas y sus equipos, y desde el primer informe delato pasado ha habido varios casos de partidos políticos que han prohibido a ciertos medios o periodistas participar en sus conferencias de prensa o han atacado públicamente a los medios de comunicación que no comparten sus puntos de vista. “El acoso a periodistas en las redes sociales es un fenómeno cada vez más preocupante”, reconoce la Comisión.