La estrategia de los conservadores

Casado centrará la crítica en Sánchez y el reparto de fondos tras la crisis de Gobierno

  • El PP reorienta su hoja de ruta para responder, con sus barones, a un Ejecutivo sin Iván Redondo y otros 'totems'

El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto del partido en Galicia, el pasado 17 de julio.

El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto del partido en Galicia, el pasado 17 de julio.

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Gemma Robles
Gemma Robles

Especialista en Política

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"¡Os habéis cargado a siete ministros!". Con esta frase trataba de arengar el pasado martes el líder del PP, Pablo Casado, a su grupo en el Congreso. La reunión era a puerta cerrada, pero las cámaras que grababan imágenes de recurso de la reunión captaron la expresión del jefe de los populares antes de abandonar la sala. Casado aparentaba satisfacción. Claro. El llamativo punto de inflexión en el Gobierno marcado por Pedro Sánchez, con una relevante remodelación por el número de ministros o colaboradores afectados y el peso de los mismos, evidenciaba hasta qué punto ha calado el aviso demoscópico de que los conservadores, impulsados por el resultado electoral en Madrid, podrían recuperar la Moncloa apoyándose en Vox si hubiera elecciones ahora.

Sin embargo, la profundidad del cambio acometido en el Gabinete gubernamental y la desaparición del primer plano político de algunas de sus caras más conocidas (y retóricamente abofeteadas por la oposición) como Iván Redondo, Carmen Calvo o José Luis Ábalos obligan a Casado y a los suyos a reorientar parte de su estrategia. Y en eso están.

La primera decisión ha sido intentar restar relevancia en público a la remodelación del Ejecutivo, calificándola de movimiento "a la desesperada" y centralizar en el propio Sánchez todas las críticas, las que le correspondían por cuota y las que antaño se llevaban otros escuderos. "El verdadero problema es Sánchez" es el mantra que se oye y se oirá sin descanso hasta que las vacaciones de sus señorías concedan un respiro.

A esto hay que sumar que la desaparición de Redondo del horizonte (a quien el PP culpaba de intentar controlar sin transparencia alguna el crucial reparto de fondos de la Unión Europea) no hará que este partido suelte ese hueso dialéctico con el que pretende golpear al Gobierno.

El dinero europeo seguirá encabezando el 'ranking' de los temas con los que el PP pretende martillear a un Gobierno que, según apuntan los populares, está dispuesto a "beneficiar a Catalunya a costa de los recursos de todos los demás". Pero en vez de a Redondo, a partir de ahora se disparará al presidente.

Apoyo de sus baronías

En este objetivo de hacer oposición a propósito de los fondos Next Generation, Casado será apoyado sin fisuras y sin descanso por sus presidentes autonómicos, como en las últimas horas han demostrado ya políticos conservadores tan dispares como el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco; la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el gallego Alberto Núñez Feijóo.

La Conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera servirán de escaparate a los populares para exhibir nuevo 'argumentario'

Dicha unidad de discurso se manifestará con fuerza el próximo día 30 de julio, en la Conferencia de Presidentes que Sánchez pretende celebrar en Salamanca. En todo caso, los populares prevén dejar marcado el terreno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que será convocado, según fuentes gubernamentales, antes de la reunión de presidentes y después de que el Consejo de Ministros fije el techo de gasto para los Presupuestos de 2022, en los que ya se está trabajando.

Igual que ocurrió en 2020 y 2021, el Gobierno, en línea con las decisiones europeas, mantendrá en suspenso para las cuentas del próximo año las reglas de estabilidad presupuestaria que imponen objetivos de déficit y deuda en cada ejercicio. Por esta razón, lo esperable es que en el orden del día de ese CPFF no figure la tradicional asignación de objetivos a las autonomías, que suele ser motivo de discordia.

Pero el PP ya ha avisado de que tiene serias dudas jurídicas de que eso pueda hacerse, de forma legal, sin pasar por otra votación en el Congreso, puesto que el acuerdo aprobado en 2020 era válido, a priori, solo para dos ejercicios. El Ejecutivo de Sánchez está dándole vueltas a cómo hacerlo para evitar nuevos y potenciales varapalos judiciales, especialmente después del recibido por el Tribunal Constitucional esta semana a propósito del uso del estado de alarma.

Ley de pandemias y renovaciones institucionales

Precisamente, el fallo del alto tribunal declarando inconstitucional el decreto del estado de alarma es uno de los asuntos en los que el PP está midiendo, y mucho, hasta dónde y por dónde castiga al Gobierno. No en vano, los diputados populares apoyaron en el Congreso, en varias ocasiones, su renovación durante los peores meses del covid en España. Y la polémica decisión judicial, que ha dividido al mencionado tribunal, es fruto de un recurso interpuesto por el posible futuro socio de Casado, pero también principal adversario electoral en el territorio de la derecha: Vox.

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En este contexto hay que interpretar la senda que ha tomado la dirección del PP de no entrar demasiado en el fondo de la cuestión (salvo Ayuso, que insiste en la inconstitucionalidad de la medida y exige dimisiones) y de reiterar, sin embargo, su demanda de aprobar una ley para pandemias. Además, se está difundiendo la hipotética presión de destacados socialistas como Carmen Calvo a miembros del TC para apuntar, por enésima vez y ahora con esta excusa, que no se apoyará una renovación de esta institución ni de ninguna otra pendiente de cambios.