El encierro, inconstitucional

La Generalitat deberá anular 63.626 multas por saltarse el confinamiento tras el fallo del TC

  • Interior apunta que la administración catalana ya ha cobrado 23.078 sanciones que ahora tendrá que devolver

  • Los Mossos d'Esquadra prevén desplegar 300 agentes más para hacer cumplir el toque de queda si lo avala el TSJC

 Control policial en Sant Boi durante el estado de alarma

 Control policial en Sant Boi durante el estado de alarma / Ayuntamiento Sant Boi

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

Escribe desde Barcelona

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El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunos preceptos del decreto por el que se activó el estado de alarma en toda España entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 relativos al confinamiento domiciliario. En concreto, aquellos que afectan a la libertad de circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas, así como la decisión de habilitar el Ministerio de Sanidad para decidir sobre las restricciones en sectores como el de la hostelería, la restauración y la actividad comercial, cultural y recreativa.

Durante esos tres meses, los Mossos d’Esquadra y las policías locales fueron los encargados de velar por el cumplimiento de la prohibición de deambular por las calles, ya que el Gobierno aprobó un confinamiento estricto bajo excepciones muy específicas como el abastecimiento de productos o las urgencias sanitarias. Con la sentencia del TC, todas ellas deben quedar anuladas.

El Govern estudia ahora cómo abordar esta situación y ha encargado un informe a los servicios jurídicos para que analicen a fondo la sentencia del TC cuando se publique. Según la Conselleria d’Interior, durante el primer estado de alarma abrieron 63.626 procedimientos sancionadores en los que se ha impuesto una multa en Catalunya y, de estas, 23.078 ya han sido cobradas. En total, todavía hay 146.000 expedientes sancionadores en trámite. Con la decisión del alto tribunal, las denuncias no abonadas se deben archivar y las ya cobradas por la administración podrán ser reclamadas por los usuarios.

Las denuncias se sustentan sobre la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', en los casos de infracción grave (de 601 hasta 30.000 euros) en los que se alega "desobediencia o resistencia a la autoridad", así como "la negativa a identificarse". Y, en las infracciones consideradas leves (de 300 hasta 3.000 euros), se acogen a la ley de salud pública por "incumplimiento de los requisitos higiénicos y sanitarios y de las obligaciones o prohibiciones de otras normas sanitarias, si estos incumplimientos no tienen repercusión directa en la salud".

El 15 de diciembre, el Govern creó el programa para la gestión del impacto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 en el Departament d'Interior y contrató a 59 personas entre técnicos y administrativos para apoyar en la gestión de las sanciones al personal que trabaja en Servicios de Administración de las Regiones Policiales de la Dirección General de la Policía desarrollando tareas vinculadas a estos expedientes.

Más control policial

Ante la expansión del covid en Catalunya, el Govern ha solicitado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que avale un toque de queda nocturno de la una de la madrugada a las seis de la mañana en 161 municipios catalanes e Interior ya ha diseñado un dispositivo policial específico para controlar las calles. El 'conseller' Joan Ignasi Elena ha explicado en rueda de prensa que incrementarán las patrullas con hasta 300 agentes más que, desde las 22 horas, se repartirán principalmente por Barcelona y el litoral en coordinación con las policías locales de forma preferente los jueves, viernes y sábado. En total suponen 17 unidades de orden público (100 mossos), 61 de seguridad ciudadana (122 agentes) y 35 de paisano (70 uniformados), lo que conlleva unas 75.000 horas extras en la policía catalana.

Elena ha pedido a la ciudadanía "contención, prudencia y autoprotección", mientras el titular de Salut, Josep Maria Argimon, ha asegurado que la situación epidemiológica es "muy pésima". Tras repasar los criterios sanitarios que fija el Govern para el confinamiento nocturno -poblaciones de más de 5.000 habitantes y con un índice de incidencia acumulada igual o superior a los 400 casos por 100.000 habitantes-, Argimon ha dicho ser muy consciente de que la medida limita derechos fundamentales, por lo que ha defendido que el Govern está siendo "muy cuidadoso" en los parámetros establecidos ante unos datos muy preocupantes de contagio. Y es que el umbral elegido es muy superior al de 'alto riesgo' que se fija en 125 casos por cada 100.000 habitantes porque si se atañen a este índice deberían pedir el encierro en toda Catalunya y el TSJC podría vetarlo, ha justificado.

Revisión cada semana

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La portavoz el Govern, Patrícia Plaja, ha dado por hecho que, si el TSJC da su plácet a las restricciones, estas se alargarán durante más de una semana, pero ha subrayado que revisarán cada 7 días el toque de queda en cada municipio para ser "quirúrgicos". "Confiamos en que la Justicia no tenga nada más en cuenta que los criterios de salud que han llevado al Govern a tomar esta decisión [...] Esperamos que tenga en cuenta que la medida es para salvar vidas", ha expuesto.