El juez ve "malversación" en una empresa que organizó actos de Puigdemont

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruye el 'cas Voloh" de presunta corrupción y financiación irregular del 'procés', ha abierto una nueva vía de investigación que parte de la empresa Iniciatives Events, que organizó actos del 'expresident' Carles Puigdemont y prestó apoyo logístico a Tsunami Democràtic. A su entender, de la documentación intervenida en el registro de su sede se deprende que esta compañía presuntamente habría malversado caudales públicos de forma "sistemática y continuada", afectando "a una gran variedad de personas de relevancia pública". La Guardia Civil está rastreando la contabilidad y las adjudicaciones con distintas administraciones.

Así lo sostiene el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que acuerda prorrogar otros seis meses la instrucción del "caso Voloh", que indaga el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' y supuesto tráfico de influencias en negocios de miembros del denominado 'estado mayor' de Puigdemont, entre ellos el 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell y el excargo de CDC y empresario David Madí.

El juez justifica la prórroga de la instrucción en la necesidad de investigar, entre otras cuestiones, la actividad de Iniciatives Events, empresa cuyos dos responsables, Antoni Fusté y Roc Aguilera, fueron detenidos el pasado mes de octubre en la operación de la Guardia Civil. Los agentes se incautaron abundante documentación en papel y electrónica en las oficinas de la firma.

Apoyo logístico

Según sostenía el juez en el auto en que autorizó las entradas y registros, la empresa, especializada en actos culturales y deportivos, prestó apoyo logístico a acciones de ANC o Tsunami y organizó actos de Puigdemont, como el que tuvo lugar en Perpinyà (Francia) en febrero del año pasado o la reunión que mantuvo con su antecesor en el cargo, Artur Mas, y su predecesor, Quim Torra. Iniciatives Events ha trabajado para distintas administraciones.

El juez Aguirre prorroga la investigación por las presuntas actividades delictivas señaladas por la Guardia Civil en los que estarían implicados Vendrell y Madí, pero también el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, el empresario Oriol Soler, entre otros. El togado alega que la Guardia Civil tiene que presentar, al menos, 137 informes de análisis referentes a los teléfonos móviles, tabletas electrónicas, ordenadores y correos electrónicos y que, por ahora, solo han acabado 70 dictámenes. Después de recibirlos podrá iniciarse la ronda de declaraciones de testigos y si es precios de imputados.

Por otra parte, la Guardia Civil ha remitido al juez la transcripción de una conversación entre David Madí y el apoderado de una consultora, en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball, se reunió con Iván Redondo, el que fuera hasta el pasado lunes jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese encuentro, "de pequeño comité", explica Madí a su interlocutor, Redondo les "explicó" sobre el reparto de los fondos europeos de reconstrucción. "Eso será una merienda de negros", añade.