El Gobierno muestra su enfado por el fallo "sin precedentes" del TC sobre la alarma

El Gobierno y el PSOE no ocultan su tremenda irritación por el varapalo infligido por el Tribunal Constitucional, que anuló este miércoles el confinamiento general aplicado en España en el primer estado de alarma. Nada más conocerse la noticia, el Ejecutivo aseguró que "respeta" la sentencia, aunque mostró su "sorpresa por su carácter inédito" y advirtió de que es una decisión "sin precedentes". Horas más tarde, la recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop, con un mensaje menos duro, defendió que "la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales" y que el confinamiento salvó "cientos de miles de vidas". 

El Ejecutivo estudiará la resolución del TC, adoptada por una mayoría de seis votos contra cinco, "lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo", consecuencia de un recurso presentado por Vox. En efecto, la sentencia salió adelante con los votos particulares de dos magistrados conservadores —el presidente, Juan José González Rivas, y Andrés Ollero—, y de tres progresistas, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. El TC tacha de inconstitucionales y nulos, primero, los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del real decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Es decir, que no son conformes a la Carta Magna la limitación de movilidad de personas y vehículos en espacios y vías públicas, y tampoco el cierre a la circulación de carreteras o de tramos de ellas. También el tribunal de garantías declara inconstitucional el apartado 6 del artículo 10 de la norma, que habilitaba al Ministerio de Sanidad "modificar" o "ampliar" las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales o actividades recreativas, así como las actividades de hostelería o restauración. Es decir, que el Constitucional anula, por tanto, las medidas más duras decretadas por el Gobierno durante el primer estado de alarma, que se extendió desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020. Entiende que la herramienta idónea tenía que haber sido el estado de excepción.

El Gabinete alega, en su contundente reacción, que todos los países de nuestro entorno han recurrido a fórmulas similares para contener el covid

El Gabinete de Pedro Sánchez, pese al golpe del TC, se reafirma en que el real decreto 463/2020 era "absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma". "Estamos ante una decisión sin precedentes —esgrimen fuentes del Ejecutivo—, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a fórmulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia". Llop puntualizó que el 14 de marzo de 2020, después de que la OMS declarase la pandemia, el Gobierno tenía el "deber" de tomar "medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas". Así, aferrándose al artículo 116 de la Constitución, decretaron el estado de alarma que, según se desarrolla en la ley orgánica 4/1981, está previsto para "crisis sanitarias, tales como epidemias". 

Vox se descolgó antes, y el PP después

Es más, el Ejecutivo defiende que sin esa herramienta, que le permitió decretar el confinamiento general de todo el país, "no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días". Llop tasó en "cientos de miles" las muertes que se evitaron al imponer el confinamiento. 

El Ejecutivo no se pronuncia sobre el fondo de la resolución: que el marco legal para restringir derechos tan fundamentales debía ser el estado de excepción

El TC entiende que la fórmula del estado de alarma no era respetuosa con la Constitución porque restringía la movilidad de los españoles. Cree que el Gobierno debió de haber echado mano de otro instrumento, el estado de excepción, un peldaño más y mucho más severo. El Gobierno no hace referencia a este punto. Fuentes socialistas explican que el estado de alarma es "más respetuoso y menos invasivo" con los derechos de los ciudadanos que el estado de excepción. Además, recalcan que para aplicar este último es necesario primero, como estipula la Carta Magna en el 116.3, el visto bueno del Congreso y en aquellos momentos se debía actuar con rapidez. Asimismo, señalan que el propio TC respaldó en un auto del 30 de abril de 2020 la alarma, "y el Supremo también entendió que era la herramienta adecuada", de ahí que "sorprenda que adopte una decisión contra su propio criterio y el del TS".

Aquel real decreto 463/2020 fue montado con celeridad por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y su equipo —su directora de Gabinete, Bela Valldecabres; el subsecretario, Antonio Hidalgo, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes—, más el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, desde el lunes ministro de la Presidencia.

Exigencia de dimisión y elecciones

Desde el Gobierno recuerdan que el Constitucional dictó su fallo tras el recurso de Vox, "formación que por cierto votó a favor del estado de alarma cuando este fue presentado por primera vez ante el Congreso". La primera ampliación recabó 321 síes (PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, CC, Nueva Canarias, Teruel Existe, PRC, UPN y Foro), ninguno en contra y 28 abstenciones (ERC, EH Bildu, JxCAT, BNG y la CUP). La segunda extensión ya recibió menos apoyos (270) y más votos en contra, 54 (los 52 de Vox y los dos de la CUP). El PP votó a favor de las tres primeras ampliaciones, se abstuvo en la cuarta y votó en contra de la quinta y sexta.

En el PSOE recuerdan que hay "ocho magistrados conservadores y tres progresistas". "¿Por eso el PP no quiere renovar el TC?", preguntan

Tras conocerse la noticia, las formaciones de la derecha no tardaron en lanzarse contra el Gobierno. Santiago Abascal, líder de Vox, acusó al Ejecutivo de haber realizado "la mayor vulneración de derechos de la historia" y se congratuló la decisión adoptada por el Constitucional. Además, el presidente del partido ultra sacó pecho de que "solo Vox" estuviera en contra del estado de alarma y de haber presentado un recurso ante el TC "para defender los derechos y libertades de los españoles". Por último, exigió la dimisión del Gobierno en bloque y la convocatoria de elecciones.

Pablo Casado tampoco quiso dejar la oportunidad de recordar que el PP también se opuso al estado de alarma. El líder popular defendió que en sede parlamentaria dijeron que la medida “desbordaba el marco constitucional”, pero que la apoyaron por “responsabilidad”. 

La dirección socialista recuerda que el actual TC cuenta con "ocho magistrados conservadores y tres progresistas". "¿Este es el motivo por el que el PP no quiere renovarlo?", se preguntan. Tras la renuncia de Fernando Valdés, la cuota progresista se reduce a los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Pero la vicepresidenta del tribunal, Encarna Roca, fue elegida por el PSOE y CiU, y este miércoles desempató a favor de los conservadores. "Es lamentable que PP y Vox utilicen la sentencia como elemento de confrontación, cuando fue un instrumento legal que permitió salvar vidas", remachan en la cúpula del PSOE.