Interior compró "de urgencia" 25.000 balas de foam durante los disturbios contra la sentencia del 'procés'

El uso de las lanzadoras GL-06 de proyectiles viscoelásticos –más conocidos como balas de foam– en manifestaciones violentas está en el aire. El actual ‘conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, elude defender su idoneidad como herramienta de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y deja en manos del Parlament su futuro: una comisión debatirá si la policía puede dispararlos o debe prohibirlos, como ya sucedió a finales de 2013 con las pelotas de goma. Lo paradójico del caso es que, según las cifras a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO a través de una petición al Portal de Transparencia, los Mossos disponen actualmente de más proyectiles de foam que nunca después de que el ‘conseller’ Miquel Buch comprara por la vía de urgencia 25.000 cartuchos el 22 de octubre de 2019, cuando estallaron las duras protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’. 

Actualmente, el ‘stock’ es de un total de 39.445 proyectiles de foam: 34.420 de 50 metros de alcance y 5.025 unidades de 30 metros. Y no son baratos. Según la información remitida por la Conselleria de Interior, la Generalitat, desde 2014, ha firmado tres contratos con la misma empresa (Eurodistribución de Sistemas España) para comprar estas balas de impacto. El primero, de 16 de abril de 2014, asciende a un total de 240.891 euros y supuso la adquisición de 9.900 cartuchos y 29.000 capsulas iniciadoras para prácticas. El segundo, con fecha del13 de junio de 2016, asciende a 450.404 euros y entregó a los Mossos 15.000 proyectiles y 80.000 capsulas iniciadoras a 0,28 euros la unidad (en esta comanda también adquirieron 400 cartuchos de gas).

Imputados dos mossos por la pérdida de un ojo por un proyectil de 'foam'

Y el último, con fecha de 22 de octubre del 2019, se contrató por la vía rápida, lo cual aumentó el precio de cada unidad. Este se firmó el 22 de octubre, ocho días después del estallido de los disturbios que comenzaron con el intento de bloqueo del Aeroport de Barcelona, el 14 de octubre, y que alcanzó su clímax en la protesta de la plaza de Urquinaona, el 18 de octubre. La Conselleria de Buch pagó hasta 721.462 euros por 25.000 proyectiles. La Generalitat había pagado 27,48 euros por unidad en 2016 y tres años después desembolsó hasta 28,85 euros por unidad. Este material procede de Suiza y un envío de urgencia siempre es más costoso.

Una compra en plena tormenta política

El 14 de octubre de 2019, tras conocer el fallo por el 1-O, el entonces ‘president’ Quim Torra compareció desde Palau junto a los miembros del Govern y otros representantes institucionales para tildar la sentencia de “acto de venganza, no de justicia”, al tiempo que animó a los soberanistas a manifestarse en las calles “con determinación, serenidad, firmeza, civismo, sentido democrático y pacífico” ante “una causa justa porque la causa de la libertad es de justicia”.

Cuando los disturbios se esparcían por las calles de Barcelona noche tras noche, el Govern se resquebrajó por los discursos de doble filo. De un lado, animaban a la movilización y, de otro, tenían el deber institucional de mantener el orden público y los abogados de la Generalitat pedían prisión con fianza a los detenidos. Torra sorteó la condena a la violencia (“es fantástico ver al pueblo movilizado”, dijo) pero terminó haciéndolo, aunque achacó los desperfectos a “grupos infiltrados y provocadores”, una tibieza que chocaba con el entonces ‘conseller’ Buch, que denunciaba esos actos como “intolerables”. Por su parte, ERC, que ahora tutela Interior, entonces ponía el foco sobre los Mossos y exigía revisar los protocolos tras actuaciones policiales de dudosa proporcionalidad.

En siete años se han adquirido 159.300 balas de foam por 1,4 millones de euros en tres contratos

Sin alternativas al foam

Que Buch solicitara aquella contratación se debió sin duda a que los Mossos alertaron de que si el ritmo de protestas se mantenía –durante esos días se dispararon más proyectiles de foam que en cualquier otro episodio– existía un riesgo real de agotar la munición. También de que, para los Mossos, disponer de esta munición, ahora en tela de juicio, era necesario. En los últimos años se han descartado las pelotas de goma o el gas pimienta –el simple anuncio de su posible uso por parte de los Mossos antes de la sentencia le costó el cargo a la jefa de prensa de Buch, Joana Vallès–.

También se ha dejado para casos de extrema gravedad el recurso del llamado ‘carrusel’ –pasadas de las furgonetas a gran velocidad– por el riesgo de atropello que entraña. Y no ha convencido por motivos distintos ni la ‘tanqueta’ de agua, los cañones de sonido o las granadas aturdidoras. Es decir, a los Mossos, para contener altercados, entre la porra y el arma de fuego, solo les quedan ahora los proyectiles de foam.

Pero los proyectiles de foam no son una herramienta de las consideradas ‘robustas’ como lo eran las pelotas de goma. Estas balas pesan cinco veces menos que las pelotas y salen disparadas con una energía seis o siete veces inferior. La trayectoria que siguen las pelotas es azarosa y rebotan. Pueden hacer mucho daño a cualquier persona que se encuentre en el lugar de la manifestación aunque no necesariamente cerca de donde apunta el agente. Una decena de ciudadanos han perdido un ojo en Catalunya por impacto de pelotas de goma. Además, el ruido del disparo de las escopetas asusta.

Las balas de foam, a diferencia de las pelotas, se presentaron como un instrumento para posibilitar el arresto de manifestantes violentos porque da al agente un tiro de alta precisión y porque su impacto en el individuo sencillamente debería ‘dormir’ la zona del cuerpo golpeada. A pesar de no tener la consideración de herramienta para dispersar y también ha mutilado el ojo a una joven de 19 años. La mujer recibió el impacto de un proyectil, supuestamente disparado de la línea de los Mossos que defendía la comisaría de la Policía Nacional de los lanzamientos de piedras y botellas efectuado por manifestantes en una de las primeras protestas tras el ingreso en la cárcel del rapero Pablo Hasél. El Parlament debe decidir ahora qué deben usar los Mossos.

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