El Govern pide a Sánchez que frene al Tribunal de Cuentas

El Govern interpreta los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a una cuarentena de exaltos cargos de la Generalitat por gastos vinculados a la acción exterior como una "persecución" que el Gobierno no puede pasar por alto. Un "ensañamiento", aducen, que puede enturbiar el deshielo entre gobiernos y que ya ha puesto en alerta al PP, que se moviliza para que el presidente Pedro Sánchez no interfiera con "presiones" al órgano administrativo.

Una de las opciones, la que pide abiertamente Junts, es que el Ejecutivo dé instrucciones a la Abogacía del Estado para que se retire de estas causas, aunque la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, se limitó a reclamar a Sánchez que "además de tomar nota, trabaje en una solución". "Esperamos pasos del Gobierno en este caso [...] No puede mirar para otro lado", remachó. El 'president' Pere Aragonès aprovechó la cita en la Moncloa para exigir que se frene la "represión económica", defendió que "no hay caso" y que la Generalitat no se considera "administración perjudicada" como alega el Tribunal de Cuentas, pero dejó en manos de los servicios jurídicos -que prestan apoyo a los perjudicados- los próximos pasos a seguir. El exjefe del Govern Artur Mas achacó a la voluntad del Estado de "perseguir la muerte política y civil" de excargos independentistas la causa y el 'expresident' Carles Puigdemont enmarcó el procedimiento en un "franquismo de fondo y forma".

La maniobra del organismo fiscalizador, considerado por el soberanismo como un órgano "parajudicial", abre un nuevo frente al Gobierno que insiste en que no puede interferir, pero que sus decisiones son recurribles ante la justicia. Pero, pese a esto, el PP salió en tromba a criticar a Sánchez y a los ministros del Gobierno que ven esta decisión como "una piedra en el camino" para la desjudicialización del conflicto catalán. La portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, les acusó de "asediar" al tribunal, al tiempo que Cs cargó contra la nueva etapa de "concordia" que promueve el Ejecutivo y que, a su juicio, no es más que la entrada en un "periodo de reafirmación y victoria separatista". Desde el PP catalán, la diputada Lorena Roldán exigió a los independentistas "que devuelvan hasta el ultimo céntimo”.

Los populares tienen mayoría en la elección de miembros del Tribunal de Cuentas, por lo que tanto los 'comuns' como el PDECat, cada uno por su lado, anunciaron propuestas para “despolitizar” este órgano que, a su juicio, el PP usa para “boicotear” la nueva etapa política en Catalunya. La CUP optó por elevar el tono ante el diálogo entre gobiernos y las fianzas millonarias que solicitan a los excargos de la Generalitat: "Esto es la enésima parte de la 'Operación Catalunya' que empezó en 2017, pero con la novedad de que el Estado quiere iniciar una nueva etapa en la que al palo se ha sumado la zanahoria", advirtió el diputado Xavier Pellicer.