Recuerda que las resoluciones son recurribles

El Gobierno lanza un gesto al Govern y redobla la presión al PP para renovar el Tribunal de Cuentas

  • La portavoz acusa al PP de "boicotear" las instituciones y no cumplir la Constitución para preservar unas "mayorías" que le benefician

  • Aunque Montero pide esperar al fin del mandato de los actuales consejeros de Cuentas para ver si hay que reformar la ley, fuentes del Ejecutivo lo descartan

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, junto a los titulares de Justicia e Igualdad, Juan Carlos Campo e Irene Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 29 de junio, en el que el Ejecutivo aprobó la nueva LGTBI que amplía los derechos de las personas trans.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, junto a los titulares de Justicia e Igualdad, Juan Carlos Campo e Irene Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 29 de junio, en el que el Ejecutivo aprobó la nueva LGTBI que amplía los derechos de las personas trans. / EFE / JAVIER LIZÓN

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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El Gobierno reconoce, en privado, que no tiene "ningún margen" para intervenir en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas contra los 41 altos cargos independentistas a los que el máximo órgano fiscalizador del Estado les reclama un total de 5.422.879,48 euros por el presunto uso indebido de fondos públicos para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat. En público, recuerda que el TCu es un órgano de naturaleza constitucional, pero no judicial, y cuyas resoluciones son recurribles. Y también presiona al PP para que se avenga a renovar sus miembros, ya que su mandato caduca el mes próximo. Es la respuesta que ofrece por ahora al independentismo, para el que la causa por responsabilidad contable de la promoción exterior del 'procés' es una muestra más de la "represión" del Estado.

Este martes, la entrevista de Pedro Sánchez y el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, arranca con el peso de las altas fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a esos más de 40 altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. En concreto, al primero se le reclaman 2.797.993 euros, y al segundo exjefe de la Generalitat, huido de la Justicia, 1.981.454,47 euros. A Oriol Junqueras, indultado la semana pasada por el Gobierno, se le piden 1.969.154,51 euros, y a los 'exconsellers', Francesc Homs y Andreu Mas-Colell, 2,9 y 2,7 millones de euros, respectivamente. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, demandó al Ejecutivo que no mire para otro lado, y que además de tomar nota, "trabaje en una solución".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, respondió, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete, aferrándose a las palabras de ayer lunes de Sánchez en la SER: recordó que el TCu "no es un órgano judicial, sino constitucional", y lo que le toca "exigir" al Gobierno es "reclamar" del PP que proceda a la renovación de este y otros órganos constitucionales -como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial- que van a ver o tienen ya cumplido su mandato. Para el Ejecutivo, "no es de recibo", es una actitud "tremendamente antidemocrática" no acatar la Constitución, que obliga al relevo en las instituciones del Estado. Según reiteró Montero, es "exigible" que el PP, que enarbola la bandera constitucional día sí y día también, cumpla con la Carta Magna y pacte la renovación de los órganos, y no puede ejercer el "boicot" porque cree que "le benefician las mayorías" actuales.

La actual composición del TCu procede de 2012, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta: eligió a 7 de los 12 consejeros

La actual composición del Tribunal de Cuentas procede del pacto de populares y socialistas de 2012, cuando Mariano Rajoy gozaba de una confortable mayoría absoluta: siete consejeros fueron elegidos a propuesta del PP -entre ellos, la actual presidenta, María José de la Fuente y de la Calle- y cinco aupados por el PSOE (uno pactado con IU) para un periodo de nueve años, que concluye el mes próximo, ya que su nombramiento fue publicado en el BOE el 21 de julio de 2012. Sin embargo, la cuota progresista es hoy menor, ya que uno de los consejeros de Cuentas elegido por el PSOE, Lluís Armet, renunció al cargo en enero de 2018 y su vacante no ha sido cubierta.

Que no sume "un órgano más"

El pasado viernes, en la SER, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reconoció que el procedimiento abierto en el TCu -este martes concluyó la fase de instrucción, y ahora falta la de enjuiciamiento, que se sustanciará en una doble instancia antes de que pueda ser visto en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- no deja de ser una "piedra en el camino" en el proceso de diálogo con la Generalitat. "Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad", afirmó. Sin embargo, Sánchez no llegó este lunes tan lejos, ni tampoco lo hizo Montero este martes, preguntada tras el Consejo de Ministros. La portavoz insistió en que el Ejecutivo "no se pronuncia" sobre las resoluciones del órgano fiscalizador, y aquellos que entiendan que se están "conculcando sus derechos" podrán acudir a la vía judicial. El Gobierno, pues, manifiesta su "respeto" a las investigaciones por responsabilidad contable del TCu.

Campo subraya que el "bloqueo deliberado" de las instituciones hace "mucho daño" a la democracia, cuya "esencia" es la renovación de órganos

A todas las preguntas de la prensa, la ministra respondió atizando al PP, que no puede, a su juicio, "sumar un órgano más" en la lista de instituciones bloqueadas. Y es que la formación de Pablo Casado ya ha advertido de que no pactará el relevo, y de hecho ha denunciado el "asedio del sanchismo" al TCu.

El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que compartía la rueda de prensa en la Moncloa con la responsable de Hacienda y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, observó que un "bloqueo deliberado" de las instituciones es una manera de "hacer mucho daño a la democracia". La democracia son sus instituciones y el funcionamiento de las mismas, insistió, y la "demora flagrante" en su renovación "no lo está permitiendo". En su opinión, "no hay alternativa ni excusa". "Si nos creemos la Constitución, cumplámosla. Con posturas obstruccionistas no se está fortaleciendo una democracia fluida y renovada. La esencia de la democracia es la renovación", subrayó.

La Abogacía "no presenta demanda"

Campo también contestó a la posibilidad de intervención del Gobierno. Recordó que lo que "dice la doctrina y lo que se hace cada día" en el Tribunal de Cuentas es que una vez que se hace la liquidación provisional -acto que se sustanció este martes-, "la Abogacía del Estado no presenta demanda".

A la portavoz se le preguntó si cabría una reforma legal, como ya de hecho el Gobierno se planteó hace meses, para modificar el procedimiento de elección de los miembros del TCu. La ley orgánica de 1982, que regula el órgano fiscalizador del Estado, establece en su artículo 30 que los consejeros de Cuentas "son elegidos por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras".

La portavoz reconoce que una renovación del órgano no alteraría el curso de los procedimientos ya en marcha

Pero esta es una disposición que figura en la norma, no en la Constitución, y por tanto bastaría una mayoría absoluta (es de rango orgánico) para cambiarla. Lo mismo ocurre con el Defensor del Pueblo. Montero señaló que, como el mandato de los miembros del TCu vence a finales de julio, el Ejecutivo va a dar una "oportunidad" al PP para que "rectifique". "Vamos a esperar antes de anticipar" los siguientes pasos, dijo.

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La ministra no descartó, por tanto, una revisión de la ley. Sin embargo, fuentes del Gobierno recalcaron posteriormente que no está en agenda ninguna modificación legislativa para cambiar las mayorías. Ya se desechó esa reforma para el CGPJ, y ahora no se quiere recuperar esa opción para el TCu. De modo que lo que le queda al Ejecutivo es seguir presionando al PP y que el independentismo perciba que la obstrucción viene de la formación de Casado. En todo caso, también reconoció la portavoz que una renovación del órgano no alteraría el curso de un procedimiento ya en marcha: "No es elegible que un partido bloquee, boicotee o directamente incumpla el mandato constitucional, no es que su composición vaya a alterar o no las investigaciones que se puedan iniciar o que estén en curso. Es que para el buen funcionamiento de un órgano es necesaria su renovación".