'Caso Kitchen'

El calvario del inspector que investigó la 'Gürtel'

  • Se intentó tentar al responsable de investigar la trama de corrupción con un destino de su elección mejor pagado

  • Al negarse, le sobrecargaron de trabajo, le obligaron a modificar sus informes y sospecha que le mentían sobre Bárcenas

El calvario del inspector que investigó la 'Gürtel'

DAVID CASTRO

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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Cuando se aprovechan las instituciones del Estado para alguna mala práctica, no solo resultan afectados sus potenciales víctimas, también lo son los funcionarios que no se prestan al juego. El inspector al frente de la investigación del 'caso Gürtel' es una muestra de ello. Como testigo en el juicio de la caja b del PP y ante el juez Manuel García-Castellón, el inspector Manuel Morocho explicó cómo trataron de entorpecer sus pesquisas, alternando el palo y la zanahoria, con el objetivo de que no pudiera profundizar en la investigación de la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP.

La zanahoria se ocupó de ofrecérsela el comisario José Luis Olivera, que este lunes declarará ante el instructor del 'caso Kitchen' como imputado. Se la planteó en una cafetería en forma de destino soñado por cualquier policía: Lisboa, la ONU o la embajada que quisiera. Todos con mejor retribución que la que tenía en Madrid y con una presión mucho menor que la que implicaba estar al frente de la UDEF en el momento en que investigaba la 'Gürtel', incluso sin las circunstancias en las que tuvo que hacerlo él.

El palo en las ruedas de las pesquisas tuvo varias formas. Una consistió en sobrecargar a Morocho de trabajo, obligándole a compatibilizar los informes que preparaba para el instructor de la 'Gürtel' con los que tuvo que hacer en otras causas, como el 'caso Campeón', en el que el Tribunal Supremo tuvo que decidir si investigaba al exministro socialista José Blanco por un supuesto tráfico de influencias que acabó desechando.

Otra pasó por dificultar sus dictámenes, reteniéndolos durante semanas o pidiéndole que quitara el membrete de la unidad policial que lo había hecho, a lo que accedió solo en una ocasión. Por supuesto, también le reclamaron retirar nombres, como el de Ignacio López del Hierro, esposo de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, por ser amigo del principal imputado en el caso en el que se investigan las cloacas policiales, José Manuel Villarejo.

Sospechas de mentiras

Ante el instructor de la 'Kitchen', Morocho declaró durante dos días. El segundo afirmó que llegó a tener sospechas de que le habían dado información falsa sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, en relación con que pensaba salir del país, con el objetivo, cree, de que cometiera como mínimo un error en la investigación de la 'Gürtel' que pudiera llegar a provocar una nulidad de actuaciones que impidiera ahondar en la trama corrupta.

Todo esfuerzo debía merecer la pena, porque la sentencia de la primera época de la red de corrupción, la que engloba de 1999 a 2005, provocó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno. Y por lo que está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 6 iba parejo al dispositivo parapolicial puesto en marcha desde el PP o el Ministerio del Interior para arrebatar al extesorero del partido Luis Bárcenas lo que pudiera comprometer a la formación presidida por Mariano Rajoy y que así no lo pudiera entregar en la Audiencia Nacional.

Acelerar cierres

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Morocho también fue presionado para rebajar los indicios que encontraba contra el PP, como cuando un superior le obligó a retirar la expresión “el flujo de dinero genera una propensión de favores”. También le hicieron saber que el entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, había dicho que tenían "que hacer ya el informe de las constructoras” donantes del partido, porque el "objetivo era cerrar la investigación" sin que diera tiempo a profundizar en ella y poder sentar en el banquillo a sus responsables.

La situación fue tan grave que sus superiores eran informados de que estaba en la Audiencia Nacional por los policías que custodian el edificio, no por él, porque mostraron tal desconfianza en su labor que le acusaron de redactar sus dictámenes pensando en titulares de prensa. Para garantizar la confidencialidad tuvo que hacer un barrido del despacho el primer instructor del caso, Pablo Ruz, en busca de aparatos de escucha y, aún así, por seguridad, hablaban en la oficina judicial.