Sánchez se la juega con los indultos

A veces los gobiernos se enfrentan al abismo. A decisiones complejas, delicadas, cuyo éxito no está garantizado, pero que sienten que deben tomar y que, para bien o para mal, marcarán la historia, el devenir de un país. Medidas que ejercen una función casi de viaje iniciático, que reenfocan el mandato de un presidente. La de este martes fue una de esas. La concesión de los indultos, parciales y condicionados, y por razones de "utilidad pública", a los nueve presos del 'procés' tras una reunión de más de cuatro horas del Consejo de Ministros. El Ejecutivo da un "primer paso" en la voluntad de "reencuentro" consciente de las "dificultades", como reconoció el presidente en una breve declaración institucional sin preguntas (y sin redactores delante) en las escalinatas de la Moncloa, pero entiende que el tiempo ha llegado. Que es "el momento de la política", de "pasar página", de "volver a la vía que nunca se debió abandonar". Y ahora pide correspondencia. Que su gesto tenga respuesta. "Hemos dado un paso, ahora le toca al independentismo", advertían fuentes gubernamentales.

El Gabinete de coalición no concibió la aprobación de los indultos como un mero formalismo, pese a que había allanado el terreno desde hace casi un año y pese a que la argumentación ya había sido trabajada a lo largo de una campaña intensa y extensa por parte de la Moncloa en el último mes, y que tuvo su plasmación en los nueve expedientes individualizados de cada uno de los reos, cada uno de unas 30 páginas. Casi todos los ministros participaron en un debate "muy constructivo y positivo", "muy político", según resaltaban algunos de sus miembros. Y "unánime", ya que hasta la responsable más distanciada de Unidas Podemos, Margarita Robles, apoyó la medida de gracia sin fisuras, como ya hizo públicamente hace unos días.

El Gobierno de Pedro Sánchez conmuta todas las penas de prisión pero mantiene intactas las inhabilitaciones para ejercer cargo público y además impone una condicionalidad, el tiempo durante el cual el indulto puede ser revertido si se comete un delito grave (penado con cinco o más años de cárcel). Ese periodo de garantía fluctúa entre los tres años que se fijan para la 'exconsellera' Dolors Bassa a los seis máximos marcados para el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y para los 'exconsellers' Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn. En la banda intermedia quedan la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el 'exconseller' Raül Romeva (4) y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (5).

Durante el Consejo, “muy político” y “unánime”, que se extendió durante más de cuatro horas, se subió la condicionalidad de Junqueras: de 4 a 6 años

En la gradación, el Ejecutivo tuvo en cuenta su comportamiento, sus posiciones políticas y la posibilidad de reincidencia. Por eso los Jordis salen peor parados proporcionalmente, ya que sus condenas fueron más bajas (nueve años) y, en cambio, el tiempo de cautela está solo un paso por detrás del impuesto al jefe de ERC. El Consejo, de hecho, introdujo un cambio de última hora respecto a Junqueras, al aumentarle la condicionalidad de cuatro a seis años. Los reales decretos recibieron la firma del Rey por la tarde y este miércoles salen publicados en el BOE. A partir de ese momento, el Supremo ordenará las excarcelaciones de manera inmediata. A las 12.00 quedarán en libertad, después de 1.328 días entre rejas (1.345 los Jordis).

Sánchez había defendido el "cumplimiento íntegro de las penas" en la campaña electoral de 2019. Pero han pasado dos años y la decisión hoy, aseguró, es la "mejor para Catalunya" y para el resto de España y "la más conforme con el espíritu de concordia de la Constitución". Esgrimió, como había hecho el lunes en Barcelona, que los indultos afectan a nueve dirigentes independentistas, pero se dirigen tanto a la población que les apoya como a la que discrepa o la que siente que ya han cumplido suficiente castigo. Es un movimiento, dijo, a favor de la "convivencia" y la "concordia", un camino plagado de "dificultades", pero "merece mucho la pena" intentar recorrerlo. El Gobierno quiere "abrir una nueva etapa de diálogo" y cerrar, "de una vez por todas, la división y el enfrentamiento".

"Hay metros que se pueden recorrer"

"La democracia española demuestra hoy [por este martes] su grandeza y es una buena ocasión para que demuestren la suya también aquellos que la cuestionan". Ese era el aviso claro del presidente. Como luego explicaban en el Gobierno, "ahora" a quien le toca mover ficha es al independentismo. "Sin duda". ¿En qué se traduce? En "dosis de realidad y pragmatismo" para avanzar en propuestas "viables" dentro de la Constitución y de la ley, ahondó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Si el soberanismo no se sale del marco de la amnistía y el referéndum de autodeterminación, que no asumirá nunca el Gabinete -lo considera inconstitucional-, insistió, entonces no habrá salida, serán planteamientos "inmovilistas", que no permitirán "avanzar".

El Gobierno aduce que las penas tan elevadas no eran entendidas fuera de España y está convencido de que el separatismo no regresará a la vía unilateral

Lo que Sánchez persigue es una propuesta "transversal", que reciba el apoyo, al menos, del 73,90% que cosechó la reforma del Estatut de 2006. La oferta del Gobierno no está aún definida, porque quiere escuchar a la otra parte, la Generalitat, en la mesa de diálogo. Entiende que hay que recomenzar, "empezar de nuevo, no de cero", sin tropezar "dos veces en la misma piedra". Salir de una "espiral tóxica". El Ejecutivo, en fin, cree que la salida es la profundización del autogobierno, y en ese camino "hay metros que se pueden recorrer y recorrer juntos", en palabras de Montero. Los socialistas enfrían la opción de una modificación estatutaria. ¿Y la recuperación de aquello que recortó el Constitucional del Estatut en 2010? "No estamos en ese punto", zanjan en el Gobierno, sin mayor precisión, porque todo queda a expensas de la conversación entre ejecutivos.

La primera visualización de la nueva etapa llegará en apenas "unos días", con la entrevista de Sánchez y el 'president', Pere Aragonès, aún sin fecha oficial, y continuará con el foro entre gobiernos. A la mesa el Ejecutivo acudirá "con voluntad de hablar pero con límites claros, la Constitución y la ley. Echaremos las horas que hagan falta y podemos encontrar una salida negociada y buena para los dos, con inteligencia", indican fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su breve declaración institucional, tras la aprobación de los indultos a los nueve presos del ’procés"

En este segundo tramo de la legislatura, Sánchez deberá caminar solo con sus socios de investidura: los puentes con la derecha han volado por completo. En el equipo de Sánchez están convencidos de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no tumbará los indultos. Primero, porque dudan de la capacidad de PP, Cs y Vox para recurrir, por falta de legitimación. Y segundo, porque creen que los expedientes -armados entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños- están bien construidos. El TS, dicen, no puede entrar en la pertinencia de la gracia, porque es una decisión política, y sí podría anularlos si se hallaran poco motivados, pero, "con 30 páginas cada uno" y tras haber "seguido escrupulosamente el procedimiento", no atisban una derrota judicial.

"Victimismo y desafección"

El Gabinete de coalición hace valer en sus expedientes, de hecho, una argumentación netamente política, y así lo explicará a la opinión pública. Uno, para "restablecer la concordia", "normalizar las relaciones institucionales y afectivas" entre Catalunya y el resto de España y "mejorar la situación política y económica", "muy golpeada por el 'procés". Dos, que la prisión es "el primer escollo" que se interpone en el diálogo y conducía a un "callejón sin salida". Tres, porque el diálogo es "el único cauce" para resolver el problema y los indultos generan el "clima propicio para empezar el camino". Cuatro, que haya líderes políticos en prisión, con penas "tan elevadas", "no se entendía bien en Europa ni en el resto del mundo". La cárcel, remachan fuentes del Ejecutivo, solo alimentaba el "victimismo" independentista y la "desafección". Así, era imposible la interlocución, alegan desde el Gabinete, porque la respuesta del separatismo era que sus dirigentes estaban en prisión.

El 22-J "resta argumentos" al secesionismo, cree el Gobierno, y marca un punto de inflexión en la legislatura

En la Moncloa no creen que habrá de nuevo quebrantamiento de la ley. Por el armazón jurídico de los expedientes -se mantienen las inhabilitaciones intactas y se impone la condicionalidad- y porque el soberanismo ha concluido que la vía unilateral "no es viable ni deseable" y "no llevó a ninguna parte". "El Código Penal sigue vigente y el soberanismo sabe que no lo puede volver a hacer", advierten. Y si el 1-O fue "un gran día para los independentistas", este 22 de junio de 2021 el Estado les "resta argumentos".

"España tiene más razones para defender su posición" tras la medida de gracia, como han reconocido, recuerdan, cabeceras internacionales como 'Financial Times', 'The Guardian' o 'The Washington Post'. Lo contrario habría "cronificado la situación". "Es bueno para el país, la mejor decisión que podíamos tomar, y ninguno de los presos puede condicionar que el Gobierno quiera abrir una nueva etapa. Todos nos merecemos la oportunidad", destacan en el Ejecutivo, donde hacen notar que la iniciativa "se entiende ahora más que hace 15 días, y hace 15 días más que hace un mes: los gobiernos socialistas toman decisiones difíciles que se entienden más con el paso del tiempo, y esta creemos que será una de ellas".

Y, si se produjera la ruptura, otra vez, el Ejecutivo no lo tolerará: "Este Gobierno no va a convocar un referéndum en Catalunya para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia" como ocurrió con Mariano Rajoy, rubricó Montero. La portavoz admitió que los indultos no son "garantía de éxito", pero el Ejecutivo siente que ha hecho su trabajo. Que ha asumido una de las decisiones "más trascendentales de la legislatura", según la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos. "Una se siente feliz y orgullosa de formar parte del equipo", valoraba una compañera suya del Gabinete. "Espero que esto sea bien acogido, aunque igual es mucho esperar", comentaba otro. Los ministros, el Gobierno, sienten el vértigo ante un paso de altísimo riesgo. La legislatura, sí, gira por completo, justo al acercarse a su ecuador, y aventurar ahora sus derroteros parece un ejercicio imposible.

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