'Operación Kitchen'
El juez imputa al comisario Olivera por el espionaje a Bárcenas
Está citado para el 28 de junio, un día antes que la exsecretaria general del PP, que también declarará como investigada
El fiscal pide 10 años en otra pieza del 'caso Villarejo' para el comisario de Barajas que dejaba pasar a personas sin visado
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Tras la declaración del exjefe de la UDEF Manuel Morocho ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por las presiones que sufrió para que abandonara la investigación del 'caso Gürtel', solo era cuestión de tiempo que uno de sus superiores, en concreto, quien le pidió estar informado de los informes que hacía para el juez y quien le ofreció un buen destino en Lisboa, acabara imputado. El juez ha citado a declarar el próximo 28 de junio en esta condición al comisario principal José Luis Olivera, superior de Morocho en la UDEF y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Olivera, que a lo largo del 'caso Kitchen' aparece reiteradamente en conversaciones grabadas por el principal imputado en la causa, el excomisario José Manuel Villarejo, deberá responder en relación con el espionaje parapolicial organizado desde el Ministerio de Interior para lograr arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas la información comprometedora que pudiera guardar contra el partido.
A diferencia de otros mandos policiales, Olivera parecía lograr eludir la imputación, pese a que el entorno de Villarejo llegó incluso a proponerle como director adjunto operativo (DAO). El magistrado la ha acordado tras escuchar de boca de Morocho las presiones que sufrió para que abandonara la investigación de la principal trama de corrupción que ha afectado al PP y la principal pieza derivada de ella, la de los 'papeles' de Bárcenas, en los que este anotó durante años las entradas y salidas de dinero b del partido.
Respaldo del ministro
Además de los intentos para que no avanzara en las pesquisas por sobrecarga de trabajo, el policía relató que Olivera le citó en una cafetería en junio de 2013 para ofrecerle un puesto en Lisboa y otro en la ONU, así como en la embajada que desear.a Durante el encuentro el comisario principal recibió una llamada y al descolgar saludó con un "hola, ministro", extremo negado tajantemente por la defensa del responsable entonces de Interior, Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa.
La declaración de Olivera se producirá un día antes que la de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y dos de quien era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, y de su marido, Ignacio López del Hierro. Villarejo y el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez comparecerán el 1 de julio.
A cambio de dinero y de regalos
Por otra parte, en otra de las piezas del 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales y Villarejo es el principal imputado, la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de cárcel para el comisario del aeropuerto madrileño de Barajas Carlos Salamanca por haber aceptado del empresario Francisco Menéndez entre 2012 y 2015 "dadivas de elevada cuantía, en dinero y en especie, para sí y para el disfrute de sus familiares más cercanos, como su esposa y su hijo".
El objetivo de esos pagos era que permitiera la entrada ilegal en España de los clientes de Ménendez, responsables de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial (GEPETROL), y de su suegra, que carecían de visado, así como su salida sin pasar por el control aduanero. El ministerio público pide seis meses de prisión para Menéndez al aplicarle la atenuante de colaboración con la justicia por haber denunciado los hechos.
Se da la circunstancia de que el arresto de Villarejo en noviembre de 2017 se produjo por esta pieza. La treintena que tiene ahora se ha ido abriendo a medida que aparecían grabaciones realizadas por el expolicía y se conocían sus contratos con distintas empresas para perjudicar a la competencia.
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