La lacra de la corrupción

El juez Pedraz abre juicio oral contra el 'expresident' Jordi Pujol y su familia

  • El magistrado dicta el auto de apertura contra el político, sus siete hijos, la exposa del mayor y 10 empresarios

  • Da 10 días al primogénito para que pague 7,5 millones de euros por la responsabilidad civil a la que puede ser condenado

 Imagen de archivo del expresidente Pujol, en el 2008

Imagen de archivo del expresidente Pujol, en el 2008 / Agustí Carbonell

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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Apenas un día después de que las partes conocieran el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía del Estado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procedido a abrir juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, sus siete hijos y otras 11 personas, en concreto, la exesposa de su primogénito, Mercé Gironés, y 10 empresarios, entre los que están Luis Delso, Carlos Sumarroca o Carlos Vilarrubí, por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

En su auto de apertura de juicio oral el juez requiere al hijo mayor del 'expresident', Jordi Pujol Ferrusola, para que en el plazo de 10 días deposite 7,5 millones de euros y a Mercé Gironés, 400.000 euros, para cubrir las responsabilidades civiles a las que pueden ser condenados, por los delitos contra la Hacienda Pública por los que están acusados, en el juicio que celebrará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado, que en el procedimiento representa a la Agencia Tributaria, calcula que el primogénito de los Pujol, con la cooperación necesaria de exesposa, defraudó a las arcas públicos más de 7,7 millones de euros. 

El magistrado, no obstante, no cree necesario modificar la situación de libertad en la que se encuentran ninguno de los acusados para asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral, más allá de que dejen constancia de su domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.

Un mes para las defensas

El auto concede un plazo de un mes a los abogados de los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, al mismo tiempo que tiene por presentados los de la acusación popular que ejerce Podemos y Grand Tibidabo.

Entre las diferencias que existen entre los escritos de unos y otros destaca que la fiscalía acuse a toda la familia Pujol, incluido el expresidente catalán, para el que pide 9 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo, mientras que la Abogacía del Estado solo dirija su acusación contra Jordi y Josep Pujol Ferrusola, así como Mercé Gironés. Anticorrupción solicita 29 años de cárcel para el primero, 17 para Gironés y 14 para Josep. La Abogacía pide para ellos 25, 17 y 4,5 años de cárcel, respectivamente.

El ministerio público también pide cinco años de cárcel y los servicios jurídicos del Estado, tres, para una decena de empresarios por falsedad de documento mercantil, por las facturas que presuntamente alteraron para ocultar las comisiones que pagaron al primogénito del clan para ser adjudicatarios de concursos públicos. La acusación que ejerce la formación morada incluye en ese grupo a otros cinco empresarios y la esposa de uno de ellos, pero Pedraz no les menciona en el auto de apertura de juicio oral ni siquiera para dejarles fuera del procedimiento.

Investigación concluida

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El anterior instructor del caso, el juez José de la Mata, dio por concluida su instrucción hace justo un año. En su resolución, proponía juzgar a los miembros de la familia Pujol por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, gracias a los años en que el patriarca ejerció la presidencia de la Generalitat, acumuló "un patrimonio desmedido" directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

La familia Pujol, salvo Marta Ferrusola, que ha sido excluida por demencia sobrevenida, compartirán banquillo con los empresarios que presuntamente le hicieron pagos millonarios. Según explicaba De la Mata en su auto, esos ingresos que obedecían a concretas influencias ante la Administración pública catalana, se disimularon bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.