Recurso a Estrasburgo

Cuixart alega ante el TEDH que el Estado vulneró sus derechos como líder social

  • "El indulto puede ser para liberar a un preso, pero no garantiza ni reparación ni reconocimiento, ni hay garantía de no repetición", espeta su defensa

Marcel Mauri y el abogado de Jordi Cuixart, Olivier Peter, en el acto de apoyo al recurso en el TEDH.

Marcel Mauri y el abogado de Jordi Cuixart, Olivier Peter, en el acto de apoyo al recurso en el TEDH. / ACN / POL SOLÀ

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

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El equipo de abogados del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llevaba meses trabajando en el recurso que presentó la semana pasada en Estrasburgo. Su defensa estaba convencida de que agotarían las vías jurisdiccionales españolas sin que se modificara un ápice de la condena al líder social por el 1-O, por lo que, unas 18 horas después de recibir la notificación del Tribunal Constitucional que confirmaba su condena por sedición, entraron el miércoles a la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con 16 páginas de recurso -las establecidas por la normativa- y hasta 2.000 más como anexos. Un documento con el que esperar "condenar a España" por vulneración de derechos humanos.

El recurso de Cuixart pivota sobre el artículo 18 del Convenio de Derechos Humanos según el cual se establece la "limitación de la aplicación de las restricciones de derechos": "Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas". Y lo vehiculan a que Cuixart ejercía como líder social, al ser el presidente de Òmnium Cultural.

El letrado Olivier Peter ha explicado en una rueda de prensa en la antigua cárcel de La Model de Barcelona que hurgan en que ha habido una "desviación del poder" porque el Estado ha hecho un mal uso de su poder para dañar a un 'adversario político', argumentan. Es decir, que ha habido un "uso de los poderes del Estado para perseguir judicialmente la disidencia política". "El derecho a manifestación no se puede limitar con una voluntad política ni para reprimir. El objetivo no era aplicar la ley, sino buscar un pretexto para alejar a Cuixart de la calle y debilitar a Òmnium Cultural", ha remachado.

La influencia de los indultos

Sobre la posible influencia de los indultos que prepara el Gobierno para los encarcelados por el 1-O, Peter ha querido ser cauto y ha señalado que los interpretarán cuando se les concedan, aunque, en todo caso, no basta. "El indulto puede ser para liberar a un preso, pero no garantiza ni reparación ni reconocimiento, ni hay garantía de no repetición", ha apuntado.

Peter ha confiado en que el TEDH resuelva de forma ágil, aunque son conscientes de que hay procesos que pueden llegar a alargarse hasta 10 años y mantiene que la concesión de la medida de gracia no los ralentiza. También ha indicado que una parte del recurso se refieren a que hubo "hostilidad" de la sala presidida por Manuel Marchena porque "enviaron un mensaje [a la prensa] en el que se criticaba la estrategia de defensa [...] El tribunal tenía un problema con la defensa de Cuixart y quería presionar a la defensa para un cambio de estrategia y eso es una vulneración del derecho a defensa", ha ejemplificado Peter.  

Los apoyos internacionales

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha espetado que "o hay condena a España o hay una condena la democracia" porque "no hay termino medio". "En Estrasburgo no termina nada. La causa de Cuixart es la causa de la democracia y es imprescindible seguir trabajando por el ejercicio del derecho a la autodeterminación", ha zanjado.

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Al acto han participado Ed Donovan, asesor de la Relatora de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde Ginebra; Masha Chichchenkova, coordinadora de Protección a Europa de Frente Line Defenders, desde París; Giada Negri, de European Civic Forum, desde Bruselas; la Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, desde los Estados Unidos; la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement, desde México; Gerald Staberock, secretario general de Organización Mundial Contra la Tortura, desde Ginebra.

La entidad augura una "derrota" del Estado acogiéndose a la "presión internacional" y a los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron por escrito que el Tribunal Supremo vulneró especialmente su derecho de reunión, a la legalidad sancionadora, a la libertad personal y a la ideológica, por lo que debían haber sido amparados. Por ello, opinaron que el fallo "amenaza con empobrecer nuestra democracia" al "alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales" dejando constancia de que, a su juicio, las condenas son desproporcionadas.