PROCESO JUDICIAL

El juez investiga la etapa del jefe de la oficina de Puigdemont en la Diputación de Barcelona

  • Josep Lluís Alay fue nombrado comisionado de relaciones internacionales, un departamento investigado por subvenciones irregulares

Josep Lluís Alay junto con el agobado Jaume Alonso-Cuevillas, esta mañana en la Audiencia Nacional.

Josep Lluís Alay junto con el agobado Jaume Alonso-Cuevillas, esta mañana en la Audiencia Nacional. / TÀNIA TÀPIA (ACN)

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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El juez de Barcelona Joaquín Aguirre está investigando las funciones que tuvo Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del ‘expresident’ Carles Puigdemont, cuando fue fichado por la Diputación de Barcelona en la época de CiU como comisionado de relaciones internacionales, un departamento que está bajo la lupa judicial por las subvenciones presuntamente irregulares a entidades de la órbita soberanista. En una providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el togado ha pedido a la institución provincial que aporte el expediente administrativo del nombramiento de Alay, las funciones para las que se le contrató, las labores que desarrolló, el “grado de autoridad” y si tenía “reconocida” la capacidad de autorizar o no pagos y contratar o asignar técnicos.

Alay, que estuvo en la diputación entre 2015 y 2018, según las fuentes consultadas, tiene abiertos varios frentes judiciales. No solo fue detenido en la operación Voloh sobre financiación del 'procés' y posible corrupción, sino que la semana pasada el juez Aguirre remitió a la Audiencia Nacional los indicios sobre su relación con el Tsunami Democràtic. Además, tiene abierta otra causa al haber abusado presuntamente de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580,90 euros de un viaje en el 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia.

Una línea de investigación es el papel que ha desarrollado la entidad Solidaritat UB, vinculada a la Universitat de Barcelona, y que fue contratada por la diputación para supervisar las subvenciones otorgadas. Una de esas partidas se otorgó a la asociación Igman, vinculada a Víctor Terradellas, exalto cargo de CDC y hombre afín a Puigdemont, y a Francesc Dalmases, actual diputado de JxCat. Fuentes conocedoras de esos contratos los califican de "anómalos" y destacan que algunas áreas de la diputación mostraron su disconformidad con esa externalización. Alay es profesor en la UB.

Expediente de contratación

En esta línea, el juez ha requerido a la diputación una lista de las subvenciones bajo sospecha con los nombres de los técnicos que participaron en la revisión de las justificaciones y si estos eran funcionarios o subcontratados de Solidaritat UB u otras entidades. También ha solicitado que se detalle si el técnico informó negativa o positivamente y el expediente administrativo “íntegro” del contrato suscrito entre la diputación y Solidaritat UB para “poder saber los criterios que llevaron a efectuar” este acuerdo, así como las condiciones que debían cumplir el personal asignado como técnico subcontratado.

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Solidaritat es una entidad ligada a la UB que, según su página web, impulsa proyectos de cooperación. El decreto por el que se aprobó esta adjudicación, en 2016, indica que se encarga a dicha fundación “los servicios para la revisión de la justificación” de subvenciones de cooperación al desarrollo y relaciones internacionales. Por eso el juez ha instado a la diputación a que indique cuántos funcionarios tenía el departamento de relaciones internacionales dedicados a la revisión de expedientes de subvenciones.

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