El Gobierno recibe las críticas de sus socios en el Congreso por recurrir la ley catalana de alquileres

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir la Ley catalana de vivienda ha levantado las críticas y reproches de sus socios parlamentarios. En el día en que el Ejecutivo de coalición aprobará presentar un recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta norma, los partidos que han apoyado al Gobierno durante la legislatura e, incluso, sectores de Unidas Podemos, han criticado que el PSOE pretenda tumbar por la vía judicial una legislación aprobada por el Parlament de Catalunya y que, además, amplia los derechos de la ciudadanía.

El ministro de Transportes, José Luís Ábalos, explicó el pasado lunes que "es muy difícil no recurrir" esta ley. "La anticonstitucionalidad es evidente y no podemos pasar por alto", insistió en relación a la vulneración del marco competencial que supone. Por tanto, será este martes cuando el Consejo de Ministros apruebe dicho recurso. No obstante, Ábalos señaló que como "gesto importante" no pedirán la suspensión y, por lo tanto, la ley seguirá vigente mientras decide el TC. Además, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha reiterado este martes que recurrir la norma "no es un capricho, es una obligación".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado que este paso por parte del Ejecutivo de coalición supone "incumplir un pacto alcanzado" y atacar "una ley inequívocamente social". Aun así, ha echado un capote a Sánchez recordando que existe un informe de la Comisión de Garantías Estatutaria de Catalunya que "lo complica todo". "Es difícil que un Gobierno, por muy no vinculante que sea ese informe, se ponga de perfil", ha defendido. Además, el diputado catalán ha aplaudido la decisión de no suspender de inmediato la ley.

Las "migajas"

La comprensión de Rufián no la han tenido el resto de socios del Ejecutivo. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha reprochado que "todos los Gobierno españoles tienen la mala costumbre de solucionar en los tribunales aquello que no son capaces de ganar democráticamente en lar urnas, ni ellos se creen el estado autonómico". Sobre el "gesto importante" de no suspender la ley y la alegría de algunos partidos, Nogueras ha sentenciado que "jamás el catalanismo había celebrado las migajas".

En la misma línea, su homóloga en la CUP, Mireia Vehí, ha defendido que "una victoria es conseguir derechos" y no evitar la suspensión inmediata de una norma. La diputada catalana ha duda sobre si el Gobierno ha tomado esta decisión "o bien porque es una ley catalana o bien porque es una ley que limita los beneficios de los fondos de inversión". La conclusión, ha dicho, es que influyen ambos aspectos.

A este respecto, el portavoz del PDeCat, Ferran Bel, ha señalado que si hay alguna ley en la que no se está de acuerdo esto se debe debatir en el Parlament y no en los tribunales. Tras remarcar que su formación no comparte el contenido de la norma y que votaron en contra en su momento, ha criticado la "interpretación muy restrictiva" que hace el Ejecutivo en el ámbito de las competencias.

La "decepción"

Hasta Unidas Podemos se ha posicionado en contra del PSOE en esta cuestión. El presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, ha tachado de "error" la posición de sus socios en el Gobierno y ha apuntado que "cuando una ley funciona no hay que tumbarla" sino "blindarla y extenderla". Además, el diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha sostenido que están "satisfechos de haber conseguido que la ley no deje de aplicarse", ha defendido antes de señalar que tanto la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, como la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han presionado a Sánchez para lograr esta medida.

Mucho más crítico se ha mostrado el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha criticado que el Gobierno pretenda recurrir la ley en lugar de "extenderla" al resto de comunidades autónomas. "Provocará una decepción mayúscula en el electorado progresista y son ya demasiadas", ha sentenciado. "Es un poco decepcionante", ha coincidido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, antes de señalar que el Ejecutivo debería haber "imitado" la legislación en todos los territorios o, al menos, haber sacado adelante la norma que lleva meses preparando.