La abogacía del Estado pide la pena más alta, 25 años de cárcel, para Jordi Pujol Ferrusola

La Abogacía del Estado solicita 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, 17 y medio para su exesposa Mercé Gironés y 4 años y medio para Josep Pujol Ferrusola, en el llamado 'caso Pujol'. Una petición muy limitada en cuanto a acusados, lo que la hace muy diferente de la de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía nueve años de cárcel también para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por asociación ilícita y blanqueo de capitales que entendía que cometió, junto al resto de su familia (también pedía ocho años para sus otros hijos), con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

El escrito de los servicios jurídicos del Estado, al que ha tenido acceso este diario, solo se dirige contra los dos hermanos, Gironés y los 10 empresarios a los que atribuye un delito de falsedad en documento mercantil por las facturas que presuntamente alteraron para ocultar el pago de comisiones. Pese a todo, la Abogacía del Estado, que atribuye a la expareja un fraude a Hacienda que asciende a los 7,7 millones de euros, coincide con la fiscalía al afirmar que "a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol Soley ostentó como presidente de la Generalitat (1980-2003), cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas".

El primogénito y su madre

Al frente del operativo estaban el primogénito y su madre, Marta Ferrusola, exonerada por demencia sobrevenida. La mecánica consistía en hacer ingresos en efectivo en Andorra y repartirse el dinero entre todos los hermanos, que compartían entidad y cancelaron sus cuentas simultáneamente para abrir estructuras off-shore, controladas por testaferros, "con la finalidad declarada y admitida de ocultar a Hacienda" su dinero. En 2014 varios miembros de la familia regularizaron su situación, pero Josep lo hizo de "forma incompleta e inexacta" y su hermano mayor "no lo hizo, más al contrario, lo que hizo fue continuar -ya abierta la causa judicial- con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos hacia México".

Según la Abogacía del Estado, "la investigación realizada ha puesto de manifiesto la muy notable obtención de rentas por Jordi Pujol Ferrusola, con la imprescindible colaboración de quien era su cónyuge sin motivación económica alguna que las soporte. El embolsamiento de fondos fue ocultado a Hacienda, se articuló mediante la utilización de sociedades meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio y ello con la necesaria y directa colaboración de Gironés que se posicionó formalmente al frente de dichas sociedades, si bien todos los pagos no declarados obedecieron única y exclusivamente a la mera presencia de Jordi Pujol Ferrusola", motivo por el que solo se las imputa a él, dice el escrito.

Penas similares

La petición de pena para Jordi Pujol júnior y Gironés es similar a la que solicitaba para ambos la fiscalía, consistente en 29 años y 17 años de cárcel, respectivamente. El resto de hermanos y el expresidente catalán no son acusados por la Abogacía, mientras que Anticorrupción sí lo hacía, aunque atribuyendo al primogénito un papel determinante, al señalar que fue el designado por el matrimonio Pujol-Ferrusola para gestionar los fondos que tenían en Andorra y para que se ocupara de distribuirlos entre todos los miembros de la familia.

Para Josep Pujol, la petición de pena fiscal era de 14 años de cárcel. El resto de los hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, se enfrentan a ocho años, por los dos primeros delitos. Aunque el juez proponía juzgar a los miembros de la familia Pujol por organización criminal, la fiscalía se ha decantado por el delito de asociación ilícita. Por el blanqueo pedía, además, que se les imponga una multa por el importe al que ascendió: 38,8 millones de euros, 8 de dólares, 2,7 de marcos y 95.350 libras.