¿Qué es un indulto en España y en qué se diferencia de la amnistía?

¿Qué es un indulto?

El indulto es un derecho de gracia que está regulado en la Ley de 18 de junio de 1870. Según establece la norma, "los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido". Es decir, se perdona la pena de un condenado o su conmutación por otra menos grave. No obstante, la concesión del indulto nada tiene que ver con la exculpación de los delitos cometidos y se sigue considerando culpable a la persona condenada.

¿Quién concede los indultos?

La concesión de los indultos corresponde al Gobierno. El procedimiento para conceder la medida de gracia establece que, tras la petición de la misma por parte del penado o cualquier otra persona, el Ministerio de Justicia debe solicitar un informe no vinculante al tribunal sentenciador. Una vez tenga este escrito, el responsable de la cartera de Justicia podrá llevar a la reunión del Consejo de Ministros un real decreto que recoja la concesión del indulto. Es entonces cuando los miembros del Ejecutivo deben aprobar la medida.

¿Y qué papel juega el Rey?

Si el Consejo de Ministros aprueba la concesión del indulto, el Rey debe cumplir con el artículo 62 de la Constitución y firmar el decreto correspondiente. En España, la Constitución no permite que el jefe del Estado devuelva al Parlamento una ley o una iniciativa con la que no esté conforme, opción que sí incluyen otras Cartas Magnas, informa Pilar Santos. De hecho, Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa del Rey en los años en los que se elaboró la Constitución, explicó décadas después que él intentó introducir esa prerrogativa para otorgar más poder al Rey, pero no tuvo éxito.

¿En qué se diferencia de la amnistía?

La diferencia más significativa es que el indulto solo perdona o reduce la pena impuesta por el tribunal, pero mantiene el delito en los antecedentes penales del condenado. La amnistía, en cambio, perdona tanto la totalidad de la pena como comisión del delito, que se borra de los antecedentes penales. La Constitución de 1978 no contempla la figura de la amnistía, vinculada normalmente a etapas de transición de regímenes dictatoriales a democráticos, como sucedió en España con la ley de amnistía de 1977.