La judicialización del 'procés'
La Audiencia Nacional investiga al entorno de Puigdemont por el Tsunami Democràtic
El juez de Barcelona remite a Madrid los indicios e incluye al jefe de la oficina del 'expresident' y a dirigentes y empresarios
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, implica en la dirección y organización del Tsunami Democràtic a dirigentes independentistas, entre ellos el 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell y el exalto cargo de CDC David Madí, y a personas del círculo de confianza del 'expresident' Carles Puigdemont, como Josep Lluís Alay, que fue responsable de su oficina en la Generalitat, y el empresario Oriol Soler.
El togado, que considera que esta entidad cuenta con una estructura organizativa, solicitó al magistrado de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la llamada operación Voloh, sobre presunta financiación irregular del 'procés', que le remitiera los indicios y pruebas que encontró la Guardia Civil en las entradas y registros efectuados el pasado octubre. Y así lo ha hecho, por lo que estas pesquisas se llevarán a partir de ahora en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, en Madrid.
La providencia del juez Aguirre, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, comunica su inhibición en esta parte del proceso a la Audiencia Nacional y traslada a este órgano judicial los indicios que se han hallado sobre determinadas personas, sobre todo conversaciones telefónicas y mensajes de móvil. La lista está encabezada por Vendrell, Madí, Solé y Alay, a los que se añaden Jaume Cabani, al que se le conoce como el informático de Waterloo; Josep Campmajó, al que se sitúa como hombre de confianza de Vendrell; y Marta Molina, militante de ERC.
Los investigadores enmarcan el Tsunami en una estrategia global, en la que estaría incluidos los CDR, los Consells Locals per la República y otras entidades que se ocupan de promover ciertas movilizaciones y ocupación de estructuras, como la del aeropuerto de Barcelona durante las protestas por la sentencia del 'procés'. Esta estructura contaría con una red exterior vinculada a la financiación que estaría ubicada en Alemania, Bélgica y Suiza, y otros entramados que llegarían a Estados Unidos y Estonia, por el sistema digital utilizado para movilizar a la población. La Guardia Civil tiene en su poder, además, conversaciones de mensajería en las que se detallan estrategias y en las que participan importantes dirigentes independentistas.
La financiación y dirección del grupo
A Alay se le relaciona con el Tsunami a raíz de unas conversaciones halladas en su móvil y, en concreto, con una persona a la que le comenta que el grupo de coordinación tiene dudas sobre el anuncio en las redes sociales del movimiento de protesta. Los investigadores también sospechan que pudo participar en una reunión en Ginebra donde se trató este asunto, y le incluyen en la posible financiación de la entidad, al haber dado su visto bueno a una donación de un empresario italo-suizo para abastecer a manifestantes. La cuenta que se facilitó para ingresar los fondos está en el extranjero.
A Cabani los investigadores lo sitúan en el aparato de financiación. Las diligencias revelan que, presuntamente, podría haberse financiado con dinero procedente del desvío de fondos públicos. En concreto, la Guardia Civil tiene en su poder una factura de 10.595 euros expedida por la Plataforma Proseleccions Catalanes, receptora de subvenciones, por un servicio que no se habría producido. Los investigadores también señalan a Cabani como el "cerebro" encargado del proyecto de criptomoneda con el que se quería "provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que pudieran disponer en la actualidad o en el futuro" mediante la adquisición de 'bitcoins' con dinero público desviado.
En cuanto a Vendrell, los investigadores lo implican en la dirección de las acciones del Tsunami y en la coordinación de las protestas del 18 de diciembre de 2019 en el partido Barça-Madrid. En una conversación 12 días antes del encuentro, el 'exconseller' de ERC, según la Guardia Civil, dio “instrucciones” telefónicas para la confección de una pancarta y “gestionó”, junto a Soler, la iniciativa de lanzar los balones al campo.
Según las pesquisas, la colaboración de Soler en los actos del Tsunami no es puntual, habiendo manifestado su apoyo en múltiples ocasiones a través del Twitter. A Madí se le atribuye ser conocedor de los movimientos y del hipotético reparto de roles del Pícnic per la República. En la investigación aparecen otras personas, cuyas diligencias están, por ahora, en secreto.
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