Objetivo: desjudicializar el conflicto catalán
La ministra Belarra defiende que "puedan volver" a España Puigdemont y el resto de huidos
Los socios del Gobierno siguen trabajando en una propuesta de reforma del delito de sedición para llevarla al Congreso "cuanto antes"
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que los indultos son necesarios para que "el diálogo fructifique" y ha apostado por terminar con la "judicialización", lo que incluye que "puedan volver" a España los que huyeron, entre ellos Carles Puigdemont.
"Yo creo que esa salida de España tiene que ver también con el propio proceso de judicialización, es una derivada, y acabar con este proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro", ha afirmado la ministra y candidata a secretaria general de Podemos, en una entrevista en Rac1. En este sentido, recalca que se debe "normalizar la situación" y "no es normal que no estén en España" aquellos que huyeron, entre ellos el 'expresident' catalán. Teniendo esta posición, ha señalado que sería "una incongruencia descomunal" que defendiera la detención de Puigdemont si traspasara la frontera.
En cuanto a los indultos, ha afirmado que el Gobierno está trabajando en ello y ha sostenido que sería "una buena medida" para que el "diálogo fructifique", pues entiende que el diálogo estaría "minado desde el minuto uno" si líderes de los partidos con los que quiere negociar el Ejecutivo central siguen en la prisión.
Montero se desmarca
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha desmarcado de las declaraciones realizadas por Belarra y ha afirmado que "el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre".
A pregunta de los periodistas, Montero ha defendido que Puigdemont debe "responder ante la justicia frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años en los que nunca respondió ante los tribunales".
En cuanto a la reforma del Código Penal, ha evitado poner plazos y ha subrayado que "lo importante es que todo lo que hagamos cuente con todas las garantías". Según la portavoz, en el caso concreto del delito de sedición, el objetivo del Ejecutivo es "la homologación a nivel europeo" del mismo: "El delito de sedición, en el ordenamiento jurídico español, data del siglo pasado y está totalmente fuera de contexto de las democracias consolidadas en el marco de los países vecinos".
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