5 medidas que prepara el Congreso para controlar a los lobis

  • El PSOE promueve una modificación del Reglamento de la Cámara baja que arrojará luz sobre los grupos de presión y también sobre los bienes de los diputados

El presidente del Gobierno conversa con la presidenta del Congreso,  Meritxell Batet.

El presidente del Gobierno conversa con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. / Ballesteros/EFE

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Pilar Santos
Pilar Santos

Periodista

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El Congreso ha votado al menos cinco veces en los últimos diez años en favor de regular la labor de los llamados grupos de presión, los lobis, pero nunca ha llegado a aprobar una ley. Este martes prácticamente todos los partidos, con la probable excepción de Vox, respaldarán una iniciativa del PSOE para sacar del limbo a a esas corporaciones y bufetes especializados en lograr que el Parlamento legisle en favor de sus intereses.

Los socialistas han presentado una proposición de ley para modificar el Reglamento de la Cámara baja con el objetivo de incorporar un nuevo Título XIV y acabar con el vacío legal en el Congreso. El Senado deberá hacer la suya propia. El Gobierno, por su parte, está trabajando en el anteproyecto de otra norma en esta línea que afectará a las Administraciones Públicas. España, pese a los numerosos casos de corrupción acumulados, va años por detrás de la regulación que se aplica en países vecinos, como Alemania y Francia, e instituciones, como la Unión Europea y la Comisión.

La obligación de registrarse

Los lobis o las personas que actúen en su representación deberán cumplimentar un formulario que aprobará la Mesa del Congreso para aportar información (ámbito de interés, si es una actividad remunerada o no). Esos datos se publicarán en la web de la Cámara. La modificación del Reglamento incluye un Código de conducta, que reclama a los lobis que adecúen su comportamiento a la Constitución y a "elevados estándares éticos que permitan evitar contradicciones entre el interés general" y el que representan.

Publicidad de los contactos

Los grupos inscritos podrán establecer interlocución, personal o telemática, con los miembros de los grupos parlamentarios o los empleados del Congreso para intentar influirles. Los diputados y los trabajadores de la Cámara baja deberán rellenar un formulario electrónico en el que comunicarán el contenido del encuentro, que se publicará en la web del Congreso. Informarán de la fecha, la identidad de sus interlocutores y las materias tratadas.

La 'huella legislativa'

La proposición de ley del PSOE obliga a que en la tramitación de todas las iniciativas se incluya un informe de 'huella legislativa' que refleje las modificaciones que se han hecho a propuesta de los grupos de interés. Así los ciudadanos podrán conocer qué aportaciones han hecho los lobis en la elaboración de una norma. Además, los grupos parlamentarios deberán comunicar si las iniciativas que presentan tienen su origen en la petición de un grupo de interés. El informe de la 'huella legislativa', que estará colgado en la web, también incluirá todas las votaciones producidas durante la tramitación y el sentido del voto de cada uno de los diputados..

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Régimen sancionador

Si los bufetes y corporaciones cometen infracciones, serán castigados. La proposición de ley incluye una escala de faltas leves, graves y muy graves y con sanciones proporcionales. Desde el apercibimiento hasta la prohibición indefinida para poder estar inscrito en el Registro de grupos de interés, pasando por la suspensión hasta un máximo de diez años de poder trabajar en el Congreso. Por ejemplo, la proposición recoge como leve la omisión o falsedad en la información del Registro; ve gravedad en difundir información falsa en las reuniones con sus interlocutores, y considera una infracción muy grave la difusión de datos confidenciales obtenidos en esos contactos.

Multas a los diputados y menos puertas giratorias

El PSOE quiere aprovechar esta ley para introducir multas a los parlamentarios que no cumplan con su obligación de declarar sus bienes y actividades o no den toda la información. Se les podrá llegar a retirar pluses que llegan hasta 1.500 euros por mes. La duración del castigo variará según la sanción. Además, la proposición de ley rechaza que puedan trabajar para los lobis aquellas personas que hayan ocupado un escaño o hayan sido alto cargo del Gobierno durante los cuatros años anteriores y los inhabilitados judicialmente para acceder a cargo público.

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