Los 6 grandes retos del nuevo Govern de Aragonès

Economía / Impuestos

El nuevo 'conseller' de Economia, Jaume Giró, afrontará perspectivas económicas más optimistas por la aceleración del proceso de vacunación y las menores restricciones por la pandemia. Tras un primer trimestre en el que volvió a caer en la <strong>recesión</strong>, los pronósticos son de rebote, con un crecimiento del 6% en 2021 y del 5,2% el que viene. La gestión de los fondos europeos ‘Next Generation’ será clave para este reto, ya que desde 2018, Catalunya ha cedido a la Comunidad de Madrid el primer puesto de la economía española.

Los presupuestos volverán a ser un desafío. Con las de 2021, de nuevo prorrogadas con las de 2020, la Generalitat ha prorrogado o aprobado fuera de plazo 22 cuentas en 40 años, la mitad en la etapa del 'procés'. Junts ya se sumó a regañadientes al pacto de ERC con los ‘Comuns’, que implicó subidas fiscales en los presupuestos de 2020. La negociación y los equilibrios para contentar a la vez a ERC a Junts y a la CUP serán claves.

El año pasado se cerró con un déficit de 768 millones de euros, el 0,4% del PIB, el doble de la referencia fijada, una vez congeladas las reglas fiscales por la UE. Curiosamente, pese a la pandemia, los números rojos fueron inferiores a los de 2019. El nivel de gasto no financiero fue el más alto de la historia, con 32.151 millones, por los efectos de la pandemia. Los ingresos no financieros, 30.281 millones, mejoraron con los recursos extraordinarios del Estado a través del fondo covid, del que a Catalunya le correspondieron 3.165 millones.

En todo caso, según el Govern, el déficit contabilizado es inferior al que sería real (entre el 0,7% y del 0,9%). Los ajustes mejoraron la contabilidad pero no la capacidad real de gastar, apuntan. El impacto del covid en el Presupuesto ascendió a 4.761,4 millones (3.638,2 millones por mayores gastos de los previstos y 1.123,2 millones por menores ingresos). La deuda es otro reto. En total, la Generalitat deberá devolver más de 32.000 millones de euros en tres años. Y en torno al 80% tiene al Estado como acreedor. /AGUSTÍ SALA

Salud / Covid

"La sociedad y sus representantes tienen una deuda con los sanitarios. La prioridad de esta nueva legislatura debe ser cuidar de estos profesionales", afirma Jaume Padrós, presidente del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). Padrós alude a una larga lista de retos pendientes para la Conselleria de Salut, desde el cambio en los modelos de organización hasta la digitalización del sector, que "no se resolverán ni en uno ni en dos años, sino que requieren de un consenso a largo plazo".

El portavoz del COMB confía en la hoja de ruta trazada para la siguiente legislatura en materia sanitaria y augura que, después de la devastadora pandemia vivida, se halle un consenso entre diferentes fuerzas políticas para garantizar las necesidades del sector. Entre las medidas más urgentes, el doctor destaca la inversión. "No podemos aspirar a una sanidad de excelencia mientras tiramos adelante sin inversión en equipamientos y sanitarios que trabajan por salarios indignos y con condiciones nefastas", zanja Padrós.

El secretario general del sindicato Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, pide destinar cada año al área de Salut "un mínimo de 15.000 millones" al año. Esto serían 5.000 más de los que ya está percibiendo ahora. "El sistema sanitario está muy precario". Por eso Lleonart pide al nuevo Govern que, sin más dilación, mejore las condiciones laborales y retributivas del personal (aún marcado por los recortes de 2010). "La gente está abandonando la profesión", advierte.

Según los cálculos de MC, en la atención primaria faltan unos mil médicos, pero también hay escasez en otras especialidades como urgencias, pediatría o anestesia. Además, alrededor del 50% de los MIR que se forman en Catalunya abandonan el territorio. Las jubilaciones superarán las mil anuales en los próximos 15 años, advierte Lleonart.

Para él, el "gran drama" que viven los hospitales a raíz de la pandemia es la cantidad de "pacientes crónicos descompensados" que llegan a las urgencias porque, debido a la presión del último año, no han podido hacer seguimiento como tocaba desde los CAP. VALENTINA RAFFIO / BEATRIZ PÉREZ

Educación

Todas las ruedas de prensa del Departament d’Educació del curso que está por terminar han tenido como denominador común una lona en la que se podía leer ‘Escoles obertes i segures’. Era como un fondo de pantalla que se ha convertido, también, en un reto de futuro. El próximo ‘conseller’ del ramo deberá conseguir lo que no han logrado países como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia: que los colegios se mantengan abiertos durante todo el curso. 

Deberá lidiar también con el debate sobre el uso obligatorio de la mascarilla (que se da por supuesto para septiembre pero luego ya veremos), el tema de la presencialidad, que se da por segura en primaria y ESO pero ya veremos cómo va la cosa con bachillerato y FP, y terminar con el proceso de vacunación de docentes, sobre todo los de más de 55 años. El devenir de la pandemia determinará las decisiones, pero el futuro responsable del área haría bien en recordar, por ejemplo, lo sucedido a la vuelta de las vacaciones de Navidad, cuando un grupo de expertos reclamó retrasar la vuelta al cole y Educació dijo que ni hablar, una vez más, con esa pancarta de ‘Escoles obertes i segures’.

A nivel pedagógico, la ‘conselleria’ deberá empezar a desplegar de manera efectiva el plan contra la segregación escolar que persigue que determinados centros educativos repartidos por todo el territorio dejen de ser guetos a los que van a parar los estudiantes más complejos. De la mano de este proyecto, la digitalización de las aulas, y el reparto de 300.000 dispositivos electrónicos (tablets y ordenadores) para alumnos y 70.000 para docentes debería permitir, además de garantizar la continuidad de la educación en caso de confinamiento, introducir nuevas herramientas educativas. 

Desde el punto de vista de los recursos humanos, el ‘conseller’ se encontrará delante a un colectivo muy batallador -a menudo lo tendrán debajo de la ‘conselleria’ de Via Augusta-, pero si algo deberá resolver es el nivel de interinaje, esto es, el número de profesores substitutos. Según un estudio del sindicato CCOO, en Catalunya hay 37,5% de profes interinos, mientras que la media estatal es del 22,5%. CARLOS MÁRQUEZ DANIEL

Feminismo / Igualdad

La pandemia del coronavirus ha agravado de una forma brutal las situaciones discriminatorias, y especialmente la violencia machista. Los servicios de asesoramiento a la mujer en Catalunya duplicaron el número de víctimas del 2020 hasta las 44.000 mujeres, mientras que las personas LGTBI veían como sus padres o sus vecinos les acosaban en casa y los migrantes sin papeles se veían excluidos de cualquier prestación social.

“Que haya una consellería de feminismos es una buena noticia, pero necesitamos que no se quede solo en un nombre bonito, debe hacer una sacudida a todo el Govern para que se apliquen recursos y medidas para luchar contra las violencias que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos”, reclama Dolo Pulido, miembro del Casal de la Dona. Temas pendientes hay muchos. Por ejemplo, que haya al menos un hospital en cada provincia especializado en la atención a la violencia sexual. Ahora sólo hay uno, en Barcelona.

“Justicia debe hacer formación feminista a los jueces para que las mujeres puedan dar el paso de denunciar y no sean victimizadas de nuevo”, agrega Pulido que también señala que la nueva Generalitat debe multiplicar los fondos para los pisos de acogida a las mujeres maltratadas, (hoy con importantes listas de espera) y blindar de apoyos ayudas a las mujeres migrantes sin papeles o las madres que crían solas a sus hijos.

El colectivo LGTBI reclama que al menos una de las direcciones generales esté especializada en este ámbito. “Siete años después, seguimos esperando el reglamento de la ley contra la homofobia que nos permita acabar con la impunidad de las agresiones”, pide Eugeni Rodríguez, presidente de l’Observatori Contra la homofòbia. También proponen pisos para la emancipación de personas LGTBI o la garantía de que los tratamientos médicos para personas ‘trans’ o enfermos del VIH no sufran la escasez de fármacos, como viene siendo habitual este año.

La ‘conselleria’ de igualtat deberá gobernar también para que la discriminación racista o islamófoba desaparezca. Es lo que le exigen varias entidades, cuyas propuestas son que se puedan empadronar para que tener derechos sociales o acabar con las redadas policiales de “perfil étnico”. ELISENDA COLELL

Seguridad / Mossos

El nuevo ‘conseller’ de Interior tiene muchas carpetas abiertas sobre la mesa. El nuevo plan de los Mossos d’Esquadra para gestionar la crisis de los desahucios, la reformulación del Área de Seguretat Institucional (ASI) diseñada por Quim Torra a imagen y semejanza de la unidad de la Moncloa y con el propósito último y mal disimulado de facilitar el servicio de protección de Waterloo o la ratificación del major Josep Lluís Trapero. Son solo algunos de los ejemplos que deberá afrontar el cargo designado por ERC que, por primera vez, desembarca en la Conselleria más incómoda de las que forman el Govern. Pero todos serán pan comido al lado de la gestión del orden público. 

Nada se le atraganta más a un partido, especialmente a uno independentista, que justificar públicamente intervenciones en materia de orden público de su propia policía. Por necesarias que sean. Existe en el imaginario del ‘procés’ tras el 1-O la idea de que quienes reprimen haciendo uso de la fuerza legal son solo los policías españoles. Por absurda que parezca esta simplificación, los hechos confirman el axioma: los peores momentos que han soportado los ‘consellers’ de Interior siempre han sido originados en el orden público, que se lo pregunten a Miquel Buch. Es un asunto incómodo, históricamente. Los últimos directores generales que han sido cesados o que han dimitido lo han hecho también por conflictos relacionados con la Brigada Mòbil –Rafael Olmos por las cargas contra el movimiento antibolonya en 2009, Manel Prat durante la algarabía de Can Vies en 2014 o Andreu Joan Martínez tras quedarse sin la confianza de Torra por enfrentamientos con manifestantes independentistas violentos–. 

ERC ha sido muy crítico con algunas intervenciones de la policía catalana en manifestaciones recientes de los últimos tiempos. Ahora el cuerpo de seguridad estará en sus manos y podrá apartar el uso de proyectiles de foam como el que mutiló un ojo a una joven recientemente. También deberá decidir qué instrumentos deben usarse en lugar de foam y responder ante la opinión pública o en el Parlament cuando los estrenen. Está en marcha un trabajo interno para reformular la organización de los efectivos antidisturbios. Lo más posible es que culmine en una fusión de la Brimo con las ARRO regionales. Y que desaparezca el apelativo de Dragó que identifica a estas unidades. Importará poco el cambio de nombre, seguirá siendo el verdadero Dragón Khan para el nuevo ‘conseller’. También la mejor oportunidad para reconectar con un cuerpo de seguridad que hace años que no se fía de sus jefes políticos. /GUILLEM SÁNCHEZ

Derechos sociales

El reflejo que desprenden el millar de personas que, tras la pandemia, ha terminado durmiendo en las calles de la Barcelona metropolitana es solo un pequeño destello de la enorme herida social y desigual que se esta cobrando la cris económica. El banco de alimentos ha superado las 262.000 personas que no tienen para comer, 1,2 millones si nos fijamos en los datos de la Cruz Roja o 800.000 según la Taula d’Entitats del Tercer Sector.

“Necesitamos una legislatura verdaderamente social”, reclama la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) mientras que la Taula les insiste en que deben “pulsar el acelerador de forma inmediata para poner en marcha un rescate social”. Entre otras medidas, piden ampliar los requisitos de la renda garantizada de ciudadanía, que deja excluidos un 40% de vulnerables, o que haya un mismo circuito para pedir el Ingreso Mínimo y la renta catalana. La renta básica es una medida que ambos aplauden, pero piden que no se quede en los cajones.

A la falta de ingresos está íntimamente ligado el altísimo precio del alquiler y el insultante 2% de vivienda social. Es por ello que Catalunya es la comunidad con más desahucios de todo el estado. A pesar de la pandemia, en 2020 se expulsó a 5.737 familias, 22 al día. En tres de cuatro casos se trata de personas que no pueden pagar el alquiler. Según ECAS, como mínimo la inversión en vivienda social debe superar los 800 millones de euros.

Catalunya también lidera la lista de espera de las ayudas a la dependencia. El 31% de los dependientes- 74.628 personas- están esperando una ayuda, de los cuales un tercio se encuentra en situación de dependencia grave. Los ancianos y las personas con discapacidad son quienes más sufren esta situación. Por ello, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), reclama una dirección general que termine con este agravio.

Además, uno de cada tres niños en Catalunya es pobre. “Hay que aportar recursos para garantizar el derecho a la oportunidad de oportunidades de estos niños”, pide la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA), que señala que los hijos de familias monoparentales y migrantes son quienes más sufren. ELISENDA COLELL