Miles de plazas sin cubrir

El Congreso debatirá incentivos para evitar la fuga de funcionarios del Estado en Catalunya

  • De 700 vacantes convocadas por Justicia en Catalunya, solo 201 se han podido solucionar por concurso, y de esas, solo 18 con funcionarios provenientes de otras comunidades

Una familia entra en el Delegación del Ministerio de Trabajo en Barcelona.

Una familia entra en el Delegación del Ministerio de Trabajo en Barcelona. / Ferran Nadeu

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Juan José Fernández

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que propone al Gobierno un incentivo salarial para las plazas de funcionario del Estado en Catalunya. Su objetivo es el de facilitar el arraigo y la permanencia de estos servidores públicos en una comunidad autónoma que está entre los destinos menos elegidos por los empleados de la Administración General del Estado (AGE).

La proposición no de ley se registra para ser debatida en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, informa Europa Press. Haciéndose eco de una ya veterana reclamación de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el Grupo Popular en la cámara baja pide al Ejecutivo cubrir las vacantes de la AGE en Catalunya ante una fuga que dura ya diez años y que se intensificó en los años más crispados del procés. Esa situación provoca, en opinión reflejada en la propuesta del PP. una "grave escasez de funcionarios" y una "sobrecarga actual de los organismos públicos estatales" en Catalunya.

En el último decenio, la carestía de la vida, especialmente de la vivienda, en Barcelona y localidades de la costa se ha convertido en la primera razón para que Catalunya no sea reclamada como plaza preferente entre trabajadores públicos de Hacienda, Empleo y Justicia, según fuentes de la CSIF. Esa razón, según las mismas fuentes, está por delante de la que en su día era tradicional: la obligación de conocer la lengua catalana.

Juzgados escasos de personal

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya -que tiene atribuidas las competencias en materia de Personal- publicó en el BOE el 28 de julio de 2020 una resolución por la que convocaba un concurso de traslado para funcionarios de Justicia. Se llamaba a empleados públicos de Justicia de toda España para cubrir 700 vacantes en los cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial.

El concurso se publicaba, decía la resolución, "dado que existen puestos de trabajo vacantes" en esas escalas. Llegado el pasado mes de febrero, el BOE publicaba la resolución del concurso de traslado, con un resultado llamativo: de 700 plazas convocadas, 201 pudieron cubrirse en virtud de traslados aprobados por este concurso.

De esos 201 funcionarios trasladados, solo 18 no tenían alguna provincia catalana como lugar de procedencia. Entre esos 18, cuatro han llegado de Madrid, tres de las Islas Baleares, dos se han movido desde Toledo, Alicante y Canarias, y uno ha salido de Valencia, Zaragoza, Cádiz, Huesca y Castellón.

La desafección del funcionariado por las plazas en Catalunya es tan especialmente acusada en Justicia, que algunos juzgados muestran huecos poco disimulables. En el concurso para los traslados se veía una descarnada carencia en tres juzgados de lo Penal en Barcelona: 28 plazas sin cubrir en el 15, el 21 y el 24, los tres en el mismo edificio de la Ciutat de la Justícia. Una situación parecida, con 9 huecos, se manifestaba en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos del mismo complejo.

Fuga de uniformados

Esa tendencia es especialmente acusada entre los funcionarios de la Seguridad del Estado. Las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Catalunya tienen una media flotante de vacantes sin cubrir de 500 plazas por cada cuerpo, un 18% de media de la plantilla diseñada.

En la actualidad, según la rama catalana de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), son 850 las plazas vacantes sin cubrir en el instituto armado en Catalunya. Es una cifra muy notable para el caso concreto de la Guardia Civil, con 2.900 efectivos desplegados en territorio catalán, la mayoría en Barcelona, y 3.500 plazas en su despliegue teórico.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la AUGC han explicado reiteradamente la acumulación de peticiones de cambio de destino de los uniformados en "un clima político especialmente hostil" a partir de los sucesos de octubre de 2017, dicen fuentes del Sindicato Unificado de Policía.

En el caso de la Policía Nacional, la marcha de efectivos es también notable. En el último Concurso General de Méritos -una ocasión para conseguir traslados- convocado por la Dirección General de la Policía en febrero pasado para cubrir 4.140 vacantes en toda España, una cuarta parte de los agentes destinados en Catalunya ha conseguido lugar para irse, según datos de la CEP.

Su portavoz en Girona, el policía nacional Manuel Rosales señala como causas "la alta carestía de vida, el no tener agentes de policía originarios de Catalunya, el poco futuro profesional de la Policía Nacional en Catalunya y el constante acoso por parte de la Generalitat y los sectores nacionalistas", dice recordando el reciente episodio del retraso en la vacunación de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Todo esto hace que incluso gente que llevamos años aquí destinados estemos planteando marcharnos", añade.

Cobrar más, sufrir menos

En la exposición de motivos de su proposición, el Grupo Popular en el Congreso cita el "hostigamiento producido por el entorno separatista hacia todo lo que sea representativo del Estado" como causa de que "casi nadie pida un traslado a Cataluña y que los pocos funcionarios de nuevo ingreso que llegan concursen en cuanto puedan a plazas de otros lugares de España".

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También juega su papel el poderoso argumento del salario. Para un ciudadano conocedor sólido de la lengua catalana es mucho más atractiva económicamente una oposición a una plaza de la Generalitat que a una plaza del Estado en Catalunya. La proposición no de ley del PP también cita el fenómeno, cifrando el escalón salarial en un 30% de diferencia.

El incentivo económico para plazas de difícil cobertura existe en la AGE para hacer más atractivos lugares que, por distintas razones, no suelen elegir los funcionarios, como es el caso de Ceuta, Meilla, algunas islas canarias y las Islas Baleares.