Prisión para el ex subdelegado del Gobierno en Valencia

La jueza de Instrucción número 13 de València, que investiga, junto con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, la presunta trama corrupta de mordidas y regalos a cambio de favores urbanísticos en Valencia y otra decena de ayuntamientos de la C. Valenciana, acaba de dictar prisión para los principales detenidos en la Operación Azud II, desarrollada entre el jueves y el viernes en Valencia, Alicante, Madrid, Ibiza y Tomelloso (Ciudad Real).

Así, la magistrada ha dictado prisión, comunicada y sin fianza, para el ex subdelegado del Gobierno en València, Rafael Rubio; para el vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; para el presunto ‘ingeniero financiero’ de la trama, Joaquín P. R., acusado de dirigir las operaciones de lavado y obtención de dinero líquido a partir de facturas falsas desde su gestoría en Alicante; y para el constructor Jaime María Febrer, considerado el epicentro de la trama y responsable de los sobornos a políticos y funcionarios municipales. En todos los casos, la magistrada ha argumentado el riesgo de destrucción de pruebas y, en algunos casos, el de fuga.

El resto han quedado en libertad pero imputados. Entre ellos, el abogado y jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, y la hija de Alfonso Grau arrestada el jueves en su casa, que han quedado en libertad con cargos. Tampoco irán a la cárcel los tres ‘factureros’ apresados en Tomelloso (Ciudad Real), ni el otro empresario detenido en Alicante, cuyo nombre no había trascendido ayer, y a quien se acusa de haber participado en el entramado de ingeniería financiera que centrifugaba el dinero negro que supuestamente generaba el grupo liderado por Febrer.

Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.