Receta "coherencia" a la oposición

Sánchez desoye la presión: “La alarma es el pasado y hay que mirar al futuro”

  • El presidente busca pasar página de la etapa anterior y centrarse en un reto: "Vacunación, vacunación y vacunación"

  • El Gobierno se reafirma en que las comunidades disponen de herramientas contra el covid y confía en que el TS acabe avalando las restricciones

  • Los socios parlamentarios acusan al Ejecutivo de no querer legislar y de provocar un “caos jurídico”, mientras el PP demanda que se debata su plan b

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al mandatario argentino, Alberto Fernández, este 11 de mayo en el palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al mandatario argentino, Alberto Fernández, este 11 de mayo en el palacio de la Moncloa. / POOL / AFP / GABRIEL BOUYS

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Pilar Santos
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El Gobierno se mantiene en sus trece después del traspié (rectificación incluida) que protagonizó este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. No habrá nuevo estado de alarma ni ninguna modificación legal. El Ejecutivo defiende con uñas y dientes que ya ha arrancado una “nueva etapa” en la lucha contra el virus, que ahora son las comunidades las que han de “gobernar” y “tomar decisiones” después de que Pedro Sánchez asumiera el desgaste político durante un año. Y no piensa dar marcha atrás. El presidente fue expresivo y explícito este martes: “El estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro, y se llama vacunación, vacunación y vacunación”. 

El líder socialista ya había cerrado la puerta a reformas legales el lunes, tras participar en un foro económico en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Unas horas después, este martes, fue aún más rotundo desde la Moncloa, en un breve encuentro con la prensa tras recibir al presidente argentino, Alberto Fernández. El Gobierno se había mostrado muy firme en las últimas semanas respecto a que no impulsaría cambios legislativos, como le reclaman el PP y parte de sus socios parlamentarios, pero Campo, en una tribuna en ‘El País’, se mostró abierto a estudiar modificaciones si de las resoluciones del Supremo se desprende que es necesario hacerlo. Las comunidades autónomas pueden acudir al alto tribunal si ven tumbadas sus restricciones frente al covid por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, como ya de hecho ha ocurrido en Euskadi y Canarias y, este martes, en Navarra. Pero el ministro se enmendó a sí mismo enseguida en La Sexta y Sánchez buscó zanjar el debate desde la capital helena. En el Gobierno atribuían lo ocurrido a un resbalón de Campo, a que los juristas, como lo es él, “se la cogen con papel de fumar”, abriendo una puerta que el Ejecutivo nunca quiso abrir. Ni se plantea hacerlo.

Sánchez, ante el mandatario argentino, no hizo más que afianzar la posición. Pidió primero “coherencia” a la oposición, porque “no puede ser que se eche de menos el estado de alarma” y cuando se propuso uno de seis meses, el que decayó en la madrugada del pasado domingo, “votaron en contra”. Una incorrección, por cierto, porque los populares, en aquel momento, se abstuvieron. El presidente adujo asimismo razones de “seguridad jurídica”, pues una “ley ordinaria no puede sustituir a la Constitución, es de primero de Derecho”. Apenas unos minutos después, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reforzaba ese mensaje: el planteamiento del PP, que exige que se tramite una ley de pandemias, es “peligroso”, porque quiere un recorte de derechos fundamentales “sin control judicial”, “uno de los mayores ataques a las libertades de los ciudadanos registrados en el Congreso”, punto que el partido de Pablo Casado niega. Tercer mensaje de Sánchez: hay que continuar obedeciendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Sánchez remarca que ya solo quedan "99 días" para alcanzar la inmunidad de rebaño, el 70% de la población inmunizada

El líder socialista incidió, como luego hizo Montero, en que se abre ahora “nueva etapa”, gracias al avance de la vacunación, pues ya solo quedan “99 días” para que se cubra el objetivo de un 70% de la población inmunizada. El propio Sánchez abrió en Atenas esa cuenta atrás, lo que conduce a mediados de agosto para conseguir esa meta que, al menos sobre el papel, supondría que España alcanza la llamada inmunidad de grupo o de rebaño.

“Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación”, remató Sánchez, reiterando que las comunidades disponen de “amplios instrumentos” -la ley orgánica de medidas especiales de 1986 y la ley de salud pública de 2011- para hacer frente al covid “con garantías y eficacia y contundencia”. Las autonomías también tienen el respaldo, siguió, de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), de obligado cumplimiento, y pueden solicitar al Gobierno que decrete la alarma en sus territorios, en cuyo caso, explicó Montero, el Ejecutivo no pondrá objeciones siempre que lo justifiquen los indicadores epidemiológicos. 

"Elenco" amplio de instrumentos

Montero subrayó que desplegar la alarma, hace poco más de un año y cuando se echaba encima la segunda ola, fue un "acierto", pero solo puede usarse como herramienta "excepcional". Ahora mismo, prosiguió, los indicadores epidemiológicos, la bajada de la incidencia acumulada (está ya en 180,69 casos por 100.000 habitantes) -la razón pública que esgrime el Ejecutivo-, aconsejan desactivar este instrumento extraordinario, máxime cuando ya está en marcha la inmunización.

La portavoz incidió en que el Gobierno siempre ha defendido que, cuando se trata de restringir derechos fundamentales, hace falta de un doble refrendo: del poder ejecutivo y del legislativo o del judicial. Y animó a las comunidades a que "ejerzan sus competencias", que "no necesariamente" pasan por la restricción de derechos, como lo es el toque de queda: "No se puede pasar del estado de alarma a abrir las discotecas hasta las tres de la madrugada", dijo, señalando implícitamente a Andalucía. Hay, por tanto, un "elenco" de medidas "intermedias" a las que pueden recurrir, como la limitación de aforos y el cierre anticipado de la hostelería o del comercio.

En el Gobierno ven las palabras de Campo como un resbalón e indican que los TSJ emiten resoluciones contradictorias de continuo y para eso está el TS

La portavoz expresó su “confianza” en el Poder Judicial y, en concreto, en el Supremo, que cree que se pronunciará de modo “favorable”, validando las restricciones aprobadas por las comunidades, a las que como mucho pedirá alguna “aclaración”. Fuentes del Ejecutivo indicaban que resoluciones “contradictorias” entre los TSJ se producen “constantemente”, y por lo tanto es el TS el que debe unificar doctrina, actuar de “garante” de los derechos fundamentales. En la Moncloa reconocían que puede haber medidas que el Alto Tribunal no avale, pero al menos “marcará” el rumbo para todos, Gobierno y autonomías. Y rechazaban que se quisiera convertir a los magistrados en una suerte de tercera Cámara legisladora.

"Razones económicas"

El Ejecutivo, sin embargo, vio llover las críticas de sus socios, además del PP. Le reprochaban que no hubiera anticipado lo que ocurrió tras caer la alarma, con aglomeraciones y fiestas en las calles. El PNV, el aliado más estable de Sánchez, fue el más severo en su juicio: acusó al Gabinete de coalición de cometer el “error” de no legislar y de instalar un “caos jurídico”. En opinión del portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, Sánchez no ha alargado el estado de alarma por “razones económicas”, para que vuelva el turismo, aunque insistió en la necesidad de dar más herramientas a las autonomías y hacerlo cuanto antes. “Se va tarde ya, pero podemos tardar un mes”, dijo.

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Proposición de ley orgánica del PP para controlar las pandemias sanitarias

Proposición de ley orgánica del PP para controlar las pandemias sanitarias

“No le puede pasar la patata caliente a los otros”, cargó Íñigo Errejón, de Más País. El diputado planteó la opción de declarar un estado de alarma que permita transitar a una "desescalada" hasta llegar a las vacaciones de verano, una idea que apoyó su compañero Joan Baldoví (Compromís).

"No puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez", espetó Cuca Gamarra (PP). La portavoz de los populares negó que, como sostiene el PSOE, su ’plan b’, ahora en trámite en el Congreso, busque evitar el control judicial a derechos fundamentales, y agregó que cuando se tome en consideración "podrá ser enmendada por todo aquel que considere que le falte algo". "¿Por tanto, qué miedo tiene el PSOE?", se preguntó.

Los conservadores proponen modificar algunas leyes para permitir el control de los enfermos obligando al aislamiento, limitar las entradas en las zonas afectadas y controlar el movimiento y el derecho de reunión con validación judicial en 24 horas.

"No puede estar todo el mundo equivocado salvo Sánchez", critica Gamarra (PP)

El objetivo, según los populares, es dar fórmulas para “bajar la actividad en un territorio concreto”. Gamarra, en todo caso, admitió que su propuesta no permitiría restablecer el toque de queda, porque esa medida "solo cabe en una situación de estado de alarma".

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El Gobierno se niega a debatir cambios, y lo reiteró por la tarde, en un debate agrio entre la vicepresidenta primera y la senadora popular Salomé Pradas. “Su política está fiada al disparate, al cainismo, a la antipatria y a la deslealtad”, remató una airada Carmen Calvo en la sesión de control en la Cámara alta. La tensión sigue en aumento.