El Gobierno traslada al Supremo el aval de las restricciones autonómicas

No habrá prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Pero el Gobierno sí ha decidido, tras la presión de las autonomías -especialmente persistente ha sido el lendakari, Iñigo Urkullu-, pertrecharlas con una mayor coraza jurídica. El real decreto ley que este martes, 4 de mayo, aprobó el Consejo de Ministros, y que supondrá la extensión de algunas medidas del escudo social que ha funcionado durante la pandemia, incluye un punto importante y novedoso. Y es este: las comunidades podrán recurrir al Tribunal Supremo en casación si las restricciones que impulsen a partir del domingo son tumbadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, que podrán buscar el aval del Supremo para que así este unifique doctrina y no haya criterios dispares según los territorios, como de hecho había ocurrido hasta ahora.

Según explicó este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros, los gobiernos regionales podrán aprobar medidas para contener la expansión del covid-19, que incluso podrían limitar derechos fundamentales al amparo de las leyes sanitarias de 1986 y de 2011 y que, por tanto, deberán ser refrendadas por los Tribunales Superiores de Justicia de cada territorio. Si estos deniegan este tipo de medidas, la Sala Tercera del TS podrá pronunciarse en casación, mediante un procedimiento urgente, en un plazo máximo de cinco días hábiles, según el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora deberá convalidar el Congreso. Es una "innovación jurisdiccional" que ofrecerá "seguridad jurídica", explicó este martes la vicepresidenta.

Cierres perimetrales y toques de queda

Según Calvo, las medidas que propongan los Gobiernos regionales incluso podrían implicar confinamientos perimetrales y toques de queda. "Cada gobierno deberá afrontar con sus datos sanitarios sus propias decisiones", dijo la vicepresidenta. A cada ejecutivo autonómico le corresponderá "justificar, argumentar, decidir y proponer a los tribunales cualquier circunstancia que pueda limitar las libertades", añadió. Si el pronunciamiento del tribunal territorial no permite las medidas planteadas por el gobierno regional, este podrá acudir al Alto Tribunal, que podrá unificar doctrina, de modo que "el auxilio del Supremo nos sirva a todos", resolvió Calvo.

La vicepresidenta primera enfatizó que, salvo casos puntuales, la Justicia ha "acompañado" las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos, "cumpliendo con su función de garantía". Pero sí se produjeron decisiones discrepantes de los juzgados. Ello motivó una primera reforma promovida por el Ejecutivo, cuando introdujo que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgados ordinarios, los que se concedieran o no el aval a las restricciones autonómicas. Ahora lo que incorpora el Consejo de Ministros es un paso en la misma dirección, para que el Supremo, que según Calvo ha sido informado previamente del contenido de este decreto ley, tenga la última palabra. La Sala Tercera del TS dispondrá de cinco días hábiles para resolver, y la Abogacía del Estado, dijo, también podrá recurrir.

La vicepresidenta primera ha coordinado el trabajo de nueve ministerios para encauzar el control de la pandemia una vez se consume el fin del estado de alarma, a las 00.00 del 9 de mayo. El fruto es un real decreto ley de seis capítulos que entrará en vigor al "minuto siguiente" de la caída de la alerta, este próximo domingo. Este punto, el relativo a la casación en el TS, se introdujo "en las últimas horas", precisaron a EL PERIÓDICO fuentes de la Moncloa, tras consultar con el Alto Tribunal.

Calvo insiste en que ahora el Gobierno ofrece un "paraguas de seguridad y tranquilidad" a las autonomías al incorporar el plácet del TS, que ya ha sido informado

"Hemos de estar tranquilos, los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes, con la garantía de la protección y de la igualdad para todos que nos ofrece el Tribunal Supremo", dijo Calvo. Además, otra red de protección, señaló, seguirá siendo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), cuyos acuerdos son de "obligado cumplimiento".

En definitiva, esta novedad introducida en el decreto supone un "paraguas de seguridad y tranquilidad". Calvo presentó la medida como el punto medio de las peticiones distintas que en estas semanas, desde que Pedro Sánchez adelantó que no prolongaría la alarma, han hecho las comunidades. Unas, recordó, pidieron la extensión del marco excepcional, otras que no tomarán decisiones que afecten a derechos fundamentales... Lo "razonable" es, pues, que las autonomías decidan, pidan aval judicial y, en último término, recurran al "auxilio" del Supremo, en lugar de "someter" a toda España a "los mismos rigores" cuando la situación epidemiológica es diferente en cada territorio.

"Somos un Gobierno que ha dado pruebas de comprender a las comunidades. Ahora ofrecemos más garantías a las decisiones que tomen, pero no podemos entrar en sus competencias", indicó, en respuesta a la exigencia de Urkullu de alargar la alarma. La vicepresidenta primera sacó pecho de las "tres grandes decisiones políticas" que ha tomado el Ejecutivo -los tres decretos de alarma: el del confinamiento total del 14 de marzo de 2020, el que aplicó a Madrid y el vigente, que decae el domingo- y puso en valor la periódica rendición de cuentas del presidente del Gobierno ante el Congreso.