Vuelta a Catalunya

La causa por corrupción contra Laura Borràs ya está en manos del TSJ catalán

  • El Supremo devolvió a Catalunya las actuaciones al adquirir la condición de diputada del Parlament y perder el escaño en el Congreso

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs. / ACN / Gerard Artigas

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Más de tres semanas después de que el Tribunal Supremo remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la causa seguida contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración, mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), su Sala de lo Civil y Penal se ha hecho cargo del procedimiento, según informó este lunes el propio TSJC.

La letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaría) de la Sala ha registrado la recepción de la causa, cuya instrucción ha correspondido por reparto al magistrado Jordi Seguí, aunque de momento el único paso dado ha sido dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre competencia, extremo que aquí arroja pocas dudas, dada la condición de aforados ante el TSJ de los diputados del Parlament por hechos cometidos dentro de Catalunya.

Accidentada instrucción

La instrucción de este procedimiento, que fuentes del alto tribunal dan por prácticamente concluida, ha sido muy accidentada dada los distintos fueros que tienen los cargos públicos para los que ha sido elegida Borràs y que han arrastrado con ella al otro imputado en el procedimiento, el informático presuntamente favorecido por ella a través de la presunta fragmentación de contratos para no tener que sacar a concurso las adjudicaciones que le concedía.

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De hecho, el Supremo asumió la investigación de la causa en diciembre de 2019 tras inhibirse un juzgado de Barcelona a su favor, después de que Borràs era diputada en el Congreso y por tanto solo pudiera ser investigada y juzgada por el alto tribunal. Durante este tiempo, el alto tribunal ofreció a la ahora presidenta del Parlament declarar voluntariamente como imputada, una opción que rechazó y que obligó a cursar el correspondiente suplicatorio a la Cámara baja para poder tomarle declaración.

Con la autorización del Congeso en la mano, Borràs compareció ante el instructor, el magistrado Eduardo de Porres, pero se negó a declarar sin un informe policial sobre el verdadero coste de los trabajos que adjudicó al otro imputado, Isaías Herrero, por un valor de a 259.863 euros.