Primera querella del fiscal contra un alcalde por el pago de la cuotas a la AMI

La fiscalía ha presentado la primera querella contra un alcalde por el supuesto pago con dinero público de las cuotas de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). En este caso, la fiscala jefe del área de Vilanova i la Geltrú atribuye los delitos de prevaricación administrativa y malversación a la edil del Cubelles, Rosa Fonoll. La acusación pública sostiene que la edila, "siendo conocedora de las objeciones y reparos de ilegalidad puestos de manifiesto por la interventora municipal hasta en dos ocasiones" y "con absoluta falta de competencia para comprometer y hacer efectivo el gasto", procedió a dictar dos decretos, en 2019 y 2020, para desembolsar 1.115,50 euros cada año por este concepto, "causando de esta manera un perjuicio a la Hacienda de la corporación local". El escrito precisa que estas cantidades no han sido devueltas.

La querella relata que el 20 de octubre de 2015, se acordó por mayoría simple la adhesión del Ayuntamiento de Cubelles a la AMI y que, posteriormente, se aprobó el gasto correspondiente al pago de la cuota anual de asociado. Sin embargo, señala el fiscal, hay un punto de inflexión: la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2018 que estimó un recurso de la Delegación de Gobierno en Catalunya sobre la adhesión de un ayuntamiento a la AMI. Esta resolución detallaba que la afiliación a tal entidad "rebasa el ámbito de las competencias locales y, por tanto, es un acto susceptible de ser considerado nulo". Esa doctrina fue ratificada después en otras sentencias y fue comunicada a la alcaldesa por la interventora municipal.

Advertencia de la interventora

A pesar de esta advertencia incluida en los informes de fiscalización sobre estas cuotas, que fueron disconformes, "abusando del ejercicio de las atribuciones propias de su cargo y con pleno dominio de los caudales públicos del ente local que representa y preside", procedió a dictar los decretos del 31 de octubre de 2019 y del 24 de abril de 2020, "salvando el reparo de la intervención municipal", con la finalidad de aprobar y ordenar el pago de este gasto, según la fiscalía. Aunque los años anteriores se había procedido a este mismo desembolso, incide la querella, no es hasta el 2019 que "su conducta contraria a derecho se manifiesta abierta y plenamente ilegal".