Por seis votos a cinco

El consejo fiscal avala por la mínima la ley de memoria democrática

El voto de la fiscal general a favor del informe favorable a la nueva norma permite su aprobación en el órgano que la asesora

Los miembros de la Asociación de Fiscales sostienen que la ley es indefinida sobre todo en las funciones del fiscal de Sala que designa

La explanada de la basílica del Valle de los Caídos, con la cruz tapada por la niebla

La explanada de la basílica del Valle de los Caídos, con la cruz tapada por la niebla / David Castro

Ángeles Vázquez

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El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves por la mínima un informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. El voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha inclinado la balanza a favor del dictamen, contra el que votaron todos los vocales del órgano que la asesora de la Asociación de Fiscales, que consideran que la ley peca de indefinición, especialmente, sobre las funciones del fiscal de Sala que la ley pone al frente de los procesos de búsqueda de víctimas del franquismo.

A favor del informe que avala la ley han votado, además de Delgado, el fiscal jefe de Inspección, Fausto Cartagena, y los cuatro fiscales de la Unión Progresista de Fiscales. El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, no ha asistido a la reunión. En contra del informe han estado los cinco vocales de la Asociación de Fiscales que han anunciado un voto particular al entender que la ley no precisa si este fiscal de Sala tendrá una función tuitiva (de protección a las víctimas), de supervisión de los órganos administrativos o de intervención penal, punto en el que entienden que deberían tenerse en cuenta ciertos principios como el de irretroactividad de las leyes o la prescripción.

El informe avala el anteproyecto que sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares. Para ello se nombrará un fiscal de Sala para "la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia", informó la Fiscalía General.

Derecho a conocer la verdad

Esa figura que, según el texto aprobado, "supone una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera", choca frontalmente con el criterio de la Asociación de Fiscales. Sus miembros en el Consejo Fiscal, Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos Pintado, María Rosario Lacasa y María Rosa Rubio, sostienen en un escrito que "la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica", pero "los denominados juicios de la verdad no forman parte del proceso penal", por lo que "corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones, especialmente historiadores, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad".

En su opinión, "la redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del ministerio fiscal", por lo que en su opinión "la creación de una Fiscalía de Sala" en el Tribunal Supremo "resulta absolutamente innecesaria".

Añaden que "las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento y la Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios" para ello, pero no con un proceso penal.