Las cartas con bala se colaron por la contrata "más económica" de Correos

Correos tiene un protocolo de seguridad que data de 2009 y no ha sido actualizado en doce años salvo en un punto: una "relajación" de la vigilancia de los paquetes de menos de 100 gramos, cuyo paso aleatorio por escáner no es obligatorio desde 2019.

Es uno de los detalles que la dirección del servicio postal ha admitido en una reunión mantenida este martes con los representantes sindicales de UGT y CCOO. En la reunión ha aflorado el dato de que solo pasan por los escáneres de seguridad 300 millones de envíos al año, un 4% aproximadamente, según la versión difundida por los sindicatos. La empresa lo ha desmentido “rotundamente”, y asegura en una nota pública que “el 100% de los envíos considerados de riesgo pasan por escáneres”. Correos además niega brechas de seguridad, “ya que los proyectiles cursados en nuestra red la semana pasada –dicen sus portavoces-, quedaron registrados en nuestros sistemas, aunque desgraciadamente, y por un error ajeno a nuestros protocolos, siguieron su curso hasta su destino”.

El día que pasaron por el Centro de Tratamiento de Correos en Madrid las cartas con balas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, solo estaban en funcionamiento dos de los cuatro escáneres de que dispone esa nave del servicio postal, según se ha confirmado también en la reunión.

El envío a Iglesias sí pasó por el escáner, pero no se detectó. El aparato y el vigilante que debieron verlo están encuadrados en una contrata de seguridad que fue elegida "por ser la oferta más económica", según figura en el expediente de adjudicación de Correos, de mayo de 2017. La firma INV Vigilancia, a la que Correos ha abierto un expediente, no fue la adjudicataria directa del servicio, sino la zaragozana CIS, Compañía Integral de Seguridad, sobre la que, un año después de ganar el concurso, un juzgado de lo Social de Galicia extendió una calificación de insolvencia; un año después, la Agencia Tributaria la marcó con un aviso de "incumplimiento relevante".

INV adquirió la contrata de CIS mediante la compra de sus unidades de negocio. Pese a que está en fase de expansión internacional, INV no es una veterana en el mundo de la seguridad. Comenzó su relación con Correos como proveedora de maquinaria, incluidos los escáneres y, hace dos años, montó una división de vigilancia tras la compra, a finales de 2017 y a un precio simbólico, de la quebrada Seguriber, firma experta en obtener contratas públicas de seguridad, propiedad de la expresidenta del Círculo de Empresarios Mónica Oriol.

INV compró la empresa quebrada y se hizo con sus contratas -y también sus deudas- en enero de 2018. Tras la compra de Seguriber, también se hizo con la contrata ganada por CIS, a finales de ese año. CIS había sido la adjudicataria -"por ser la oferta más económica y reunir todas las condiciones del Pliego", dice el anuncio oficial de adjudicación- de dos de los 12 lotes del concurso que para el periodo 2017-2020 convocó Correos por valor de 77,4 millones de euros para los "servicios de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia 2017-2020".

Concretamente CIS consiguió el lote del cuidado en la sede operativa de Madrid, dotado con 12,3 millones de euros, y el de la revisión de correspondencia de Correos Exprés, por 2,3 millones. En ambas adjudicaciones pesó en un 70% "la oferta más ventajosa" y solo en un 30% la "valoración técnica" de esa oferta.

Revisar los protocolos

La investigación de la Comisaría de Información de la Policía y el Servicio de Información de la Guardia Civil sobre las amenazas de muerte enviadas está a la espera de un informe de trazabilidad de los sobres que ha de realizar Correos y que no ha llegado, según fuentes policiales.

Si los técnicos del servicio postal consiguen elaborarlo y su dosier indica en qué sacas de recogida estaban los tres sobres y las áreas de procedencia de cada saca antes de la llegada de las cartas al Centro de Tratamiento de Correos, los investigadores del caso podrán analizar las imágenes tomadas por cámaras de seguridad en el entorno de buzones y oficinas postales y tratar de identificar a la persona o personas remitentes de las amenazas.

Buscar el camino seguido por un envío postal antes de su llegada a la oficina de proceso "es complejo", afirman fuentes no oficiales de Correos. La carencia de un sistema de trazabilidad automático y efectivo ya se puso en evidencia en 2001, cuando, con ocasión de las guerras del Golfo, España se vio incluida en la amenaza de una oleada de envíos de cartas con polvo de ántrax en su interior, recuerdan esas fuentes.

Los escáneres del Centro de Tratamiento de Correos en Madrid y la forma de manejo por los vigilantes no es el único sistema que entrará en revisión tras el incidente de las amenazas de muerte; también el protocolo de seguridad postal de sedes policiales, militares y civiles del Estado, que ha quedado en evidencia

Portavoces de Correos no comentan el trabajo que "se está realizando en apoyo de la investigación", por recomendación policial. En la reunión mantenida entre representantes de la dirección de la empresa y los sindicatos, UGT y CCOO han lamentado que "lo barato finalmente sale caro" y que Correos no haga "un seguimiento riguroso de las empresas que subcontrata", según fuentes de UGT.

El servicio postal se reafirma en "la total vigencia de sus protocolos de actuación", ha difundido este martes, y en que trabaja "todos los días en el mantenimiento y actualización de los sistemas de seguridad electrónica instaladas en más de 2.600 oficinas, y en la renovación de su parque de casi 90 escáneres", ha asegurado en un comunicado. No obstante, asegura la empresa pública, "se ha procedido al refuerzo de la seguridad, y a elevar el nivel de alerta en todas las operaciones".

Lo sucedido con las cartas con balas obliga a Interior a analizar los agujeros de seguridad postal y de paquetería en sedes oficiales. Los escáneres del Centro de Tratamiento de Correos en Madrid y la forma de manejo por los vigilantes no es el único sistema que entrará en revisión tras el incidente de las amenazas de muerte; también el protocolo de seguridad postal de sedes policiales, militares y civiles del Estado, que ha quedado en evidencia.

Conflicto

"Una reevaluación no será completa si no aborda el problema profundo, que es la elección sistemática de las ofertas más baratas, a veces con baja temeraria, en las licitaciones de seguridad pública", asegura Diego Giráldez, secretario general del sindicato de Seguridad Privada de UGT. En Correos, los vigilantes culpan de lo sucedido a sus condiciones de trabajo.

La reacción oficial a la llegada de cartas con balas amenaza con enquistarse en un conflicto de Correos con sus propios vigilantes privados. Fuentes del colectivo en Madrid aseguran a EL PERIÓDICO la planificación de plantes y protestas si el trabajador de seguridad privada que no vio los sobres con munición de fusil es despedido o sancionado.

La empresa estatal Correos ha abierto un expediente a la INV Vigilancia, que desempeña el llamado "servicio de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia en la sede de Madrid", que se adjudica cada cuatro años, y que precisamente en 2021 toca renovar y ha salido de nuevo a licitación. En una carta enviada a INV, la dirección de Correos le pide la "retirada inmediata del servicio" del vigilante al que se le pasaron las cartas.

Correos ha advertido a INV Vigilancia que considera "un incumplimiento muy grave" del contrato lo sucedido. Entre los incumplimientos graves que prevé la contrata está "la no detección de un artefacto explosivo, o de un envío cuya circulación por el correo no esté permitida y que cause daños, o perjuicios, al patrimonio, a la imagen o al buen nombre de Correos".

El supuesto error de vigilancia se cometió a las 17:48 horas del 19 de abril en el escáner 4A del Centro de Tratamiento Automatizado que Correos tiene en el distrito madrileño de Vallecas. Se trata de un equipo H-SCAN 75555, informan en Correos. En cada escáner de revisión, los agentes que sirven a la máquina pueden llegar a ver 5.000 sobres en turnos de siete horas, apuntan fuentes del equipo de seguridad privada que trabaja para el servicio postal público.

Apartado

El vigilante, según las mismas fuentes, se encuentra "afectado por el suceso", y no había dejado de trabajar en su puesto tras el incidente hasta que INV lo ha apartado a partir de este lunes. La media no implica pérdida del salario, indican en su entorno.

El empleado, que lleva varios años en su puesto sin sanción alguna, había trabajado antes en Correos para Seguriber. "No es ningún novato", indican compañeros suyos, y ha seguido un curso de radioscopia para vigilantes. "Dudamos de si la máquina está perfectamente actualizada, y de si tiene todas las habilitaciones que indicará una auditoría de seguridad que ha pedido UGT", dice Diego Giráldez.

UGT, que tiene la mayoría en el comité de empresa de INV, cierra filas con el trabajador mientras no se sustancie la investigación. "Es inadmisible que se apunte al empleado sin reparar en las condiciones de trabajo", advierte Giráldez, cuyo sindicato exige una auditoría en la que no deje de haber datos sobre la carga de trabajo que cada agente de seguridad tiene en la sede operativa de Correos en Madrid.

Reunión con el Gobierno

Después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se haya solidarizado con el trabajador apartado calificando de "indecencia" que las culpas recaigan en su persona, el sindicato ha pedido al Gobierno la apertura de una mesa que analice las fórmulas de concesión de contratas de seguridad privada por el conjunto de las administraciones. "Es una mesa que debe aportar más calidad en el servicio", opina Giráldez.

Por su parte, CCOO emitió este lunes un comunicado en el que propone "abordar con rigor la búsqueda de soluciones a la problemática" cristalizada en Correos a causa del "trasvase y externalización de la actividad, subcontratación de determinados servicios, falta de inversiones y precarización de las condiciones laborales en el operador público postal". 

El sindicato pide "una revisión minuciosa" del sistema de seguridad y "de los pliegos de contratación en la adjudicación de servicios". La Unión Sindical Obrera, por su parte, ha rechazado que se utilice como "cabeza de turco" al vigilante para tapar "una pésima política de seguridad en Correos" y ha pedido que se aparte de la investigación al director de seguridad.

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