Poder Judicial

El CGPJ analiza el recorte de sus competencias mientras espera ser renovado

Bruselas considera que la medida respecta en principio el Estado de derecho

Reunión del CGPJ en Madrid.

Reunión del CGPJ en Madrid. / Archivo

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia este jueves la reciente reforma legal que le impide hacer nombramientos en funciones, un recorte de competencias impulsado por PSOE y Podemos para forzar el PP a negociar la renovación de este órgano y que ha recibido el aval de Bruselas. La Comisión Europea mostró su preocupación con la primera reforma planteada por los grupos que apoyan al Gobierno, que rebajaba las mayorías exigidas para elegir a los vocales, y el Ejecutivo ha anunciado esta misma semana que la retira. Pero Bruselas consideró que prohibir al Consejo hacer nombramientos mientras esté funciones, aunque hace aún más urgente la renovación del órgano de gobierno de los jueces, respeta en principio el Estado de derecho. Los jueces dudan de ello y el CGPJ considera que con la reforma, en la que no fue consultado, se ha vulnerado la separación de poderes.

El pleno del Consejo, que lleva ya más de dos años en funciones, analiza este jueves un informe de su gabinete técnico sobre las implicaciones del cambio normativo ya en vigor. Sin entrar en la constitucionalidad de los cambios, se alerta de que una interpretación literal de la reforma podría llevar a la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización del CGPJ, por lo que apuesta por restringirla a la prohibición de realizar nombramientos discrecionales y de convocar plazas.

El pleno debatirá también si toma alguna medida ante el recorte, ya que cinco vocales apostaron por examinar qué pasos pueden dar en defensa de su independencia, desde acudir a la Comisión Europea a pedir colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia.

Tras desistir de rebajar las mayorías para elegir a los nuevos vocales, el Gobierno ha vuelto a instar al PP a sentarse a negociar la renovación del CGPJ, un acuerdo que parecía inminente en febrero y que saltó por los aires al vetar los populares a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, dos de los candidatos del Ejecutivo.