OPERACIÓN VOLOH
La Guardia Civil acusa al Govern de "canalizar" fondos para un 'pelotazo" de Xavier Vendrell
Uno de los convenios fue firmado en el 2017 por Pere Aragonès, entonces secretario de Economia de la Generalitat
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La Guardia Civil ha remitido un nuevo informe al juez Joaquín Aguirre, que investiga el 'caso Voloh' de presunta corrupción y financiación del 'procés', en el que atribuye a la Generalitat la canalización de fondos de la Fundació La Caixa hacia la Fundació El Brot, vinculada al 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell, uno de los principales imputados en la causa. El dinero, precisa el instituto armado, fue utilizado para la "tramitación, ejecución y puesta en marcha" de una actividad educativa en la finca Villa Bugatti, en Cabrera de Mar, cuya recalificación urbanística "no se ajusta a la normativa y/o legislación vigente en esta materia". Los investigadores sospechan que se pretendía con esta operación un "pelotazo urbanístico". Para ello, según los agentes, Vendrell influenció a funcionarios y cargos públicos del citado municipio y de la Generalitat.
Los investigadores han verificado, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que la Fundació El Brot recibió fondos procedentes de la obra social de la Fundació La Caixa y que este dinero se ha "canalizado" a través de los convenios firmados con la Generalitat. "En el caso de la Fundació El Brot, sus aportaciones fueron decididas desde el Departamento Institucional de la Generalitat, que oficialmente no existe como tal", indican los agentes. No obstante, precisan, en base a la información facilitada por la Fundació La Caixa, "se desprende que fue el área de Vicepresidència".
La prueba es que los convenios fueron firmados por parte del Ejecutivo catalán en 2017 por el secretario de Economia y actual 'president' en funciones, Pere Aragonès. En 2018 y 2019, siendo ya Aragonès 'conseller', la firma correspondió al secretario general de Vicepresidència, Economia y Hisenda. El departamento está en manos de ERC, el mismo partido al que perteneció Vendrell. "Fueron esos cargos públicos quienes mantuvieron las relaciones con la fundación bancaria respecto a las ayudas respecto a la Fundación El Brot y fueron esas las personas integrantes de la comisión de seguimiento establecida en los convenios", subrayan los agentes.
Dinero presuntamente desviado
La Fundación El Brot iba a percibir 850.000 euros entre los años 2017 a 2019 para la construcción de una nueva sede, haciendo presentado únicamente facturas por importe de 232.000 euros en ese periodo, que es lo que se desembolsó, tal y como se desprende de la documentación aportada por la fundación de La Caixa. De esos 232.000 euros, según la Guardia Civil, un total de 149.718 euros "pudieran haberse destinado a finalidades distintas a aquellas para las cuales habían sido adjudicados", puesto que redundaron en dos empresas vinculadas a Vendrell. En su opinión, la Fundació El Brot fue usada como "instrumento" para financiar las actividades vinculadas a un proyecto de Sant Vicenç dels Horts, primero, y de Villa Bugatti, después.
En su informe, la Guardia Civil relata las presuntas irregularidades en la remodelación urbanística de Villa Bugatti, como la construcción de cuatro viviendas sin la preceptiva autorización municipal", por tanto, "construcciones ilegales". A lo largo de los años, siempre a espaldas de las normas, "se produjeron cambios sustanciales en las fincas referentes a magnitud, locales e instalaciones", así como obras supuestamente anómalas. La construcción obtuvo el impulso de un supuesto "interés público" que "se pretendió justificar para ubicar una escuela", dice el atestado del instituto armado.
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