Las consecuencias de la parálisis política

Siete urgencias pendientes a la espera de un Govern en Catalunya

  • La agenda legislativa está paralizada a la espera de la formación de un gobierno en Catalunya

  • La parálisis priva a los diputados de la opción de controlar a los 'consellers' en funciones

Pere Aragonès descendiendo por las escaleras del Parlament.

Pere Aragonès descendiendo por las escaleras del Parlament. / Ferran Nadeu

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¿Se acuerdan de la crisis de las residencias geriátricas con motivo de la pandemia? Sin duda, es algo imborrable para miles de ciudadanos catalanes. Ese caos, admitido por el propio Govern, llevó a la creación y puesta en marcha de una investigación en el Parlament. ¿Y en qué ha quedado esa iniciativa? De momento, en nada. Porque en cuanto se convocan elecciones, todo lo que está haciendo la Cámara catalana queda parado. Decae.

La lista de cuestiones que han decaído, según datos oficiales del legislativo, incluye miles de asuntos. Desde la citada comisión, pasando por 51 proyectos de ley, dos decretos, la reforma del reglamento del Parlament y más de 300 propuestas de resolución, así como centenares de preguntas y solicitudes de información. Y esa es solo la punta del iceberg de una administración que, por ley, no puede ahora aprobar leyes ni presupuestos, y que transmite a todos sus interlocutores de las organizaciones sociales y empresariales el mismo mensaje: todo está a la espera del nuevo Govern.

Según la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una reciente entrevista con el Tercer Sector, el poder político es consciente de esta urgencia, reforzada por el contexto de crisis y pandemia. Pero la indignación es unánime en todos los ámbitos y la lista de tareas pendientes es monumental. El repaso a los retos medioambientales, feministas, de vivienda o de educación, por poner unos ejemplos, da cuenta de la magnitud de las urgencias y del nivel de enojo.

En el terreno político, además, las negociaciones siguen revestidas de secretismo y carecen de fecha límite, excepto la que marca la ley (26 de mayo), con lo que las respuestas que reciben los agentes sociales siempre son las mismas: las de dilatar leyes, reglamentos, compromisos ya adquiridos y, por supuesto, la ley de leyes, que es el presupuesto.

En términos de calidad democrática, la parálisis también deja a los diputados sin opción de controlar al Govern en el Parlament, aunque fuentes del Ejecutivo no descartan que los 'consellers' en funciones se sometan a alguna sesión parlamentaria. Tampoco se otea ningún pleno parlamentario para abordar urgencias como la gestión de las vacunas o los fondos Next Generation.

Sobre ello, tampoco el Gabinete en funciones ha mostrado iniciativa alguna. Y es que no hay Govern, pero sí Parlament, con 135 nuevos diputados, que podrían iniciar proyectos de ley o recuperar los encallados. Tampoco se lleva esto a cabo bajo la excusa o argumento de que sería marcarle las cartas al futuro Executiu y a la mayoría que se constituya en el Parlament de forma estable.

Estos son algunos de los retos enquistados a la espera del futuro Govern.

Desahucio de Claudia (con gorro azul) y sus hijos en el barrio del Poblenou de Barcelona.

/ Ferran Nadeu

Vivienda

La emergencia habitacional, agravada por el impacto del covid, urge medidas inmediatas y las entidades de la sociedad civil se ponen como meta conseguir que la primera ley que se apruebe en esta 13º legislatura resuelva los estragos en esta materia.


Desde la PAH exigen que en Catalunya se restituyan artículos del decreto ley 17/2019 anulados por el Tribunal Constitucional para que se frenen los desahucios y se obligue a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables, protegiendo a aquellas que ocuparon una vivienda de bancos o fondos de inversión. Según la portavoz de la entidad en Barcelona, Lucía Delgado, esta norma es “plenamente constitucional porque aboga por el derecho a la vivienda”. “Es muy urgente que se forme Govern porque las familias no pueden esperar más. La moratoria hasta septiembre es un parche. Necesitamos que se asignen alquileres sociales para evitar desahucios”, espeta Delgado, y asegura que hay 3.000 familias que quedaron “colgadas” a punto de firmar un alquiler social.


Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre marzo y junio del 2020, en pleno confinamiento, hubo 5.737 desahucios en Catalunya, la mayoría de arrendatarios. De ahí que el Sindicato de Inquilinos pida una nueva ley de vivienda más amplia con medidas que aporten estabilidad y seguridad a los inquilinos, ya sea alargando el plazo de los contratos o con cláusulas de renovación automática.

 

El portavoz de la entidad, Jaime Palomera, pone como ejemplo que en Francia o Alemania se postergan los contratos salvo que el propietario justifique que necesita el inmueble o por incumplimiento del inquilino. También reclama que los honorarios los pague el propietario y no el arrendatario, que se regulen las licencias turísticas para engrosar el sistema residencial y que el parque de vivienda público se amplíe. Aparte, pide “fortalecer” la ley que pone coto a los alquileres abusivos, ahora en manos del Tribunal Constitucional tras un recurso del PP. “Hay que regular para que vivir de alquiler no sea sinónimo de abuso e inseguridad”, concluye. JÚLIA REGUÉ

Varios sanitarios protegidos en la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- del Hospital del Mar, en Barcelona.

/ Europa Press / David Zorrakino

Sanidad

“La pandemia ha puesto al desnudo que la reforma del sistema sanitario es urgente”, espeta el presidente del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós. Aboga por tomar nota de las lecciones del covid y reforzar la atención primaria, reorganizando el sistema sanitario para minar la burocracia y cimentar infraestructuras que avancen en la digitalización. “Hay que aprovechar los recursos –entre ellos, los fondos europeos- para transformarlo. Si sirven para hacer lo mismo que hasta ahora, será un error histórico”, inquiere, apostando por un nuevo marco jurídico. “Los hospitales del Institut Català de la Salut deben tener un NIF propio con capacidad de autonomía real”, ejemplifica.


Padrós se remite a las 30 medidas exigidas por los expertos, entres las que se incluye aumentar la financiación con 5.000 millones de euros más de presupuesto en los próximos cinco años, desplegar la Agencia de Salud Pública de Catalunya, mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, perfeccionar la coordinación y las alianzas entre hospitales y potenciar la investigación. También pide que prevalezca la cultura de la evaluación de resultados por parte de organismos independientes.


Para llevar a cabo este plan, opina que debe haber consenso entre las fuerzas políticas más allá del Govern y que el liderazgo político en sanidad sea “fuerte y discutible, con ascendencia al sector sanitario” porque el proyecto es de largo recorrido. “Nos jugamos mucho, tenemos que empoderar la meritocracia”, zanja.


Por otra parte, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia la precariedad de los profesionales y la falta de estabilidad y retención del talento: “Se está maltratando deliberadamente a los sanitarios”, asevera. Además, critica las interferencias de las patronales sanitarias que, según él, siguen con la idea de ejecutar recortes. “Están profundizando en el modelo ‘low cost’ que hará estallar la burbuja sanitaria cuando termine la pandemia”, augura, por lo que llama a reformar el sistema sanitario desde la óptica de los profesionales. JÚLIA REGUÉ

Movilización convocada por CCOO y UGT frente a la Delegación de Gobierno en Barcelona para denunciar que las patronales y los gobiernos están impidiendo medidas estratégicas y esenciales para garantizar la igualdad social y la distribución de la riqueza.

/ Europa Press / David Zorrakino

Empleo

Sindicatos y patronales coinciden en que se están perdiendo oportunidades día a día. Tanto respecto a los fondos europeos de reconstrucción, como a los 700 millones prometidos para el segundo trimestre en políticas para empresas y autónomos para frenar los efectos de la covid, o en planes clave como el pacto nacional por la industria. Y, vinculado a todo ello, la falta de presupuestos.


"Estamos perdiendo un coste de oportunidad con los fondos europeos y las otras comunidades autónomas ya se están moviendo. Tampoco tenemos unos presupuestos fuertes para abordar las políticas que necesitan las pequeñas y medianas empresas", afirma Antoni Cañete, de Pimec. Josep Sánchez Llibre, líder de Foment, no puede ser más claro: "No se pueden tolerar más retrasos. Apelamos a la responsabilidad de las formaciones políticas para que se configure un Govern estable, cohesionado y activo para abordar la recuperación económica con lealtad institucional y seguridad jurídica. Basta de perder el tiempo".


Y en este mensaje coinciden los sindicatos. Según Javier Pacheco, líder de CCOO de Catalunya, los 'consellers' de su área están "totalmente 'missing'". "Es perder el sentido de la realidad: si no ven la emergencia social, es que tenemos un problema de liderazgo político", denuncia, y cita asuntos pendientes el desarrollo del plan de riesgos laborales, poner al día acuerdos con los funcionarios o actualizar la ley del cambio climático. "Cuando los negociadores políticos dicen que empatizan con la situación, me parece una mofa", denuncia.


Camil Ros, líder de UGT de Catalunya, añade más deberes pendientes: la reconversión hacia el vehículo eléctrico, el replanteamiento del turismo en términos de recolocación de trabajadores, la renta garantizada, el "diálogo social 'interruptus'". Ros coincide con Pacheco en describir a un Govern parado: "Están en su mundo, que no es el mundo real de ahora. No avanzamos, van tarde y no van conectados a la realidad, porque priman otros intereses distintos a los de la necesidad de un Govern”. GABRIEL UBIETO

Alumnos catalanes en la vuelta a las aulas tras el verano del 2020.

/ Ferran Nadeu

Educación

“Que no haya Govern hace que se paralice todo. Va de horas, ya no de días”, clama la secretaria general de CCOO Educación, Teresa Esperabé. La falta de financiación y los recortes acarreados desde hace una década impactan de lleno en las aulas catalanas y los asuntos pendientes se acumulan: “Las demandas ya están paralizadas desde hace muchos años, lo que está muy claro es que algunas la necesidad de ponerlas en marcha se han evidenciado mucho más con la pandemia”, recalca la portavoz de USTEC-STEs, Iolanda Segura.

 

Entre las carpetas en espera a desarrollar de forma efectiva está el decreto de comedores –para atender al alumnado con necesidades educativas especiales de la mismo forma que en horario lectivo-, el decreto de conciertos educativos –para garantizar la igualdad de los alumnos y la equiparación de las condiciones laborales de los docentes- y el programa de digitalización –especialmente en el alumnado más vulnerable que supone un tercio del total-.

 

Pero la urgencia que genera más consenso en la comunidad educativa es la reducción de ratios y el mantenimiento de los 3.000 docentes extra contratados por la pandemia. Esperabé y Segura vinculan una cosa con la otra porque una mayor dotación de docentes mejora la atención personalizada. En este extremo ambas recuerdan que el decreto de inclusión del 2017 tiene que desarrollarse aumentando la plantilla de especialistas.

 

“Hay una doble lista de espera respecto a la inclusión: 38.000 alumnos están esperando informe de reconocimiento sobre si requieren educación especial y otros 49.000 están pendientes de recibir los recursos del sistema educativo inclusivo”, apunta Esperabé.

 

A parte, hay que regular la sustitución del personal de apoyo educativo, administración y servicios, a lo que se le añade la gran bolsa de interinos pendientes de acceder a oposiciones, la adaptación de la Ley Celáa a Catalunya y una actualización renovada de la Formación Profesional. “La improvisación es la tónica general de los gobiernos de los últimos años. Falta diálogo y negociación para salir del inmovilismo”, zanja Segura. JÚLIA REGUÉ

Colas del hambre en la parroquia de Sant Isidre de Barcelona.

/ Manu Mitru

Tercer Sector

La lista de proyectos sociales encallados y con repercusión sobre los más desfavorecidos es larga: concretar los procedimientos para hacer efectivo el pacto con Endesa contra la pobreza energética; firmar un convenio con el Gobierno respecto a la compatibilidad entre renta garantizada e Ingreso Mínimo Vital; implementar el plan estratégico de servicios sociales; atender a los proyectos de los fondos de la UE que puedan tener perfil social; aprobar la ley del Tercer Sector; la ley de la Economía Social; la de concertación que regula las tarifas a las entidades del sector; dotar de contenido el pacto por la interculturalidad y el plan de apoyo a las familias; poner en marcha el observatorio de familias; repensar la cartera de servicios --algo que afecta a ámbitos como la infancia y el penitenciario--; activar la estrategia sobre los sintecho; mejorar la renta garantizada y poner en marcha las mesas territoriales.


Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, afirma: "En el Govern todos están de acuerdo con nosotros, pero pedimos que nos pongamos manos a la obra. Tenemos muy buenas palabras, pero necesitamos acción”. Al reunirse la semana pasada con Laura Borràs, la presidenta del Parlament les transmitió que "está de acuerdo" con sus reivindicaciones, que "entiende la urgencia" y que le "preocupa mucho". "Esperamos que esto se traduzca en hechos", apostilla Alsina.


Sira Vilardell, vicepresidenta de las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), alerta: "Estamos en una crisis sin precedentes y el tiempo que estamos perdiendo es clave, porque deberían estar poniéndose en marcha medidas de protección. Este tiempo parados nos hace sufrir mucho por lo que nos viene mañana”. Vilardell y Alsina coinciden en que sus interlocutores en el Govern retrasan o anulan reuniones. “Nos dicen: ‘no se ha hecho porque, al no tener Govern constituido, no hemos podido avanzar’, y no sé si son conscientes de la afectación que tienen estas cosas en el actual contexto”, concluye Vilardell. ECAS ha pedido a JxCat, ERC y la CUP una reunión para abordar ests urgencias. Todavía no se han producido los encuentros. FIDEL MASREAL

Vista de la ciudad de Barcelona con su neblina y contaminación desde el Turó de la Rovira.

/ Ricard Cugat

Medio ambiente

Desde Ecologistas en Acción, su portavoz, Kike Molina, describe los efectos de la parálisis: "No tener un Govern retrasa políticas importantes para la transición ecológica, sobre todo en conservación de la biodiversidad. Hay que cambiar leyes, como la de caza, y atender a los caminos públicos. O en materia de calidad del aire, de ozono troposférico, y otras políticas sectoriales, como planes de conservación y recuperación de especies vulnerables, aprobar el catálogo de fauna autóctona y la ley de protección de vías pecuarias". Molina también teme que, con un Govern como el actual, se perpetuarán agresiones al medio ambiente, otorgando licencias como el proyecto BCN World y urbanizaciones en el Baix Llobregat y la Costa Brava.


Dan Vivas, de Fridays for Future, ironiza sobre los efectos positivos de no disponer de un Govern al 100%: "No se habla de expandir el aeropuerto y el puerto, que son cosas que la Generalitat había fijado como objetivos, porque hemos tenido un Govern contrario a atender la crisis climática”. Echa de menos el liderazgo del Ejecutivo en la gestión de los fondos de reconstrucción europeos "en beneficio de la sociedad en general", lo que, a su juicio, hace que sean "las grandes empresas, como Endesa o Naturgy, las que lideran el Next Generation". En este sentido, también reclama que se forme un Gabinete y que cumpla la promesa de ERC de disponer de una 'conselleria' de Medio Ambiente, como reivindican los grupos ecologistas.


Y en el ámbito de Barcelona, Guille López, portavoz de Eixample Respira, menciona el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono de vehículos de tracción mecánica, "que hace tiempo que está parado". "También nos preocupa que se levantarán barreras de peajes el 31 de agosto y ello supondrá un aumento de vehículos entrando en Barcelona. La falta de Govern no nos permite trabajar en este sentido, se han de tomar decisiones”, zanja. FIDEL MASREAL

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Manifestación del 8M, día de la mujer en el Passeig de Gràcia de Barcelona

/ Ferran Nadeu

Feminismo

En el último pleno de la pasado legislatura se actualizó la ley del derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista para incluir y blindar también los derechos de las personas trans, y en esa misma sesión, se aprobó la ley de igualdad de trato y no discriminación. Ambas fueron ampliamente celebradas por el movimiento feminista, pero su despliegue depende de los presupuestos que trace el futuro Govern.


“No necesitamos más leyes, se ha avanzado en los últimos años a nivel legislativo contra la violencia machista y lgtbifóbica. Lo que necesitamos son recursos”, espeta la abogada feminista de Dones Juristes, Marisa Fernández. Coincide también la letrada de Ca La Dona, Sònia Ricondo, porque “si no se invierte, las leyes quedarán en papel mojado”. Ambas opinan que la legislación vigente quedará en una “declaración de principios” si no se desarrolla y recalcan que además a la mayoría de la legislación en esta materia le falta un régimen sancionador. “El Govern no puede influir directamente en la judicatura, no es de su competencia, pero sí en los servicios básicos y asistenciales”, asegura Ricondo, poniendo como ejemplo la tarea de los Mossos d’Esquadra en la atención a víctimas de violencia machista.


La formación en perspectiva de género a todos los niveles de la administración sigue siendo prioritaria para que las mujeres tengan el acompañamiento que necesitan sin ser revictimizadas. Y, sobre todo, la difusión de que hay mecanismos a su alcance. Fernández hurga en que “el machismo está presente en los informes y estructuras de la administración”, y menciona algunos casos a cargo de la DGAIA en materia de abusos sexuales a menores. Reclama también que se ponga en marcha una ‘red pública de cuidados’ y que se ataje la feminización de la pobreza, agravada por la pandemia.


Ambas tienen esperanzas en que la Conselleria de Feminismos con la que se compromete ERC trabaje de forma transversal con el resto de departamentos. “La perspectiva de género tiene que estar también en Justícia, en Interior, en Educació y en Salut”, concluye Ricondo. JÚLIA REGUÉ