Memoria histórica

Más de 200 particulares preparan recursos contra las exhumaciones en el Valle de los Caídos

  • Pedirán medidas cautelares contra las pruebas forenses de los cadáveres acumulados en la basílica

Visitantes en la puerta de entrada a la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Visitantes en la puerta de entrada a la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). / David Castro

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Un pleito de imprevisible duración amenaza con aplazar sine die la exhumación de cuerpos en el Valle de los Caídos a la que ya da trámite el Gobierno. Doscientos doce familiares de personas enterradas en el Valle preparan recursos contra las obras de exhumación para las que el 12 de abril pidió licencia urbanística el Ejecutivo al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. De esos parientes, varias decenas han enviado a Patrimonio Nacional (la entidad firmante de la petición de licencia y rector operativo del recinto) un formulario negando permiso para que se toquen los restos de sus antecesores.

La Asociación Defensa del Valle de los Caídos cuenta en 212 las negativas, y sus promotores esperan juntar más. La plataforma ha diseñado una campaña jurídica contra los trabajos de exhumación de 60 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil o la represión en retaguardia, casi todos republicanos, para los que el Ministerio de Presidencia, a través de Patrimonio, pide el permiso de obras. Entre ellos, los anarquistas Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, asesinados en Calatayud en agosto de 1936, a cuyos parientes reconoció en 2016 un juzgado escurialense el derecho a recuperar los cadáveres.

"Respetamos absolutamente el derecho a cualquier familia a exhumar a sus parientes -dice Pablo Linares, coordinador de la asociación-, pero exigimos el mismo respeto para quienes no quieran que los suyos sean removidos". Acogiéndose a la reglamentación mortuoria autonómica y al artículo 526 del Código Penal, la asociación pedirá suspensión cautelar "en cuanto entre la piqueta, o en su momento oportuno", asegura Linares.

Coordina la argumentación jurídica el abogado de la entidad, Pedro Cerracín, letrado en numerosos pleitos de la Asociación Víctimas del Terrorismo. La petición de cautelares se dirigirá a los tribunales aludiendo a posibles delitos de profanación de cadáveres. El formulario de negativa dice a Patrimonio Nacional: ""Me permito requerirles para que se abstengan de tocar, trasladar y/o manipular los restos de mi antecesor".

Fragmento de escrito de negativa a las exhumaciones en el Valle de los Caídos.

/ EL PERIÓDICO

Los firmantes de las denegaciones de permiso son de Madrid, Galicia, Asturias y Toledo, y de estas una reside en Barcelona. Un peticionario asturiano, hijo de un caído franquista, tiene 92 años. Entre quienes se oponen, asegura Linares, también hay descendientes de republicanos.

Cuando se inicien las obras de exhumación, se desarrollará una primera fase de aseguramiento de un acceso a la cripta del Santo Sepulcro, primera de las de la basílica del Valle en las que quiere actuar Patrimonio Nacional. Después, y para comprobar que los cuerpos rescatados son los de los peticionarios, habrá que hacer test de ADN a los huesos, que están mezclados. Y ahí está la base del conflicto: las declaraciones en contra inciden en su negativa a "que se sometan a prueba forense los restos familiares".

Cuerpos mezclados

"No somos quiénes para decirle a un ayuntamiento si puede conceder o no licencia de obra mayor -explica Linares-, pero haremos valer el derecho de nuestros representados en otras instancias". Los firmantes de los documentos que acumula su asociación avisan: "Me reservo las acciones legales oportunas frente a quien corresponda, caso de que se toquen los restos mortales de mi familiar".

La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, informó el pasado lunes en sendas reuniones a los delegados y los miembros del Comité de Dirección de la entidad estatal. Castellanos dio cuenta de la solicitud de licencia de obra mayor para las exhumaciones, a la que dos días después empezó a dar trámite el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. El consistorio anunció el pasado miércoles que la solicitud se someterá al criterio de sus secciones de Urbanismo y Patrimonio, antes de pasar a la Junta de Gobierno Local.

Concejales del PP, partido del que es la alcaldesa escurialense, Carlota López, y de Ciudadanos forman esa Junta de Gobierno. El Ayuntamiento tiene un plazo máximo legal de tres meses para pronunciarse.

Los restos de 33.837 personas yacen en las criptas de las capillas de la basílica del Valle de los Caídos, generalmente con tres pisos de osarios cada una. Tras la capilla del Santo Sepulcro, donde los familiares de los hermanos Lapeña creen que están sus cuerpos, hay restos de 18.311 personas en 6.953 cajas. Un total de 10.215 de esos cadáveres están registrados como colocados en el piso tercero, según un informe forense realizado para el Ministerio de Justicia en febrero de 2011.

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Los cuerpos que yacen tras las paredes y el suelo del monumento están en columbarios individuales o colectivos. Estos últimos son cajas de madera con hasta 15 esqueletos mezclados entre sí. Los cuerpos empezaron a llegar al recinto de Cuelgamuros el 23 de marzo de 1959. De los enterrados, 12.510 fueron inhumados sin previa identificación.

Entre tantos enterramientos solo hay cuatro ataúdes: el de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y el de otras tres personas, una de ellas capitán del ejército franquista, inhumados en féretros y no en columbarios en razón de su estado de conservación, pues sus cuerpos no se habían aún osificado pese a los más de 20 años transcurridos desde su muerte.