El futuro del emérito

Las 4 claves que alargarán la investigación al rey Juan Carlos

La fiscalía asume que las pesquisas sobre el emérito se prolongarán para dar una respuesta conjunta a todas las diligencias

El Rey emérito Juan Carlos I en el exterior del Congreso de los Diputados.

El Rey emérito Juan Carlos I en el exterior del Congreso de los Diputados. / JuanJo Martin

Ángeles Vázquez

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Cuando se somete a investigación a quien fue el jefe del Estado el celo se extrema al máximo. Nadie quiere cometer un error ni dejar un fleco suelto antes de decidir el siguiente paso. Por eso la fiscalía ha asumido que la que tiene entre manos relativa al rey emérito será larga hasta poder estar en condiciones de determinar cómo deben terminar las tres diligencias abiertas, a ser posible de una forma conjunta. Las opciones siguen siendo dos: archivar las pesquisas, al entender que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I por más de cinco millones de euros son suficientes para reparar el daño causado con su conducta delictiva, o hacer justo lo contrario y presentar una querella en su contra ante la Sala Segunda del Supremo.

Las diligencias

Pese a que el año pasado se daba por hecho que la primera de las tres diligencias de investigación abiertas al emérito, la relativa a las presuntas comisiones por la construcción del AVE a La Meca, concluiría antes de que concluyera 2020, con el archivo de las actuaciones referidas a él y la vuelta a Anticorrupción de las relativas a los empresarios implicados, el tiempo ha demostrado que no ha sido así.

Las fuentes fiscales consultadas por EL PERIÓDICO explican que esa opción se barajó, pero se descartó al ir apareciendo nuevas líneas de investigación que se solapaban y obligaban a ampliar las averiguaciones. Las diligencias abiertas por el pago desde cuentas irlandesas con tarjetas opacas a nombre del exayuda de campo del rey, Nicolás Murga, y nutridas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause llevaban un año en Anticorrupción cuando pasaron al Supremo tras su prórroga. Con esas 'black', familiares del rey emérito, como sus nietos Victoria Federica y Froilán, pagaron gastos varios. Ello coincidió con las terceras diligencias: las relativas a un fondo en la isla de Jersey de la que alertó el SEPBLAC ante sospechas de delito fiscal o blanqueo.

De Suiza a México

Solo con ver los lugares que jalonan las diligencias seguidas contra el exmonarca se sabe que se trata de una investigación internacional, en la que hay que instar la colaboración judicial de otros países. Eso se hace con comisiones rogatorias, con las que se solicitan a otros países desde documentos -como ocurre con Suiza, donde había cuentas de la fundación panameña Lucum y Zagatka (Liechtenstein), de las que el exmonarca era beneficiario-, o sirven para interrogar a testigos o imputados, como se hizo con Mónaco para tomar declaración a su primo Álvaro de Orleans. También se ha pedido ayuda, entre otros, a México, Jersey y Londres.

Hacienda

La prolongación de las pesquisas ha permitido al rey, a través de su abogado, el penalista Javier Sánchez-Junco, presentar dos regularizaciones para ponerse al día con Hacienda. La primera, por <strong>678.393</strong><strong> euros</strong>, obedecía a los pagos con las tarjetas, mientras que la segunda, por 4.395.901 euros, se relacionaba directamente con "las rentas derivadas de la asunción, por la fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el emérito. Desde la fiscalía no dudan en destacar que el hecho de que haya aflorado este dinero responde a la eficaz investigación que realiza. Pero para determinar si debe interponer o no querella necesita el informe de la Agencia Tributaria sobre esas regularizaciones. Para entregar el de la primera a la fiscalía necesitó tres meses, lo que permite augurar lo que tardará en pronunciarse sobre la segunda, de cuantía muy superior.

La Sala Segunda

Lo que la fiscalía tiene claro es que, llegado el punto en el que entendiera necesario presentar querella, solo interrogará al emérito la Sala Segunda del Supremo, que es el órgano ante el que está aforado una vez que perdió la inviolabilidad al abdicar, en junio de 2014. La opción de ofrecerle declarar voluntariamente ante el Ministerio público en el marco de las diligencias abiertas, como se hace con otros investigados, queda descartada totalmente.

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