Núria Marín, ante el juez: 7 claves e incógnitas de la investigación al Consell Esportiu de L'Hospitalet

El origen del caso

En febrero de 2020, el entonces concejal de Educación de L'Hospitalet, Jaume Graells, informa a la alcaldesa de presuntas irregularidades en el Consell Esportiu, una entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar que preside el concejal de Deportes, en aquel momento Cristóbal Plaza. Marín se compromete a auditar las cuentas del organismo, pero Graells opta por denunciar el caso a la Policía. Según declaró esta semana ante la jueza, lo hizo por lo que consideró "pasividad total" en este asunto de la regidora, a quien acusó de "traicionar su confianza".

Las acusaciones

El Juzgado de Instrucción 2 de L'Hospitalet está investigando este caso desde diciembre por presuntos delitos como malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental por una presunta doble contabilidad en el Consell Esportiu --con unos 500.000 euros de diferencia entre las cuentas presentadas ante la asamblea de la entidad y las entregadas a la secretaria del Esport de la Generalitat--. En concreto, Marín está siendo investigada por supuesta prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir el delito.

Los imputados

Aparte de la alcaldesa, otras 13 personas están imputadas ahora mismo en esta causa. Entre ellas, la jefa de gabinete de Marín, Montserrat Pérez; el secretario del Esport de la Generalitat, Gerard Figueras; el segundo teniente de alcalde de L'Hospitalet, Cristian Alcázar; el director del Consell Esportiu, Eduard Galí; y el exconcejal Cristóbal Plaza, que dimitió a raíz del caso. El resto de investigados son personas vinculadas a la entidad deportiva, tanto miembros de la junta directiva como cargos que firmaban determinados documentos ahora bajo sospecha.

La trama

"Enriquecimiento injusto y, a la vez, perjuicio patrimonial considerable". La frase fue escrita en un auto en el que la jueza enumera algunos de los supuestos tejemanejes y trapicheos de los imputados: pagos en efectivo sin ningún control fiscal de servicios realizados o no; cobro de dietas "desproporcionadas"; gastos sin justificación (como compra de libros en Amazon, algunos de autoayuda, hoteles, compra de camisetas, multas, gasolina o colegios profesionales); desembolso de 45.000 euros fraccionados por un supuesto falso despido de un regidor imputado y miembro de la junta; y posible falsificación de documentos. La togada sostiene que podría existir un "sistema de contabilidad oculto", pero la defensa lo niega y solo admite "errores" de gestión a la hora de aprobar las cuentas anuales.

El papel de Marín

Según la magistrada, una vez el denunciante destapó internamente esta supuesta trama, los imputados se pusieron de acuerdo para intentar ocultar los hechos y evitar su descubrimiento, "orquestando" junto a Núria Marín "una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación". Para la jueza, Marín "habría favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del ayuntamiento" a la entidad. Y ayudó "incluso" a los investigados a evitar que "su actividad aparentemente ilícita pudiera ser descubierta, manteniendo una conducta omisiva y pasiva cuando un miembro de la entidad que ostentaba también la condición de teniente de alcalde del ayuntamiento le trasladó de forma directa los hechos cometidos por los investigados". Los whatsapp que la Policía usa para inculpar a Marín son de terceras personas y, hasta el momento, no se ha hallado ninguno escrito por la propia alcaldesa.

La versión de la alcaldesa

Según la alcaldesa, que ya declaró durante dos horas y media ante la Policía, en cuanto tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en el Consell Esportiu, comprobó que las subvenciones públicas estaban "bien otorgadas", encargó una auditoría "económica, financiera y fiscal" de la entidad y citó por separado al concejal denunciante y a los dos ediles detenidos. En esas reuniones, añade la regidora, constató "contradicciones" y sospechas de que el detonante de la acusación pudieran ser "cuestiones personales y de relaciones sentimentales". Marín reconoce que la auditoría no se terminó debido a la pandemia y a la investigación policial.

La versión del Consell Esportiu

Varios miembros del Consell Esportiu investigados han responsabilizado de las irregularidades al director de la entidad, Eduard Galí, al exdirector y exconcejal Cristóbal Plaza, a quien era el contable de la entidad (ya fallecido) y a la administrativa del grupo de contabilidad. Algunos de los verificadores contables investigados, que tenían la responsabilidad de supervisar las cuentas, han admitido que no revisaban la documentación que les entregaban y que simplemente firmaban lo que Plaza y Galí les pedían porque confiaban en ellos y en la entidad. En el acta de su última asamblea, del 23 de diciembre, el Consell Esportiu reconoce que aprobó un presupuesto "incompleto" del ejercicio de 2020 , que únicamente mostraba los importes de gastos e ingresos de los proyectos objetos a subvención, sin mostrar el conjunto de las cuentas. Dicho presupuesto se aprobó inicialmente por 419.000 euros, cuando realmente ascendía a 901.140 euros.