Informe al Supremo

La Abogacía Del Estado considera reparado el daño económico del 'procés'

  • Los servicios jurídicos del Estado rechazan posicionarse sobre los indultos, " una decisión que solo compete al Gobierno"

  • Señala que el "perjuicio económico" causado por los delitos de malversación está reparado al entregarse 4,1 millones

Pere Aragonès y Oriol Junqueras, en videoconferencia desde la prisión, durante el acto de celebración del 90º aniversario de la fundación de ERC.

Pere Aragonès y Oriol Junqueras, en videoconferencia desde la prisión, durante el acto de celebración del 90º aniversario de la fundación de ERC. / Alberto Estévez / Efe

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

Periodista

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La Abogacía del Estado ha evitado posicionarse sobre la concesión de los indultos a los líderes del procés. En un informe dirigido al Tribunal Supremo se explica que la Abogacía, como parte de la Administración General del Estado no puede manifestarse sobre esta cuestión ya que sería adelantar el posicionamiento final del Gobierno. No obstante, en el documento remitido al Supremo sí destaca que se ha reparado el daño económico ligado al delito de malversación por el que fueron condenados algunos de los políticos catalanes presos.

La abogada del estado Rosa María Seona, en la conclusión del oficio remitido al Supremo, no se decanta ni a favor ni en contra de la concesión de la medida de gracia. Para ello, se ampara en "la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado", de la que forma parte tanto la Abogacía del Estado como el Gobierno. Según sostiene Soane, al posicionar sobre esta materia “se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete".

La Sala del Tribunal Supremo solicitó este informe de la Abogacía del Estado a finales de enero para que valorasen la petición de indulto realizada respecto a los doce políticos catalanes condenados. Además, el TS cuenta ya con un informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación. Tras analizar los argumentos de ambas partes, el Supremo emitirá otro informe al Ejecutivo, aunque ninguno de ellos será vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.  

La cuestión económica

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No obstante, Seona sí se ha manifestado el delito de malversación. "Parece lógico que el contenido del informe a emitir se limite al bien jurídico protegido que determina la condición de ofendido", subraya en referencia al dinero público malversado. En dicho informe considera que se ha reparado el daño económico una vez que se han depositado 4,1 millones de euros en el Tribunal de Cuentas. De esta forma, solo entra a analizar las peticiones de indulto sobre el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, ya que el resto fueron absueltos del delito de malversación de caudales públicos.

Así, la Abogacía sí que llama la atención sobre un hecho determinante a la hora de valorar la concesión de la medida de gracia, que no es otro que la reparación del daño económico que está relacionado con la condena por el delito de malversación. Esta cuestión es relevante porque, al margen de no manifestarse sobre el fondo de la cuestión, la Abogacía pidió al Supremo que en su decisión sobre los indultos tuviera en cuenta el dinero malversado y si han resarcido al Estado el daño causado.