Memoria Histórica

Andalucía y Catalunya, las autonomías que más recibirán para exhumaciones de la Guerra Civil

Las comunidades autónomas recibirán dos millones en total

Fosas del franquismo en Burgos

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El Periódico

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Las comunidades autónomas recibirán dos millones de euros para localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y un millón de euros para divulgar los trabajos y dignificar los lugares de enterramiento.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y las comunidades autónomas han acordado este lunes el reparto de la partida de 3 millones de euros durante la sesión constitutiva de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, un nuevo órgano de cooperación entre administraciones sobre políticas de memoria.

Cada autonomía o ciudad autónoma que tenga al menos una fosa para exhumar recibirá un fijo de 20.000 euros, y los 1.660.000 euros restantes se repartirán en función del número de fosas de cada territorio. En el caso de la divulgación de los trabajos y la actividad para dignificar los lugares de enterramiento y promocionar espacios de memoria, se repartirán 600.000 euros a partes iguales y los 400.000 restantes se otorgarán en función de las fosas intervenidas con metodología científica entre 2000 y 2020. 

La lista de las autonomías

Aplicando estos criterios Andalucía, con un monto de 507.814 euros, será la comunidad que más recursos reciba, seguida por Catalunya (335.938 euros), Valencia (283.417 euros) y Castilla y León (243.902 euros). 

El listado lo siguen Navarra (232,881 euros), Extremadura (207.477 euros), Aragón (196.337 euros), Asturias (187.953 euros), Baleares (122.029 euros), Galicia (106.395 euros), Euskadi (102.499 euros), Castilla La Mancha (90.043 euros), Canarias (71.707 euros), Cantabria (64.998), Madrid (64.623 euros).

Y entre los territorios que menos recursos reciben figuran Murcia (60.894 euros), La Rioja (57.555 euros), Ceuta (31.953 euros) y Melilla (31.578 euros). 

Pasos a dar

El siguiente paso es que cada comunidad autónoma presente una propuesta de los proyectos a financiar, que se aprobará "de común acuerdo" con el ministerio de la Presidencia. 

El Gobierno abonará los pagos de manera trimestral -en una sola transferencia la de los dos primeros trimestres- y las comunidades autónomas deben presentar la certificación de las actuaciones antes del 31 de marzo de 2022.