Las 4 evidencias sobre la caja b del PP que contradicen a Aznar y Rajoy

Doble sentencia judicial

La sentencia de la Audiencia Nacional que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, en junio de 2018, establece que el PP se financió, al menos desde 1989, con una caja b o, en palabras de Luis Bárcenas, "contabilidad extracontable". Esa contabilidad opaca "se nutría, en buena medida, con aportaciones que incumplían la normativa sobre financiación de partidos políticos, efectuadas por personas y/o empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, como gratificación por ese trato de favor". Aquel fallo esgrimió ocho declaraciones de testigos e imputados y dos informes policiales para sustentar la existencia de dicha caja b. Y declara que parte de las comisiones cobradas por la 'trama Gürtel' se destinaron, como "donaciones finalistas", a esa misma caja b, que describe como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente" por Bárcenas para dejar constancia de "los ingresos y gastos del partido" y, en ocasiones, de los pagos recibidos por sus "miembros relevantes". En octubre de 2020, el Tribunal Supremo ratificó que todas las pruebas que esgrimía la Audiencia Nacional es "válida y suficiente".

Testimonios de exaltos cargos

En la fase de instrucción, los investigadores acreditaron hasta 55 de los más de 400 apuntes contables de los 'papeles de Bárcenas', entregados al juez por el extesorero en 2013. Además, durante el transcurso del juicio, media docena de exaltos cargos del PP han reconocido la veracidad de varias anotaciones. Cristóbal Páez, exgerente del partido, ha admitido que cobró 12.000 euros en dos pagos reflejados en la contabilidad paralela y que "no se reflejaron en ninguna nómina". Luis Fraga, senador del PP durante 21 años, reconoció que se le abonaron dos pagos de 3.000 y 6.000 euros que figuran en los papeles. Los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre han admitido haber recibido dinero en metálico del partido en calidad de intermediarios, pero han defendido la legalidad de los pagos. Y el expresidente del Senado Pío García-Escudero ha explicado que en 2001, tras sufrir un atentado de ETA, el PP le concedió un préstamo de cuatro millones de pesetas para afrontar los gastos del mobiliario. Frente a ello, los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal han negado la existencia de una caja b o haber recibido sobresueldos irregulares.

Constructores y auditores

Las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideran que Arenas y García-Escudero admitieron "indirectamente" e, incluso, "confirmaron algunos de los apuntes de la caja b" al reconocer que, en 2008, se celebró una cena de homenaje al extesorero del PP Álvaro Lapuerta en la que le regalaron un reloj. Ambos gastos aparecían recogidos en la contabilidad opaca. Según esos mismos fallos, el constructor Alfonso García Pozuelo certificó que entregó 60.000 euros a la caja b en diciembre de 2003 para que el PP le adjudicase contratos de obra pública. Y el auditor interno del PP, Carlo Luca Magniani, afirmó que algunos ingresos que figuraban en la caja b fueron traspasados el mismo día y por las mismas cantidades a la contabilidad oficial del PP, algo que, a tenor de los tribunales, confirma no solo que existiese una caja b, sino también "el traspaso de fondos de los papeles B a la contabilidad A".

Declaraciones sin valor

Siendo presidente del Gobierno, Rajoy declaró como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio por la primera época de la 'Gürtel'. La sentencia del tribunal no dio credibilidad a su testimonio al considerar que, al igual que otros dirigentes del PP, negó la existencia y todo conocimiento sobre la caja b del partido para no reconocer que él mismo recibió cobros opacos a Hacienda. Considera que hay prueba "contundente" de ello, pese a los testigos que lo negaron, como el propio Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Pío García Escudero. El tribunal, como sostuvo también la Fiscalía Anticorrupción, resta todo valor a estos testimonios porque entiende que haberla admitido "significaría" no solo confesar la práctica irregular de la "formación política a la que pertenecen o han pertenecido", sino también "reconocer haber recibido las cantidades" reflejadas en los 'papeles de Bárcenas'. "Supondría la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social", zanjó la sentencia.