Anticorrupción pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 70 años de prisión para el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de Mariano Rajoy y presidente del FMI, Rodrigo Rato, por 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental, en la causa en la que se investiga su patrimonio, que gestionaba a través de empresas y cuentas en paraísos fiscales.

En un escrito fechado este martes, Anticorrupción solicita penas de prisión por los 11 delitos fiscales un total de 53 años de cárcel distribuidos de la siguiente forma: un total de cinco de ellos castigados con penas de 4 años de cárcel , tres con 5 años y otros tres con 6, precisaron a EL PERIÓDICO fuentes fiscales.

El juez propone juzgar a Rodrigo Rato por corrupción en los negocios, delito fiscal y blanqueo

Además, solicita seis años por el delito de blanqueo de capitales, que entiende que cometió hasta al acogerse a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro y cuatro más por el delito de insolvencia punible, que se le atribuye por la venta de aciones de una sociedad dos días antes y el mismo día en que se registraron sus propiedades.

Solicita otros cuatro años de cárcel por el delito de corrupción en los negocios que Anticorrupción le atribuye por las comisiones que cobró por los contratos de publicidad firmados con Publicis y Zenith por la salida a Bolsa de Bankia, que ascendieron a 835.059 euros, y otros tres más por el delito de falsedad documental cometido para encubrir los otros.

Asimismo, pide que indemnice a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados, que la fiscalía cifra en un total de 8.586.121 euros, escatimados al fisco desde el año 2005 al 2015. Según Anticorrupción, entre esos años sus incrementos patrimoniales no justificados ascendieron a 15.633.056 euros.

Para ello contaba con sociedades en Irlanda, Panamá y británicas y disponía de cuentas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Mónaco, Kuwait, Curaçao y Estados Unidos.

Sociedades en paraísos fiscales

El escrito de acusación especifica que desde 1999 Rato ha mantenido "un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades, entre ellas, la irlandesa Red Rose investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation, así como la británica Vivaway Limited".

Con esas entidades, Rato "habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015". Las manejaba su excuñado Satiago Alarcó, mientras que el asesor fiscal Domingo Plazas administraba la española Kradonara, filial de Vivaway Limited y repatriaba parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.

En los registros que se realizaron en su domicilio y en los de sus socios también se encontraron "cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el fisco español" y "en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao".

Amnistía fiscal para blanquear

La fiscalía describe hasta ocho mecanismos de blanqueo que utilizó. Entre ellas figuran el “crédito lombardo”, que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores; inversiones de sus sociedades de Rato, entre ellas, la alemana Bagerpleta Gmbh, que gestionaba un hotel en Berlín; millonarias ampliaciones de capital en Vivaway y Kradonara, y hasta sus propias declaraciones a Hacienda bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero).

Hasta utilizó la amnistía de 2012 para blanquear. Se declaró propietario de Red Rose Finantial, pero omitió "cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía. Declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por los que pagó a Hacienda 11.533 euros, pero, según Anticorrupción, sus incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 ascendieron a 15.633.056 euros.

Casi un millón en comisiones

En la instrucción de este procedimiento, según Anticorrupción, existen indicios racionales de que Rato, como presidente de Caja Madrid y luego de Bankia, cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las entidades Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad. Tales comisiones se canalizaron desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del acusado Alberto Portuondo, que había sido contratado como asesor en Bankia. Las comisiones, cifradas en 835.059 euros entre los años 2011 y 2012, se trasladaron de Albisa a Kradonara como una supuesta asesoría.